Starmer: “Hoy la amenaza terrorista son jóvenes solitarios e inadaptados que se radicalizan”

Keir Starmer ha aprendido de manera acelerada en apenas medio año de mandato que en un mundo dominado por las redes sociales debe actuar antes de que sea tarde. El primer ministro británico ha anunciado este martes la puesta en marcha de una investigación oficial sobre el asesinato de las tres niñas de Southport, el pasado verano, que desató una ola de violencia racista y xenófoba en diversas ciudades del Reino Unido. Axel Rudakubana, de 18 años, admitió ayer por sorpresa su culpabilidad en los primeros minutos del juicio que arrancó en Liverpool. El giro de guion puso fin a un proceso que se preveía largo y doloroso para las víctimas, pero abrió la caja de los truenos para el actual Gobierno laborista, que de nuevo se exponía a la acusación de haber puesto en marcha una conspiración de silencio. Ya no era necesario preservar información delicada sobre el asesino confeso, conocida por las autoridades pero ocultada a la opinión pública para evitar que el juicio pudiera acabar anulado.

Por ejemplo, que los responsables educativos o de servicios sociales avisaron al menos tres veces, entre 2019 y 2021, al servicio antiterrorista de prevención Prevent, alertados por las actitudes violentas y amenazantes que había desplegado el menor. Obsesionado por personajes históricos como Gengis Kan o Adolf Hitler, o por las técnicas desplegadas por la organización terrorista IRA, Rudakubana tenía una especial fijación con la violencia, y había llamado al servicio de atención de menores para advertir de su intención de acudir al colegio armado con un cuchillo.

La legislación británica actual reclama motivos ideológicos o religiosos para calificar como terrorista cualquier plan o acto preparatorio, por lo que la policía no contempló desde esa perspectiva las actividades y amenazas del menor, nacido en Cardiff e hijo de padres ruandeses cristianos. Más allá de su obsesión con la violencia, nadie detectó, por ejemplo, señales de extremismo islamista. Aunque la policía desveló, el pasado diciembre, que entre el material incautado en su habitación había un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

“El terrorismo ha cambiado. En el pasado, la amenaza predominante procedía de grupos altamente organizados con una clara intención política, como Al Qaeda. Y esa amenaza sigue existiendo”, ha explicado Starmer. “Pero ahora vemos a la vez actos de violencia extrema perpretrados por solitarios, inadaptados, hombres jóvenes en sus habitaciones que tienen acceso a todo tipo de material en internet, y que están desesperados por tener notoriedad. Algunas veces, inspirados por grupos terroristas tradicionales. Pero normalmente obsesionados por la violencia extrema simplemente porque sí”, denunciaba el primer ministro.

El Gobierno laborista ha puesto al frente de la investigación oficial al abogado David Anderson, experto en legislación antiterrorista. Será además el nuevo responsable del programa Prevent.

Acusaciones contra el Gobierno

El líder de Reform UK, el político populista Nigel Farage, volvió a acusar al Gobierno de haber ocultado información a los ciudadanos, poco después de que se dieran a conocer los nuevos datos sobre las actividades y el pasado de Rudakubana. “Necesitamos una disculpa por parte de la ministra del Interior y una explicación de por qué se nos negó la verdad más básica [sobre los asesinatos]”, ha dicho Farage. “Creo que el Gobierno es responsable de una impresionante conspiración de silencio”, ha rematado su acusación.

Esas mismas sospechas alentaron en su momento los episodios de violencia callejera en las calles del Reino Unido después del asesinato, con grupos de ultraderecha alentados y dirigidos desde las redes sociales, que se lanzaron a la búsqueda de inmigrantes. El rumor, entonces, apuntaba a que el supuesto asesino era un solicitante de asilo musulmán. El juez se vio obligado a revelar los datos personales de Rudakubana para frenar la espiral de violencia.

Y la misma acusación de tapar la verdad inundó hace unas semanas las redes, impulsada por Elon Musk, respecto a las bandas pederastas que aterrorizaron hace poco más de una década el norte de Inglaterra, formadas en su mayoría por ciudadanos británicos de origen paquistaní.

Starmer ha tenido que explicar de nuevo por qué no se hizo pública la información sobre el asesino de Southport. “Los únicos que habrían resultado perdedores en esta historia, si los detalles se hubieran revelado, habrían sido las víctimas y sus familiares, porque corríamos el riesgo de que todo el proceso hubiera acabado anulado. Y nunca hubiera hecho eso, porque merecían que se hiciera justicia”, ha explicado.

El primer ministro ha asegurado que el caso de Southport ha trazado “una línea en la arena”, y se ha comprometido a cambiar la legislación británica de acuerdo con las recomendaciones que surjan de la comisión de investigación creada.