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"Jamás pensé que me podría pasar a mí; pensaba que la violencia de género correspondía a otro perfil de mujer, más sumisa, sin estudios... Pero realmente, ¿cuál es el perfil de la mujer maltratada?". Annete Merino, superviviente de la violencia machista, no creía que ella misma podía convertirse en víctima de malos tratos. Desde 2015, la activista en defensa de los derechos de las mujeres dispone de una herramienta más para reivindicar que su caso no debería repetirse en ningún lugar del mundo. Tampoco en España. El número cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 193 países la ONU aquel año dice que hay que "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado", como recuerda un informe elaborado por Futuro en común, una conglomeración de 50 ONG, plataformas, redes y movimientos sociales. Y se preguntan: ¿Qué se va a hacer para conseguirlo?

La misma pregunta puede plantearse respecto a la lucha contra la pobreza, el hambre, la desigualdad en todas sus formas... Así hasta 169 veces, tantas como metas contiene esta agenda internacional para lograr un mundo más justo, sostenible y pacífico en 2030. España, como país desarrollado, ya tiene superados muchos de estos males. Sin embargo, no está exenta de deberes. En el Plan de Acción para la Agenda 2030 aprobado por el Gobierno el pasado 29 de junio, Pedro Sánchez firma: "Es necesario cambiar nuestro modelo productivo; hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en menor pobreza y en mayor igualdad; asegurar los derechos humanos y nuestro estado social de derecho".

Gabriel Ferrero, asesor para la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, explica que la visión de la sociedad civil es una de las piezas fundamentales para que los gobiernos estén sujetos a la rendición de cuentas. Ferrero insiste en que el Plan representa un programa de transición entre las medidas que hay que adoptar con urgencia y una estrategia de país a largo plazo que remite a formular una hoja de ruta.

A las tareas que se compromete España en este documento que se presentará ante la ONU el 18 de julio en un examen voluntario sobre el estado de los ODS en el país, hay que añadir las que ponen las organizaciones de la sociedad civil. Futuro en común ha elaborado un informe paralelo en el que presentan una fotografía propia: Annete Merino y otros rostros de la pobreza, la marginación o la precariedad, aparecen en ella. Ellos son el ejemplo de los problemas que quedan por resolver si se quiere cumplir con los objetivos que marca la Agenda 2030. “Para que la Agenda 2030 sea una herramienta útil que cambie nuestras vidas necesita ser ambiciosa”, ha recordado Cristina Monge, representante de Futuro en común y miembro de Ecodes, en la presentación del informe. “El Gobierno de España tiene que seguir trabajando y concretar mejor las propuestas para seguir avanzando”.

Los autores del documento Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta, presentado este jueves en Madrid, lanzan además una serie de propuestas para afrontar los cuatro grandes desafíos que, en su opinión, tiene España. La primera de ellas está en marcha para su cumplimiento en 2019, según confirmó el secretario de Estado de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia, a finales de junio: elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030. Estas son las demás:

No dejar a nadie atrás

El problema es que el actual modelo económico no solo no evita que haya grupos sociales que se queden atrás o marginados, sino que es "fuente de desigualdades y pobreza", afirman los autores. Los datos que destaca este informe lo demuestran. "En el año 2016, España era el cuarto país más desigual de Europa", escriben los firmantes tomando información de Eurostat. Y el 70% de los hogares afirmaba en el último estudio anual de la Fundación Foessa (2017) que no estaban notando la recuperación económica tras la crisis. Esto es más que una percepción: más de 12 millones de personas en España seguían en 2017 en situación de riesgo de pobreza y exclusión, un 26,6% de la población; tres puntos más que en 2008. Y trabajar ya no es garantía de escapar de la miseria. "En un mercado de trabajo cada vez más segmentado y precarizado, el 16,3% de las personas ocupadas está riesgo de exclusión", subraya Futuro en Común. Especialmente los jóvenes y las mujeres. 

Aunque en España no hay pobres extremos (vivir con menos de 1,90 dólares al día, según estándares de la ONU), el propio Plan de Acción del Gobierno reconoce que hay que tomar medidas para cambiar la realidad arriba descrita. Las organizaciones de Futuro en Común proponen, entre otras sugerencias, un "sistema de garantía de ingresos mínimos" y "una prestación universal por niño a cargo". Ninguna de ellas contemplada explícitamente en la hoja de ruta oficial.

