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Los contratos fraudulentos a científicos también llegaron al laboratorio de la número 2 de Pedro Duque

Los jueces han obligado a readmitir o a indemnizar a cientos de trabajadores de instituciones científicas, incluyendo a una química empleada por Ángeles Heras

Ángeles Heras toma posesión como secretaria de Estado, ante Pedro Duque, el pasado lunes.
Ángeles Heras toma posesión como secretaria de Estado, ante Pedro Duque, el pasado lunes.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque tiene un enorme problema sobre la mesa: la precariedad de miles de trabajadores de la ciencia española. Son científicos de alta cualificación que encadenan contratos temporales fraudulentos, a veces durante más de una década, para cubrir necesidades permanentes, incluso en los mejores organismos del país. Y la número 2 del ministro, Ángeles Heras, conoce muy bien este problema. La propia Heras, nueva secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, fue directora de una de estas personas empleadas de manera fraudulenta, según una sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Todo comenzó el 1 de mayo de 2013, cuando el grupo de investigación que dirigía Heras en la Universidad Complutense de Madrid contrató a una licenciada en Ciencias Químicas, N. H., con un salario de 1.142 euros al mes. El contrato, temporal a tiempo completo, estaba vinculado al proyecto “Investigación de helados de nueva generación a partir de quitosanos”, dirigido por Heras. La hoy número 2 de Pedro Duque está especializada desde hace tres décadas en los quitosanos, unas moléculas que se obtienen de las cáscaras de las gambas y de otros crustáceos por sus propiedades en la industria. La misma Heras fundó en 2010 la empresa Infiqus, una spin off de la Complutense, dedicada a desarrollar productos a base de quitosanos, como cremas cosméticas.

Los jueces han obligado a readmitir o a indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación entre 2013 y 2017

Entre 2013 y 2015, la afectada encadenó tres contratos temporales —ya como doctora y como profesora visitante— ligados a tres diferentes proyectos, todos ellos dirigidos por Heras en la Facultad de Farmacia. Finalmente, la universidad decidió rescindir su contrato el 30 de septiembre de 2015 y la química denunció su situación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera acreditado que la trabajadora “vino prestando servicios de forma habitual y simultánea tanto para los proyectos para los que fue contratada como en actividades permanentes de la UCM y de Infiqus”, “siempre siguiendo las órdenes e instrucciones concretas de la directora”. La sentencia, firmada el 5 de marzo de 2018, sostiene que la contratación devino “fraudulenta” y “el cese equivale a un despido que merece ser calificado de improcedente”. Los jueces condenaron a la Universidad Complutense a readmitir a la química o a indemnizarla con 4.125 euros.

Ángeles Heras resta importancia al episodio. “Pasó algo que, por desgracia, ha pasado en muchos grupos de investigación”, explica. Heras achaca la contratación fraudulenta a “la situación totalmente frágil que han tenido tanto los grupos de investigación como los jóvenes investigadores”, con “una única figura normativa, que es la de la contratación por obra y servicio”. En los laboratorios españoles, afirma, “se desarrolló una colección de personas jóvenes, muy válidas todas, pero no había otra forma de contratarlas y han acabado poniendo muchos recursos [judiciales]”.

La situación, efectivamente, es generalizada. Solo entre 2013 y 2017, los organismos públicos de investigación —como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III— recibieron 469 denuncias por irregularidades laborales, según detalló el Gobierno de Mariano Rajoy en abril tras una pregunta parlamentaria de Ciudadanos. En esos cinco años, los jueces obligaron a readmitir o a indemnizar a 242 trabajadores de estas instituciones. En el CSIC se presentaron demandas en casi el 3% de los casos de contratos temporales vinculados a investigaciones. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la cifra rondó el 5%. Y antes de 2013 hubo otros cientos de casos. Todavía no hay datos de lo que ocurre en las universidades, según Heras.

El Ministerio de Ciencia prevé estabilizar a 1.500 personas que han estado empleadas de forma temporal e interrumpida en I+D en los últimos tres años

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian que los centros públicos de investigación han tenido restringida la contratación indefinida desde 2012. “Cuando son puestos estructurales, hay que reconocer que son puestos estructurales. Queremos que acabe esta precariedad laboral de los trabajadores de la ciencia”, sentencia Rosalía Villoria, de UGT.

“Yo no sé todavía cómo lo vamos a resolver, pero lo tenemos que resolver de alguna manera. Hasta ahora, con la legislación que había, tanto organismos como investigadores hemos ido adaptándonos de la manera más factible para que la investigación siguiera funcionando y los investigadores jóvenes siguieran también cobrando, porque los investigadores jóvenes pagan hipoteca y yo soy muy consciente de eso”, apunta la secretaria de Estado.

“Para este Ministerio, tanto para el ministro como para mí, es uno de los asuntos a los que hay que dedicar más atención, desde ya, para tratar de encontrar una contratación que se adecue a las características de la carrera investigadora”, afirma Heras.

Fuentes del Ministerio de Ciencia afirman que este año, si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de 2018, se prevé estabilizar a 100 trabajadores declarados indefinidos no fijos por sentencia judicial y a otras 1.500 personas que han estado empleadas de forma temporal e interrumpida en los últimos tres años.

Fuentes de la Complutense creen que las denuncias van a aumentar en el futuro por el "boca a boca" entre los trabajadores

La secretaria de Estado da su versión sobre los trabajos que, según la sentencia, hizo N. H. para su empresa Infiqus. “Tuve que hacer una ampliación de capital. Yo no tenía dinero, porque no soy rica de familia, así que hipotequé mi piso para poner 90.000 euros. Y la Complutense no invirtió dinero; tiene un 10% [de las acciones de Infiqus], pero realizó una aportación no dineraria: me dejaba estar en las instalaciones de la universidad, por 10 años”, relata. Según Heras, los estudios básicos sobre los quitosanos se realizaban a través de su grupo de investigación en la universidad, mientras que las aplicaciones se desarrollaban a través de Infiqus. N. H., asegura, “no trabajaba en Infiqus, sino dentro del grupo de investigación que había creado Infiqus; lo que hizo fue siempre ciencia básica”. La demandante, enfrascada en unas oposiciones, ha declinado comentar su situación por el momento.

Fuentes de la Universidad Complutense creen que el de N. H. es "un caso de libro" de un fenómeno que "va a ir a más" por el "boca a boca" entre los trabajadores. Según estas fuentes, los juzgados de lo social están haciendo "una interpretación demasiado restrictiva" de la legislación laboral, sin tener en cuenta las peculiaridades de la carrera científica. El rectorado de la universidad ha dado "instrucciones claras en los últimos meses" para que las personas con un contrato ligado a un proyecto científico solo trabajen para ese proyecto, sin ni siquiera impartir alguna clase en su facultad, algo que antes era habitual. "Esta situación es mala para todo el mundo", remachan las mismas fuentes.

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