El CSIC impone castigos y bajadas de sueldo a científicos por exigir contratos indefinidos

Desde hace varios años, el mayor organismo de investigación público de España libra una batalla en los tribunales contra investigadores y técnicos que exigen un contrato indefinido tras haber trabajado como temporales en un proyecto concreto. Por ahora, ha tenido que aceptar por ley a cientos de investigadores tras diversas sentencias judiciales. Ante esta situación, el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, ha impuesto un nuevo sistema que limitará la contratación de personal a los centros de investigación que tengan en sus filas un mayor número de trabajadores que hayan entrado después de una sentencia favorable o que estén pendientes de ella. También se castigará a los jefes científicos que tengan en su grupo a este tipo de empleados por sentencia e incluso se les recortará el sueldo.

Todas estas medidas aparecen recogidas en una resolución del 6 de abril firmada por Lora-Tamayo y a la que ha tenido acceso Materia. El documento denuncia que la admisión de trabajadores temporales como indefinidos tras una sentencia judicial supone un “grave perjuicio" para su política de recursos humanos y calcula que el “coste” total de las sentencias ha sido de 2,6 millones de euros desde 2013. En total, 677 personas han ganado una plaza de esta forma y hay otros 112 casos pendientes de resolución.

Lora-Tamayo es experto en microelectrónica y fue asesor del Gobierno del Partido Popular durante la crisis del Prestige. Ha sido presidente del CSIC dos veces (siempre con el PP en el Ejecutivo) y es hijo de un exministro de Educación durante la dictadura, Manuel Lora-Tamayo, que también fue presidente del CSIC.

Lora-Tamayo no ha tenido una presidencia fácil. En medio de la crisis y ante los serios recortes en I+D impuestos por el actual Gobierno, impuso un corralito en este organismo que congeló los fondos para investigación. Superada la “crisis” del organismo, Lora-Tamayo ha llegado a decir que la fuga de cerebros científicos al extranjero “es una leyenda urbana”.

El nuevo decreto que pretende aplicar el responsable del CSIC recurre a una fórmula matemática para penalizar a los centros con contratados por sentencia. Así, aprueba un “índice de litigiosidad” que se calculará en función del número de personas que han ganado su plaza en los tribunales. Los investigadores y grupos cuyo índice supere el doble del fijado para todo el CSIC no podrán contratar nuevo personal hasta que se resuelvan todos los litigios legales pendientes. Además, los investigadores principales que lideran un equipo afectados por esta medida también verán recortada parte de su sueldo, en concreto la llamada “productividad 18.2”, según detalla el documento.

El CSIC tiene más de 10.000 empleados y está formado por más de 100 centros de I+D repartidos por toda España. Según la resolución, los centros que más personal tengan contratado tras una denuncia en tribunales también verán limitada su capacidad de contratar nuevo personal y, además, perderán parte de su financiación.

Índice de litigiosidad

El CSIC detalla la lista de 11 centros que superan el nuevo “índice de litigiosidad” y que serán penalizados. Entre ellos están auténticos buques insignia de este organismo, como el Centro Nacional de Biotecnología o el Real Jardín Botánico. La decisión de Lora-Tamayo ha generado un profundo malestar entre los investigadores del CSIC, que ya están organizando claustros para tomar una decisión conjunta en contra de la imposición de estos “castigos”.

La nueva medida intenta solucionar un problema muy complicado: encajar el tipo de trabajo que hacen los científicos con las rigideces de la administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. Y a este problema hay que sumarle un contexto de profunda crisis de personal en el CSIC, que ha perdido 4.000 personas entre 2012 y 2015, según CC OO.

En el CSIC, como en cualquier otro centro de investigación, muchos científicos, especialmente los jóvenes, trabajan dentro de proyectos, la mayoría de cuatro años, y por eso se les contrata por esos periodos. El origen del problema actual son denuncias de personal que consideraba que había estado encadenando contratos por mayor tiempo del que permite la ley. A muchos de ellos, los tribunales les están dando ahora la razón en virtud de la Ley 43/2006, conocida como ley Caldera. Contratar a golpe de sentencia supone una deriva de la forma habitual de seleccionar personal indefinido que debe hacerse a través de una candidatura pública en base a méritos científicos. Ante esta situación, el CSIC lleva desde 2014 intentando crear una bolsa de empleo que permita dar un respiro de personal a sus centros, pero intentando evitar que los contratados puedan ganar plazas indefinidas.

“Está claro que esta no es la mejor forma de obtener una plaza, pero dada la grave situación en el CSIC, con la escasez de personal, es lógico que algunos decidan acogerse a esta forma para conseguirla”, dice una prominente investigadora de no de los centros afectados. “El CSIC ha intentado buscar una solución por su cuenta y de nuevo no es válida. En lugar de eso deberíamos intentar juntarnos y encontrar una entre todos”, añade. De cualquier forma no está claro hasta dónde llegará la aplicación de esta medida, pues el actual presidente fue nombrado por el actual Gobierno en funciones y su mandato está acabando.

“Esto es totalmente ridículo”, espeta otro investigador principal del CSIC. “No podemos criticar a los trabajadores que se acojan a lo que de por sí establece una legislación que sigue en vigor. Tampoco se puede penalizar por ello a los investigadores y a los centros en los que dichos trabajadores están adscritos, esto es totalmente ridículo”, opina. El origen de todo el problema es que, durante demasiado tiempo, ha faltado “un plan de empleo para el personal de apoyo científico y administrativo de nuestra institución, que es el que realmente hace funcionar el CSIC y sus centros”.

En un correo electrónico, un portavoz del CSIC ha señalado que “las nuevas medidas pretenden mejorar la situación comparativa de los institutos que han tenido al personal contratado de acuerdo a la normativa establecida”. Las nuevas medidas “les recuerdan la necesidad de ser rigurosos en las contrataciones para que las personas que se incorporen al CSIC lo hagan de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, ha añadido.