La agonía del mayor centro de energías renovables en España

El mayor centro de investigación de energías renovables en España vive una situación kafkiana. Aunque dispone de millones de euros en financiación, no los puede gastar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno desde 2016, lo que está dejando al límite del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión Europea.

La Plataforma Solar de Almería (PSA) se comenzó a construir en los años setenta en el desierto de Tabernas, a pocos kilómetros de donde se rodaban los espagueti western. En la actualidad es el mayor centro de investigación de energía termosolar de Europa. De sus instalaciones ha salido buena parte de la tecnología que se usa en las centrales comerciales, donde hay una importante presencia de empresas españolas.

“España tiene instaladas el equivalente a dos centrales nucleares en forma de plantas de energía termosolar”, explica Sixto Malato, investigador de la PSA, dependiente del Ministerio de Economía. “Si ocupasen un 1,5% de la superficie de los desiertos de la Tierra generaríamos suficiente electricidad para todo el planeta”, asegura.

En conjunto hay unos seis millones de euros que están bloqueados por normas impulsadas por el Ministerio de Haciend

En conjunto hay unos seis millones de euros que están bloqueados por normas impulsadas por el Ministerio de Hacienda para limitar el gasto, asegura Malato. La última de estas restricciones, aprobada en enero, impide a los organismos públicos de investigación (OPI) gastar más del 50% de su presupuesto hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2018. La imposibilidad de usar esos fondos ha dejado en la calle a 14 científicos, el 35% de la plantilla de investigadores con experiencia previa, resalta Malato. El científico dimitió en noviembre como director de la PSA para intentar forzar al Gobierno a que levante las restricciones, algo que aún no ha sucedido.

El problema de nuestra situación es de España, del estado de la ciencia y de las escasas perspectivas laborales de gente que tenemos una formación muy alta"

Los investigadores afectados no quieren ser identificados por miedo a represalias. Sentados en la terraza de una una cafetería cercana a las instalaciones, cinco de ellos explican su situación. Todos son doctores o licenciados universitarios. La mayoría supera la cuarentena y llevaba años trabajando en la PSA, siempre empalmando contratos temporales. Una de estas personas es una doctora con varios hijos, en el paro después de haber trabajado en la plataforma más de 15 años. “El problema de nuestra situación es de España, del estado de la ciencia y de las escasas perspectivas laborales de gente que tenemos una formación muy alta”, explica. “Yo era la que mejores notas sacaba en mi clase y ahora soy la que tengo más inestabilidad laboral”, añade. “Con 46 años tenemos problemas de gente de 26”, zanja otro de sus compañeros.

Estos parones suponen meses de retraso para proyectos en los que participan varios países europeos. Un ejemplo es Waterspoutt, financiado con 3,5 millones de euros para desarrollar tecnologías de desinfección de agua con luz solar en Uganda, Sudáfrica, Etiopía y Malawi. “La responsable por parte de la PSA pertenece a nuestro grupo y está en el paro desde el 15 de febrero y sin fecha clara prevista de reincorporación”, explica Isabel Oller, jefa de la Unidad de Investigación de Tratamiento de aguas.

Estos días, la larga hilera de receptores solares del sistema de generación directa de vapor mira hacia el suelo. Esta instalación experimental, una de las "más emblemáticas" de la plataforma, está parada desde hace cuatro meses porque faltan repuestos que no se pueden comprar, lamenta Eduardo Zarza, investigador en la plataforma desde 1985. Los trámites burocráticos también impiden pagar cuotas a organismos internacionales de cientos de euros. “Una gran parte de nuestros ingresos no provienen de los presupuestos generales del Estado, sino de la Comisión Europea, y lo que pedimos es que los podamos administrar de forma plurianual, no de forma anual como se nos está obligando. Es como si nos mandasen a la guerra sin armas”, señala.

Una de las instalaciones lleva parada cuatro meses por falta de repuestos

La PSA tiene un presupuesto anual de unos seis millones de euros, la mitad de ellos procedente de proyectos europeos. Este centro de investigación depende orgánicamente del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), donde hay unos 70 millones de euros afectados por estos problemas, asegura Malato. “Si no se levantan estas restricciones en uno o dos años tendremos que empezar a devolver el dinero que nos llegó de Europa”, lamenta.

En una carta enviada a finales de febrero a la que ha tenido acceso Materia, el presidente de Estela, la patronal europea de energía termosolar, exigió al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que “el Gobierno actúe con firmeza” para garantizar que la PSA “recupera su eficiencia en la gestión de proyectos y el nivel de excelencia en innovación”.

Un portavoz del Ministerio de Economía reconoce los problemas que atraviesa la plataforma, el Ciemat y el resto de los OPI. “Hemos pedido a Hacienda que se puedan exceptuar esos 15 contratos de la normativa, pero no sabemos cuándo se podrán formalizar. El hecho de no tener presupuestos para 2018 no ayuda”, señala.

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