275.000 personas exigen más inversión en ciencia en el Congreso
Asociaciones científicas entregan al Parlamento un documento que denuncia los recortes del Gobierno en investigación arropados por todos los grupos políticos
Investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación han llevado hoy al Congreso de los Diputados una iniciativa firmada por más de 275.000 personas que denuncia el “progresivo abandono de la ciencia española provocada por los recortes aplicados por el Gobierno”.
Es la iniciativa en defensa de la ciencia más respaldada desde el comienzo de la crisis. La última, conocida como Carta por la Ciencia, consiguió recabar 46.000 apoyos en 2012, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios menos el PP y supuso el germen de la mayor manifestación de científicos de la historia de España en verano de 2013. “Por primera vez este movimiento desborda la comunidad científica y ahora lo apoya también la sociedad en general, que exige a los gobernantes una mayor apuesta por la ciencia en nuestro país”, explica a Materia Emilio Criado, vocal del consejo asesor y promotor de la iniciativa.
Queremos transmitir la conexión directa entre inversión en ciencia y nivel de vida
El documento exige a los gobernantes un cambio de rumbo en la política científica española y defiende la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como la clave para que España tenga una economía más moderna y reduzca las crecientes tasas de precariedad laboral y desigualdad.
Los firmantes denuncian la falta de ejecución del presupuesto de investigación —el Gobierno solo gastó tres de cada 10 euros presupuestados en 2017—, la eliminación de puestos de trabajo en el sector de la I+D+i y la falta de inversión en infraestructuras científicas y subvenciones a proyectos. “Este estado de cosas repercute negativamente en todo el sistema de ciencia y tecnología del país e incide de modo dramático en investigadores jóvenes que no pueden establecer nuevos grupos de trabajo. La ciencia es un motor cultural y económico de un país y no apoyarla representa agravar el déficit económico del país y la precarización laboral”, señalan.
Es la iniciativa en defensa de la ciencia más respaldada desde el comienzo de la crisis
El colectivo exige volver a la situación presupuestaria para I+D del año 2009, asegurando 4.175 millones de euros en gasto real en 2020 —lo que supone un incremento en inversión de 525 millones de euros por año— y la recuperación de 15.000 empleos perdidos en el sector de la I+D durante la crisis. “Nada de esto está presente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recientemente presentados”, ha resaltado Esteban Domingo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y portavoz del movimiento, durante la presentación de la iniciativa. “Queremos transmitir la conexión directa entre inversión en ciencia y nivel de vida y su sostenibilidad”, ha señalado el científico, que también ha denunciado la crisis en el Instituto Español de Oceanografía, el Ciemat y la Plataforma Solar de Almería, entre otros centros públicos de investigación. El responsable ha pedido la eliminación de la intervención previa y el resto de las trabas administrativas que están ahogando a muchos centros. “No se nos escapa que los problemas políticos y sociales de la España actual son multifactoriales. Aun así, el déficit, el desempleo sostenido, la precariedad laboral, el aumento del índice de pobreza, y la incapacidad de atender a demandas sociales son hechos que vivimos actualmente en España y que se relacionan con la falta de innovación y competitividad”, ha añadido Domingo.
Tras el registro de firmas se ha celebrado un acto en el Congreso en el que han intervenido representantes de academias científicas, investigadores españoles en el extranjero, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), así como de las sociedades científicas españolas (Cosce), los rectores de universidades (CRUE) y los sindicatos CC OO y UGT. También han asistido representantes de todos los grupos parlamentarios.
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