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La España de 2030 según las ONG

La plataforma Futuro en Común presenta un diagnóstico y un plan de acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible paralelo y distinto del elaborado por el Gobierno

"Jamás pensé que me podría pasar a mí; pensaba que la violencia de género correspondía a otro perfil de mujer, más sumisa, sin estudios... Pero realmente, ¿cuál es el perfil de la mujer maltratada?". Annete Merino, superviviente de la violencia machista, no creía que ella misma podía convertirse en víctima de malos tratos. Desde 2015, la activista en defensa de los derechos de las mujeres dispone de una herramienta más para reivindicar que su caso no debería repetirse en ningún lugar del mundo. Tampoco en España. El número cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 193 países la ONU aquel año dice que hay que "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado", como recuerda un informe elaborado por Futuro en común, una conglomeración de 50 ONG, plataformas, redes y movimientos sociales. Y se preguntan: ¿Qué se va a hacer para conseguirlo?

La misma pregunta puede plantearse respecto a la lucha contra la pobreza, el hambre, la desigualdad en todas sus formas... Así hasta 169 veces, tantas como metas contiene esta agenda internacional para lograr un mundo más justo, sostenible y pacífico en 2030. España, como país desarrollado, ya tiene superados muchos de estos males. Sin embargo, no está exenta de deberes. En el Plan de Acción para la Agenda 2030 aprobado por el Gobierno el pasado 29 de junio, Pedro Sánchez firma: "Es necesario cambiar nuestro modelo productivo; hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en menor pobreza y en mayor igualdad; asegurar los derechos humanos y nuestro estado social de derecho".

Gabriel Ferrero, asesor para la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, explica que la visión de la sociedad civil es una de las piezas fundamentales para que los gobiernos estén sujetos a la rendición de cuentas. Ferrero insiste en que el Plan representa un programa de transición entre las medidas que hay que adoptar con urgencia y una estrategia de país a largo plazo que remite a formular una hoja de ruta.

A las tareas que se compromete España en este documento que se presentará ante la ONU el 18 de julio en un examen voluntario sobre el estado de los ODS en el país, hay que añadir las que ponen las organizaciones de la sociedad civil. Futuro en común ha elaborado un informe paralelo en el que presentan una fotografía propia: Annete Merino y otros rostros de la pobreza, la marginación o la precariedad, aparecen en ella. Ellos son el ejemplo de los problemas que quedan por resolver si se quiere cumplir con los objetivos que marca la Agenda 2030. “Para que la Agenda 2030 sea una herramienta útil que cambie nuestras vidas necesita ser ambiciosa”, ha recordado Cristina Monge, representante de Futuro en común y miembro de Ecodes, en la presentación del informe. “El Gobierno de España tiene que seguir trabajando y concretar mejor las propuestas para seguir avanzando”.

Los autores del documento Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta, presentado este jueves en Madrid, lanzan además una serie de propuestas para afrontar los cuatro grandes desafíos que, en su opinión, tiene España. La primera de ellas está en marcha para su cumplimiento en 2019, según confirmó el secretario de Estado de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia, a finales de junio: elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030. Estas son las demás:

No dejar a nadie atrás

Pobreza y exclusión social

Javier Pérez es un parado de larga duración "que no ha parado", matiza. Hace unos años, nunca se habría imaginado que se convertiría en receptor de renta mínima. El activista de la red europea de lucha contra la pobreza ha recordado en la presentación del informe de Futuro En Común que casi una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Pérez ha exigido que la renta mínima permita vivir de manera digna y ha denunciado los numerosos obstáculos que convierten en “casi imposible” acceder a ella. “Se trata de violencia administrativa contra las personas en situación de pobreza y exclusión social. Se entorpece y no se ayuda”.

El activista odia las palabras pobre, reinserción, usuario y asistencialismo. "Habría que desterrarlas del vocabulario. La gente no es pobre, sino que cae en una situación de pobreza y esto es algo que se puede combatir", dice. "Parece que solos no podemos cambiar nada, pero juntos podemos hacer presión".

El problema es que el actual modelo económico no solo no evita que haya grupos sociales que se queden atrás o marginados, sino que es "fuente de desigualdades y pobreza", afirman los autores. Los datos que destaca este informe lo demuestran. "En el año 2016, España era el cuarto país más desigual de Europa", escriben los firmantes tomando información de Eurostat. Y el 70% de los hogares afirmaba en el último estudio anual de la Fundación Foessa (2017) que no estaban notando la recuperación económica tras la crisis. Esto es más que una percepción: más de 12 millones de personas en España seguían en 2017 en situación de riesgo de pobreza y exclusión, un 26,6% de la población; tres puntos más que en 2008. Y trabajar ya no es garantía de escapar de la miseria. "En un mercado de trabajo cada vez más segmentado y precarizado, el 16,3% de las personas ocupadas está riesgo de exclusión", subraya Futuro en Común. Especialmente los jóvenes y las mujeres. 