Las organizaciones de Futuro en Común consideran que otras políticas públicas claves para no dejar a nadie atrás son una educación de calidad, sanidad universal y derecho real a una vivienda digna. En este sentido, recuerdan que España es el tercer país con mayor tasa de abandono escolar temprano (18,3% en 2017) de la Unión Europea, con especial incidencia entre alumnado extranjero, de etnia gitana y de hogares con bajos ingresos. Agregan que todavía una parte de los residentes en el país no tiene acceso a servicios de salud o tiene que pagar una parte de los mismos. Y el derecho a una vivienda simplemente "no está garantizado". Por eso, piden que se aprueben leyes a favor de estos fines o deroguen normas que los impiden. En cuanto a la exclusión sanitaria de inmigrantes irregulares desde 2012, será revertida durante este verano, si se cumple el anuncio realizado por el Gobierno a mediados de junio.

La crisis en España ha visibilizado la pobreza, según Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Y tener un trabajo no es sinónimo de salir de una situación de vulnerabilidad: el 30% personas empobrecidas en nuestro país, recuerda el experto, tiene empleo. “No basta con crecer, debe haber medidas dirigidas a la reducción de la pobreza. Primero crecer y luego distribuir no vale. Hay que crecer distribuyendo: esto se llama desarrollo sostenible”.Y añade: “En España, necesitamos un sistema estatal de renta mínima, empleo digno, pensiones por encima del indicador de pobreza, derecho a la vivienda, atención a la dependencia, una reforma fiscal, entre otras medidas”.

Respetar el planeta que habitamos

En este capítulo, el informe de Futuro en Común describe cuatro desafíos: el cambio climático y el modelo energético, la pérdida de biodiversidad, el mal uso del agua, y la producción y consumo de alimentos. Varios objetivos de la Agenda 2030 están relacionados con estos asuntos y España no parte de una buena posición, según el documento. "Las emisiones de CO2 fueron en 2017 un 17,9% más altas que en 1990", afirma tomando datos de un estudio de CC OO. El estrés hídrico aumentará por el impacto del cambio climático, advierten los autores, y los suelos agrarios están bastante degradados. Más aún: el país es el séptimo de la UE que más alimentos desperdicia.

Gran parte de las medidas que proponen las organizaciones de la sociedad civil para dejar de destruir el planeta recaerán sobre el equipo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien presidió durante los últimos años la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). Varios anuncios realizados por Ribera en los últimos días responden, en cierta medida, a las demandas de Futuro en Común. La ministra ha informado de que la próxima Ley de Cambio Climático estará lista para agosto, así como del diseño un Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ehorro y reutilización de agua.

Vidas libres de violencias en una democracia inclusiva

En los últimos 15 años (2003-2018), 937 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La meta 5.2 de la Agenda 2030 es concreta: hay que eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. También el objetivo 16 —promover sociedades pacíficas— llama a eliminar todas las formas de violencia, así como "garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales".

Para conseguir cumplir con lo comprometido, Futuro en Común sugiere, como primera medida, reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género y "adecuarla al Convenio de Estambul". Este acuerdo, que España ratificó en 2014, considera violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. El Pacto de Estado para acabar con esta lacra que España selló en 2017 también, pero desde su aprobación ha carecido prácticamente de presupuesto para su implementación.

Lo segundo que tiene que hacer el Gobierno para ser coherente y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es derogar la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, en opinión de las organizaciones de la sociedad civil. "Supone una amenaza al ejercicio de la libertad de la reunión pacífica, expresión e información", denuncian. "No hay democracia posible con miedo y amenazas". Entre los numerosos cambios legislativos que se avanzan en el Plan de Acción para la Agenda 2030 oficial, este no es uno de ellos.

El papel de España en el mundo

Advierten desde Futuro en Común que la política pública de cooperación se ha degradado en cantidad y calidad en los últimos años. "La Ayuda Oficial al Desarrollo ejecutada desde 2012 ha estado por debajo del 0,2% del PIB frente a la media del 0,49% de los 20 países de la UE miembros de la OCDE", escriben. Los redactores del texto no solo piden que se aumente el volumen de ayuda, en tanto que todos los grupos políticos se han comprometido a alcanzar el 0,4% en 2020, sino también la calidad. "Su uso instrumental para contribuir a objetivos de seguridad y control migratorio (...) pervierte su fin esencial: luchar contra la desigualdad y la pobreza", argumentan.

Otras recomendaciones, en este capítulo, pasan por un mayor control de la venta de armas a países en conflicto o con riesgo de vulnerar los derechos humanos, también de las empresas españolas que operan en el extranjero, o cumplir con los acuerdos en materia de migraciones y refugio.

Para Cristina Monge los 17 ODS componen una malla totalmente interdependiente. “No se puede crear empleo si no se tiene en cuenta la desigualdad de género, el cambio climático, etcétera”, ha asegurado al mismo tiempo que ha reclamado políticas coherentes. Monge recuerda que es necesario elaborar herramientas para medir el avance de España en el cumplimiento de los ODS e ir más allá de utilizar al producto interior bruto como único indicador de pobreza. Para que la Agenda 2030 se convierta en realidad, zanja, es necesario que los gobiernos que hagan un ejercicio de innovación política

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