La Colombia rural, Iván Duque y los acuerdos de paz

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El Cauca es un departamento ubicado en el sur occidente de Colombia. Tierra de ingenios azucareros, comunidades indígenas y cuna de Yerri Mina, el centrocampista que con sus goles en el pasado mundial de fútbol se consagró en el Olimpo del futbol colombiano. El Cauca además ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Ese que históricamente han sentido con mayor fuerza las comunidades más vulnerables del país. Solo el 3 de julio pasado en Argelia, Cauca, siete campesinos fueron masacrados. Estas víctimas se suman así a la larga lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016.

Rubricado por las FARC y el gobierno colombiano en 2016, el acuerdo contenía promesas que buscaban remediar esas injusticias históricas. La creación de un fondo de tierras para que los campesinos pudieran acceder a títulos; medidas de restitución de tierras para aquellos que fueron desplazados de sus territorios; otras para la sustitución de cultivos de coca y la promoción de la economía en el campo. Sin embargo, la implementación ha sido lenta. La elección de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, quien durante su campaña promovió hacer cambios a los acuerdos, hace que el panorama sea aún más difícil.

En las votaciones presidenciales, Duque perdió en las regiones más apartadas de Colombia, donde el conflicto se ha sentido más fuerte. Por ejemplo, Guachené, Cauca, la tierra de Yerri Mina, ganó Gustavo Petro, su contrincante. Estas regiones, además, votaron mayoritariamente por los acuerdos de paz en el plebiscito que se realizó para aprobarlos en 2016. Le dijeron sí a un nuevo capítulo en la historia. Sin embargo, la promesa de Duque de modificarlos, y lo que eso significaría, amenaza con continuar afectando en mayor medida a esa Colombia rural.

Los acuerdos de paz proponían medidas de reconocimiento y protección a las organizaciones sociales y de derechos humanos que por años han sido estigmatizadas en el país. Sin embargo, las cifras muestran que más de 280 líderes han sido asesinados desde el 2016. La mayoría campesinos, originarios de las zonas más apartadas del país. En el pasado muchas veces las comunidades rurales quedaban entre el fuego cruzado de los dos bandos, siendo acusadas de apoyar a unos o a otros. Eran desplazadas de sus tierras por los actores armados y los hijos eran reclutados para engrosar la fila de los ejércitos en disputa. Los recientes atentados y asesinatos contra líderes sociales muestran que la violencia sigue siendo una constante para la Colombia rural.

En las votaciones presidenciales, Duque perdió en las regiones más apartadas de Colombia, donde el conflicto se ha sentido más fuerte

El país tiene una deuda histórica con las comunidades que por décadas se han visto afectadas por el desplazamiento forzado. Sin embargo, el proceso de restitución ha sido lento. Se calcula que solo entre un 4% y un 8% de los millones de hectáreas pérdidas durante el conflicto han sido devueltas a los colombianos más pobres. Los acuerdos de paz además crearon un fondo de tierras para que las comunidades accedan y formalicen sus parcelas. El futuro de estos dos procesos está ahora en manos del presidente electo. Lo que es muy preocupante, ya que el Centro Democrático, el partido de Duque, representa a los grandes terratenientes y ha sido un crítico constante de la restitución de tierras, y la formalización de los territorios de los campesinos y las comunidades indígenas y afro.

Las zonas rurales, además se verán inevitablemente afectadas por la agresiva política de drogas, de la que Duque se ha pronunciado partidario. El aumento de los cultivos de coca en los últimos años ha atraído fuertes críticas de Estados Unidos, que incluso ha amenazado con desclasificar a Colombia como uno de sus aliados en la guerra antidrogas. Los acuerdos de paz contemplan medias de restitución de cultivos y promoción de la economía rural que todavía no se implementan eficazmente. El nuevo presidente ha amenazado con volver a las políticas de aspersión aérea de glifosato que por años produjeron graves daños al ambiente y a la salud de los campesinos.

El pasado 7 de agosto, Iván Duque tomó posesión como presidente de Colombia. Es el primer presidente del posconflicto. Las poblaciones rurales del Cauca y de todas las demás regiones apartadas del país dependen de sus políticas para prevenir nuevas oleadas de violencia y mejorar sus condiciones de vida. La Colombia rural ya ha pagado el precio más alto en estos 50 años. Duque tiene ahora la misión apremiante de evitar que los colombianos más pobres y vulnerables continúen siendo las principales víctimas de la guerra. La implementación de los acuerdos de paz está en sus manos, y con ella la vida de cientos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

El país tiene una deuda histórica con las comunidades que por décadas se han visto afectadas por el desplazamiento forzado

Natalia Gómez es Oficial de la Coalición Vuka! para la acción cívica, parte de la Alianza global para la Sociedad Civil-Civicus. Natalia es abogada especialista en derechos humanos y medio ambiente.

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