Discriminación

Teresa Salazar, madrileña de 19 años, acaba de terminar un grado medio de peluquería y está a la espera de empezar los estudios de integración social. Lo que la empuja a este “cambio muy brusco”, como ella misma lo define, es su experiencia personal. Teresa es gitana y denuncia haber sufrido en sus propias carnes la discriminación. “Desde que era pequeña, tanto los profesores como mis compañeros me reservaban un trato distinto por ser gitana”, asegura. Por aquel entonces le parecía imposible revertir esta situación, pero creciendo ha entendido que la educación puede cambiarlo todo.

Salazar hoy participa en campañas de sensibilización con la Fundación Secretariado Gitano y pide que en España se deje de segregar a los alumnos de esta etnia, abogando por su completa integración en las aulas. Asimismo, le gustaría facilitar el acceso a la educación superior y acabar con la “imagen distorsionada” que algunos medios divulgan de los gitanos.

Aunque en España no hay pobres extremos (vivir con menos de 1,90 dólares al día, según estándares de la ONU), el propio Plan de Acción del Gobierno reconoce que hay que tomar medidas para cambiar la realidad arriba descrita. Las organizaciones de Futuro en Común proponen, entre otras sugerencias, un "sistema de garantía de ingresos mínimos" y "una prestación universal por niño a cargo". Ninguna de ellas contemplada explícitamente en la hoja de ruta oficial.

Las organizaciones de Futuro en Común consideran que otras políticas públicas claves para no dejar a nadie atrás son una educación de calidad, sanidad universal y derecho real a una vivienda digna. En este sentido, recuerdan que España es el tercer país con mayor tasa de abandono escolar temprano (18,3% en 2017) de la Unión Europea, con especial incidencia entre alumnado extranjero, de etnia gitana y de hogares con bajos ingresos. Agregan que todavía una parte de los residentes en el país no tiene acceso a servicios de salud o tiene que pagar una parte de los mismos. Y el derecho a una vivienda simplemente "no está garantizado". Por eso, piden que se aprueben leyes a favor de estos fines o deroguen normas que los impiden. En cuanto a la exclusión sanitaria de inmigrantes irregulares desde 2012, será revertida durante este verano, si se cumple el anuncio realizado por el Gobierno a mediados de junio.

La crisis en España ha visibilizado la pobreza, según Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Y tener un trabajo no es sinónimo de salir de una situación de vulnerabilidad: el 30% personas empobrecidas en nuestro país, recuerda el experto, tiene empleo. “No basta con crecer, debe haber medidas dirigidas a la reducción de la pobreza. Primero crecer y luego distribuir no vale. Hay que crecer distribuyendo: esto se llama desarrollo sostenible”.Y añade: “En España, necesitamos un sistema estatal de renta mínima, empleo digno, pensiones por encima del indicador de pobreza, derecho a la vivienda, atención a la dependencia, una reforma fiscal, entre otras medidas”.

Respetar el planeta que habitamos

En este capítulo, el informe de Futuro en Común describe cuatro desafíos: el cambio climático y el modelo energético, la pérdida de biodiversidad, el mal uso del agua, y la producción y consumo de alimentos. Varios objetivos de la Agenda 2030 están relacionados con estos asuntos y España no parte de una buena posición, según el documento. "Las emisiones de CO2 fueron en 2017 un 17,9% más altas que en 1990", afirma tomando datos de un estudio de CC OO. El estrés hídrico aumentará por el impacto del cambio climático, advierten los autores, y los suelos agrarios están bastante degradados. Más aún: el país es el séptimo de la UE que más alimentos desperdicia.

Gran parte de las medidas que proponen las organizaciones de la sociedad civil para dejar de destruir el planeta recaerán sobre el equipo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien presidió durante los últimos años la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). Varios anuncios realizados por Ribera en los últimos días responden, en cierta medida, a las demandas de Futuro en Común. La ministra ha informado de que la próxima Ley de Cambio Climático estará lista para agosto, así como del diseño un Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ehorro y reutilización de agua.

