Objetivos de Desarrollo Sostenible para un mundo rural que se muere

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Viajo en tren de Madrid a Burgos, pero no se piensen que la línea recta es la distancia más corta. En este caso, la vía ferroviaria traza una prominente curva que pasa por Segovia y Valladolid antes de llegar a la capital castellana. El viaje me sirve, al menos, para atravesar kilómetros de campos de cereal verdeados por las últimas lluvias, moteados por rojas amapolas y morados espliegos. Atravesamos también extensos pinares de repoblación, que se alternan con explotaciones ganaderas, algún huerto solar, agua embalsada y pueblecitos que languidecen. Mientras contemplo el paisaje por la ventana pienso en el examen voluntario al que España se va a someter en Naciones Unidas a mediados de julio para contarle a la comunidad internacional qué está haciendo —y qué va a hacer— para alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan una línea bien recta para alcanzar un futuro sostenible con dignidad para todas las personas. El desafío es que se consigan de un modo que permita asegurar que nadie se queda atrás. Para garantizar que esta promesa se cumple tendremos que prestar atención a quién se queda atrás, en qué territorios y por qué. Y en España nos toca volver la vista a las zonas rurales que representan el 90% del territorio, pero en el que solo reside el 20% de la población.

A principios de este año el Consejo Económico y Social (CES) daba la voz de alarma en España. Este órgano consultivo del Gobierno señalaba en un informe que “el deterioro y empobrecimiento de la economía, el empleo o las infraestructuras sociales de las zonas rurales, entre otros, ha mermado la calidad de vida de su población, dando como resultado un serio problema de despoblamiento rural que no hace sino ahondar en dicho deterioro”. Más grave aún es el diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística que habla de situación crítica en 14 provincias en las que más del 80% de sus municipios están en riesgo de extinción al contar con menos de 1.000 habitantes.

Tal es la magnitud del problema que hasta la socióloga holandesa Saskia Sassen, galardonada en 2013 con el Premio Príncipe de Asturias, lo reconocía en la conferencia que dio el pasado 11 de marzo en la inauguración de los Encuentros 2030, organizados por la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de Madrid. Así, cuando explicó la idea de “tierras muertas” como aquellos espacios que ya no cuentan para el sistema de producción y consumo imperante, afirmó que en nuestro país tenemos bastantes, "especialmente en el centro".

Si tuviéramos que delimitar esas “tierras muertas” en un mapa veríamos una amplia región en torno a las montañas del Sistema Ibérico, desde las provincias de Valencia y Castellón a las de Burgos y La Rioja, pasando por Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Soria y Segovia. Menos de medio millón de habitantes en una extensión que dobla la de Bélgica y con una densidad media de población de algo menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, aunque en vastas zonas no sobrepasa ni tan siquiera los dos. Igual que en Laponia o Siberia. Y hay otras provincias cercanas también en trance de quedar biológicamente muertas como Ourense, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia y Ciudad Real.

La Agenda 2030 debiera servir para caminar hacia un país más decente en un mundo más justo

Además de la despoblación y el envejecimiento, el CES apunta otras problemáticas como la masculinización de la población rural en las edades intermedias, lo que implica más dificultades para la formación de nuevos hogares; mayor dependencia de las personas mayores; dispersión de centros asistenciales, sanitarios y de servicios; brecha digital... Y, recogiendo datos de Eurostat, pone de manifiesto que el riesgo de caer en situación de pobreza es mucho mayor en las zonas rurales (casi el 35%) que en las grandes urbes (25%).

Para Sassen, nuestra población rural entraría dentro de la definición de personas “expulsadas” o, como diría el Papa Francisco, “descartadas”. Ambos se refieren a las excluidas de la globalización en ámbitos que van desde la economía y el empleo hasta la vida humana digna o el medioambiente sano. Exclusión que no solo se mide en cuanto a carencia material de bienes sino, también, en cuanto a acceso al empleo y a poder disfrutar de los derechos reconocidos en la Constitución. La lejanía de hospitales y ambulatorios, la dificultad para acceder a centros de educación obligatoria o a la cultura, y la ausencia de recursos públicos están haciendo que las zonas rurales en España se queden muy atrás.

Por lo general, cuando pensamos en el medio rural lo hacemos con la vista puesta en los datos de producción agroganadera, en la extracción de materias primas, la generación de energía o el nivel de los embalses. Desde las ciudades, teorizamos sobre alternativas para que las explotaciones sean lo más ecológicas posibles o la generación de kilovatios de electricidad más limpia como medidas para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero, si nos quedamos ahí, corremos el riesgo de volver a proponer políticas que consoliden y agraven la situación actual, como ocurre con la nefasta Política Agraria Común.

La Agenda 2030 debiera servir en el Estado español para caminar hacia un país más decente en un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Para ello debemos cambiar nuestra forma de pensar y colocarnos en el lugar de quienes están descartados y desde allí transformar nuestra economía, nuestras sociedades y el medioambiente, cayendo en la cuenta de que los habitantes del medio rural no son importantes porque aprovisionan a las ciudades de alimentos o porque vivan en un entorno llamado a desempeñar un papel relevante en una economía al servicio del planeta, son importantes porque son personas.

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 —aprobado en la reunión del Grupo de Alto Nivel el pasado 26 de junio— incluye un amplio apartado sobre cohesión territorial que no estaba en el documento del anterior Ejecutivo. Hay una afirmación que resume de manera concisa su propósito: “No es posible alcanzar los ODS dejando atrás las zonas rurales y a sus habitantes”. Además, en otra parte del documento identifica el desarrollo rural como una de las áreas claves dónde habrá que formular políticas con capacidad de crear sinergias para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

El nuevo Ejecutivo tiene la oportunidad de profundizar en esta mirada, de aterrizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo más cerca posible de las personas, de sus necesidades y de sus anhelos, pensando globalmente y actuando localmente. Si no es así, la Agenda 2030 no tendrá ninguna viabilidad. Estaremos, una vez más, viajando en curva en vez de en línea recta y mirando el paisaje desde la comodidad del tren, sin pisar la tierra sobre la que caminan nuestros paisanos.

Andrés R. Amayuelas es presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE).

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