El Gobierno aprueba la reforma de la carrera judicial: blinda las becas y ofrece más facilidades a los opositores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal”. La norma prevé cambios en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos y modifica el actual modelo de oposición introduciendo una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Del mismo modo, el texto introduce cambios en el sistema de elección de las salas de gobierno de los tribunales y de la comisión de ética judicial con el objetivo de reforzar la pluralidad de sus miembros; y prevé incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

El anteproyecto se ha aprobado este martes en primera vuelta y la intención del Gobierno es que antes de Semana Santa lo sea en segunda vuelta y comience su tramitación parlamentaria. La aspiración del Ejecutivo es que la ley reciba el visto bueno definitivo de las Cortes en junio. “La Ley Orgánica del Poder Judicial es de 1985, ha tenido múltiples retoques, pero no ha tenido ninguna reforma de calado y 40 años después es hora de que la adaptemos a las necesidades del siglo XXI”, ha afirmado Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.

El primer bloque de la ley promulga la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la carrera judicial. El Gobierno propone introducir en la ley orgánica el sistema de becas convocadas para los opositores a la carrera judicial, Fiscalía, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia. La cuantía de estas ayudas nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (15.876 euros anuales en 2024) y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. El objetivo es regular la existencia de esas ayudas por ley para que no dependan de la voluntad del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Así, en caso de que un Gobierno quisiera suspender el programa de becas, estaría obligado a cambiar la ley orgánica, con el trámite parlamentario y el desgaste político que supondría. “Son obviamente becas dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias. Los requisitos se establecerán, pero no se trata de que este sistema de becas públicas dependa de la sensibilidad de un ministro de Justicia o de un color político. Por tanto, se van a garantizar por ley” en las diferentes especialidades de la Administración de Justicia, ha resaltado Bolaños.

El PSOE se impuso como objetivo la “democratización de las carreras judiciales” en el 40º Congreso Federal que celebró en 2021 en Valencia arbitrando un sistema de becas que permitiera “aflorar el talento y la vocación” de los aspirantes a ingresar en el mundo de la judicatura sin que la situación económica fuese un impedimento insuperable. Bolaños anunció en noviembre el listado definitivo de beneficiarios de la tercera edición de las llamadas como Becas SERÉ, casi un millar (983) y dotadas con ocho millones de euros, un 24% más que en 2023. Su equiparación al salario mínimo las elevaría de los 8.000 euros anuales a más de 15.000 euros para cada beneficiario.

El Gobierno también considera necesaria la creación de una Escuela Pública de Opositores y que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. Los interesados se tendrán que inscribir en un registro público de preparadores. Uno de los efectos inmediatos que persigue el Gobierno con esta medida es acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida.

El segundo bloque del anteproyecto de ley orgánica, relativo a la excelencia, ampliación y diversidad de la carrera, introduce cambios en el sistema de oposición de futuros jueces y fiscales. Se suprime una prueba oral y se introduce una prueba escrita consistente en un caso práctico. Es decir, los candidatos ya no solo tendrán que demostrar su capacidad memorística, sino también su capacidad para relacionar los conceptos aprendidos y su capacidad de explicar por escrito la aplicación de la ley. Otra novedad es que los exámenes serán anónimos, es decir, que el tribunal no conocerá la identidad de los candidatos a ingresar en la Administración de Justicia.

Ampliar la plantilla de jueces

El texto de la ley prevé también incrementar el número de jueces por dos vías distintas: reforzando el llamado cuarto turno (acceso a la carrera para juristas de reconocido prestigio) y regularizando la situación de los jueces sustitutos (personas que llevan años ejerciendo como jueces de forma temporal sin tener aprobada la oposición). Sobre la primera, la ley vigente contempla que el 25% de los jueces (uno de cada cuatro) debe provenir del turno reservado a juristas con un mínimo de 15 años de ejercicio. Actualmente, de los más de 5.400 jueces que hay en España, apenas un 9% ha accedido a la carrera por este camino. El Gobierno pretende reformar esta figura agilizando el proceso de acceso. En el modelo actual, primero se evalúan los méritos de los aspirantes y, todos los que cumplan con los requisitos, se someten a un examen. Eso demora durante meses el proceso porque hay que contrastar los currículos de centenares de candidatos. Lo que prevé la ley es cambiar el orden de las pruebas de forma que primero se hará el examen y, después, se corroborará el currículum solo de los que hayan pasado la prueba. Además, se creará el cuarto turno para la carrera fiscal, que ahora no cuenta con esta figura.

La ley también prevé consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. La Comisión Europea ha puesto el foco en esta situación y ya ha enviado al Ministerio de Justicia dos cartas —la última, el pasado octubre—, donde se apercibe a España por la ausencia de medidas legales para prevenir el uso abusivo de esta figura. La norma aprobada por el Consejo de Ministros prevé convocar un proceso extraordinario de acceso al cuarto turno para los jueces sustitutos que permita regularizar la situación de centenares de ellos.

La norma actualiza asimismo los sistemas de promoción profesional de jueces y magistrados, sustituyendo el sistema anterior de ascenso, supeditado a la existencia de plazas vacantes, por un sistema de ascenso automático por antigüedad.

Cambios en la composición de los órganos judiciales

Otro de los bloques de la nueva ley está dedicado a medidas con las que el Ejecutivo pretende garantizar la “pluralidad” de la comisión de ética judicial y de las salas de gobierno de los tribunales. Estos órganos son los únicos que se eligen por votación directa de los miembros de la carrera y la realidad, elección tras elección, demuestra que la mayoría de los puestos los copa la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora.

La comisión de ética es un organismo independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actualmente está compuesto por siete miembros, de los que seis son jueces elegidos directamente por los miembros de la carrera y uno, un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho. La nueva ley cambia tanto su composición como el modo de elección, de forma que pasará a tener nueve miembros: cinco jueces elegidos por la carrera judicial y cuatro miembros no judiciales elegidos por el Congreso entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Respecto a las salas de gobierno —órganos colegiados que toman las principales decisiones organizativas y administrativas de los tribunales—, la norma regula por ley el voto telemático, una exigencia de todas las asociaciones judiciales menos la APM que, en las últimas elecciones a estas salas, celebradas en diciembre pasado, copó 61 de las 117 plazas en liza. Las asociaciones minoritarias llevan años denunciando que la APM se beneficia del modelo actual de elección, que solo prevé el voto presencial o por correo, lo que dificulta la participación. La norma, además, solo permitirá votar a un candidato de los que se presenten a cada sala de gobierno, en vez de a seis, como hasta ahora, de forma que accedan los seis más votados. Fuentes del Gobierno creen que este cambio favorecerá la presencia en estas salas de perfiles más diversos. También se reduce el mandato de estos órganos de los cinco años actuales a tres. El texto prevé también prohibir la financiación privada de las asociaciones judiciales. “Que regulemos la financiación privada de las asociaciones judiciales profesionales va en línea de garantizar no el presupuesto de imparcialidad, que nadie pone en duda, sino la apariencia y la imagen que se da”, ha advertido Bolaños sobre la posibilidad de que sean financiadas por compañías que puedan acabar inmersas en procedimientos judiciales. “La financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios y también en su caso con financiación pública, creo que es importante garantizar esa imagen de apariencia de imparcialidad”, ha explicado el ministro.