Violencia machista

Annete Merino, activista de la asociación Somos+ contra la violencia machista de Zaragoza, denuncia que la vida de las víctimas de esta lacra sigue en peligro incluso después de denunciar y que es necesario un seguimiento. “Hay muchas campañas que nos piden que denunciemos la violencia machista, pero no se cuenta lo que pasa después de una denuncia”, asegura. “La publicidad de la tele es muy bonita, pero después de la denuncia estás sola”.
“Las condenas de los maltratadores son a menudo ridículas, se les otorga custodia compartida. Sus derechos priman sobre la vida de un niño y esto puede tener consecuencias gravísimas”, asegura en la presentación del informe de Futuro En Común este jueves en Madrid. “Los hijos se enfrentan al riesgo de convertirse en maltratadores o de crecer sumisos y acostumbrados a la violencia”.
"La Agenda 2030 puede ayudar a que las personas que toman decisiones que afectan nuestras vidas tomen conciencia de lo que vivimos", agrega.

Vidas libres de violencias en una democracia inclusiva

En los últimos 15 años (2003-2018), 937 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La meta 5.2 de la Agenda 2030 es concreta: hay que eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. También el objetivo 16 —promover sociedades pacíficas— llama a eliminar todas las formas de violencia, así como "garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales".

Para conseguir cumplir con lo comprometido, Futuro en Común sugiere, como primera medida, reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género y "adecuarla al Convenio de Estambul". Este acuerdo, que España ratificó en 2014, considera violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. El Pacto de Estado para acabar con esta lacra que España selló en 2017 también, pero desde su aprobación ha carecido prácticamente de presupuesto para su implementación.

Lo segundo que tiene que hacer el Gobierno para ser coherente y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es derogar la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, en opinión de las organizaciones de la sociedad civil. "Supone una amenaza al ejercicio de la libertad de la reunión pacífica, expresión e información", denuncian. "No hay democracia posible con miedo y amenazas". Entre los numerosos cambios legislativos que se avanzan en el Plan de Acción para la Agenda 2030 oficial, este no es uno de ellos.

El papel de España en el mundo

Advierten desde Futuro en Común que la política pública de cooperación se ha degradado en cantidad y calidad en los últimos años. "La Ayuda Oficial al Desarrollo ejecutada desde 2012 ha estado por debajo del 0,2% del PIB frente a la media del 0,49% de los 20 países de la UE miembros de la OCDE", escriben. Los redactores del texto no solo piden que se aumente el volumen de ayuda, en tanto que todos los grupos políticos se han comprometido a alcanzar el 0,4% en 2020, sino también la calidad. "Su uso instrumental para contribuir a objetivos de seguridad y control migratorio (...) pervierte su fin esencial: luchar contra la desigualdad y la pobreza", argumentan.

Otras recomendaciones, en este capítulo, pasan por un mayor control de la venta de armas a países en conflicto o con riesgo de vulnerar los derechos humanos, también de las empresas españolas que operan en el extranjero, o cumplir con los acuerdos en materia de migraciones y refugio.

Para Cristina Monge los 17 ODS componen una malla totalmente interdependiente. “No se puede crear empleo si no se tiene en cuenta la desigualdad de género, el cambio climático, etcétera”, ha asegurado al mismo tiempo que ha reclamado políticas coherentes. Monge recuerda que es necesario elaborar herramientas para medir el avance de España en el cumplimiento de los ODS e ir más allá de utilizar al producto interior bruto como único indicador de pobreza. Para que la Agenda 2030 se convierta en realidad, zanja, es necesario que los gobiernos que hagan un ejercicio de innovación política

España, en el puesto 25 del mundo en desarrollo sostenible

Lo dice un informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y Fundación Bertelsmann publicado esta semana: España no aprueba en ninguno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Está en el puesto 25 de 193 países analizados respecto al grado de cumplimiento.

España puntúa especialmente bajo en los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). Sin embargo, "muestra una tendencia positiva" en cinco de ellos: salud, igualdad de género, gestión del agua, energía y acción climática.

"Los datos muestran que el estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la inversión en investigación, la elevada tasa de desempleo o la falta de una estrategia activa para la protección del océano, afectan a los resultados de España en relación con la escena internacional y, en particular, con otros países de la Unión Europea. De estos, los mejor posicionados en el ranquin son Alemania y Francia, en los puestos 4º y 5º respectivamente", destacan los investigadores.

“En 2018 España ha trabajado de manera satisfactoria desde varios ámbitos: la universidad, las empresas, la sociedad civil y los distintos niveles de la administración, sin embargo, los resultados del informe nos muestran que aún queda mucho camino por recorrer”, afirmó Miguel Ángel Moratinos, presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) en la presentación del documento. “No obstante, el reciente nombramiento de una alta comisionada para la Agenda 2030 por el Gobierno y la creación de un ministerio de Transición Ecológica son buenas señales para que España pueda mejorar el próximo año su posición”, añadió.

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