Los científicos españoles presentan sus reivindicaciones a Hacienda

Desde hace varios años, muchos científicos asumen que resolver sus problemas no depende del Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, bajo cuyo paraguas están los organismos públicos de investigación. Su ministro de facto, dicen, es Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda. Este departamento ha desplegado sus interventores por los centros de investigación para controlar los gastos y ha aprobado varias normativas que están dificultando la marcha de la investigación científica hasta límites surrealistas, como tardar cinco meses en formalizar un nuevo contrato de trabajo, no poder comprar sillas, o imposibilitar la contratación indefinida de científicos de prestigio, lo que ha llevado al borde del colapso a algunos de los mejores centros de ciencia del país. Este domingo, EL PAÍS publicó un especial centrado en estos y otros problemas.

Hoy ha habido una primera toma de contacto entre los responsables de los organismos públicos de investigación (OPI) y Hacienda. Estos fueron recibidos por el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y la interventora general del Estado, María Luisa Lamela. A la reunión también asistió Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i y jefa nominal de la política científica del Gobierno.

Algunos centros de investigación están amenazados con perder parte de su plantilla y decenas de miles de euros en financiación europea debido, dicen sus responsables, a las trabas que les impone Hacienda. Es el caso de la Plataforma Solar de Almería, un centro de investigación de energías renovables único en Europa que depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dirigido por Ramón Gavela. El director de la plataforma solar almeriense dimitió como protesta por las trabas legales del Gobierno. A la reunión también asistió Rosa Menéndez, recién nombrada presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —el mayor organismo de investigación pública del país— cuyos directores están viendo cómo su participación en proyectos internacionales peligra por el alargamiento de los trámites burocráticos para realizar pagos para los que tienen dinero, pero no el visto bueno de Hacienda. Hace unos días, Menéndez aseguró a periodistas que uno de sus retos será conseguir que ese ministerio “entienda la importancia de la investigación científica para la buena marcha económica de un país”. También acudió el director del Instituto Carlos III —el principal organismo público de investigación biomédica— Jesús Fernández Crespo, una de los más afectados por los retrasos a la hora de realizar contratos temporales a investigadores con cargo a proyectos nacionales o europeos.

La reunión terminó sin compromisos específicos, según fuentes cercanas a la reunión, aunque sí sirvió para que los responsables de la investigación científica planteasen “sus necesidades” directamente a los responsables de Hacienda. Nadal y Lamela “han dicho que comprenden la situación en la que se encuentran los investigadores e intentarán hacerlo mejor a partir de ahora”, han señalado las mismas fuentes, que también señalan que próximamente se creará un grupo de trabajo para estudiar la situación.