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Las leyes paralizan el avance de la ciencia en España

Los investigadores denuncian que la falta de recursos y la burocracia han llevado a algunos centros al borde de la desaparición. El Instituto Español de Oceanografía sufre el mayor impacto por la mala gestión

Una investigadora del Instituto Español de Oceanografía durante una campaña de investigación a bordo del buque 'Ramón Margalef' en 2017.
Una investigadora del Instituto Español de Oceanografía durante una campaña de investigación a bordo del buque 'Ramón Margalef' en 2017.

“Hay que tener mucho valor para ser científico en este país porque la burocracia te come por los pies”, asegura Francisco Sánchez, científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO) desde hace 35 años. Actualmente participa en Intemares, un proyecto pionero para estudiar las áreas marinas protegidas españolas financiado con casi 50 millones de euros, “el mayor en investigación marina de toda la Unión Europea”, resalta. El IEO es el encargado de estudiar los volcanes de fango en el golfo de Cádiz o los corales de aguas frías del Cantábrico, entre otras áreas de la Red Natura 2000, pero el trabajo ha estado prácticamente paralizado desde marzo de 2017. Había que contratar a 25 investigadores y técnicos para echarlo a andar y el de la administración no llegó hasta hace unos días. Ahora comenzará el proceso legal de oposiciones que llevará otros cinco o seis meses. En total, año y medio para contratar científicos cuando otros socios del proyecto como la Fundación Biodiversidad, sujeta a normas administrativas más flexibles, tardan 15 días, lamenta Sánchez. “Nunca habíamos visto problemas como estos, jamás. Hemos estado a cargo de muchos ministerios diferentes pero nunca un Gobierno había tenido tan poco interés por la ciencia”, lamenta el investigador.

El IEO es un organismo científico asesor del Gobierno en materia de oceanografía cuyos datos ayudan a asignar las cuotas pesqueras y analizar el estado del litoral y su fauna. El organismo, dependiente del Ministerio de Economía y fundado en 1914, se encuentra en una situación de “parálisis”, según han denunciado recientemente 322 de sus 547 trabajadores.

Casi todos los problemas que cuentan los científicos del IEO recuerdan al “vuelva usted mañana”. O mejor el año que viene. El Francisco de Paula Navarro, uno de los cinco buques del IEO, está anclado con el motor gripado desde febrero de 2017. El estudio sobre los bancos de sardinas y otras especies de interés comercial lleva meses a la espera de contratar un investigador experto en ADN que pueda analizar los datos recogidos. Algunos científicos trabajan en cochambrosos laboratorios improvisados en antiguos garajes. La tramitación de compras y contratos esenciales para iniciar proyectos es un “bucle kafkiano”, como lo define un investigador. Cualquiera que llame estos días al IEO y pida hablar con su responsable de prensa lo comprobará en sus propias carnes. El contrato del periodista está pendiente de renovación desde hace meses y hasta entonces no puede trabajar.

Laboratorio improvisado en un garaje en el centro del IEO en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Laboratorio improvisado en un garaje en el centro del IEO en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Una de las causas de esta situación es una ley cuyo objetivo es combatir la corrupción. Desde 2014 los organismos públicos de investigación (OPI), al igual que el resto de la administración, quedaron sometidos a la intervención fiscal previa, lo que se traduce en el despliegue de inspectores de hacienda en los centros de investigación que revisan cada trámite, cada gasto, antes de aprobarlo. Las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas quedaron exentos de esta norma. En los otros siete OPI españoles, las idas y venidas de expedientes entre la intervención y los investigadores supone que los proyectos de investigación arrancan con retrasos de más de un año. La principal reivindicación de los investigadores del IEO y otros OPI es que se levante esta normativa.

A esto se suma que, hasta que no se aprueben los presupuestos de 2018, los OPI solo pueden gastar la mitad de sus presupuestos, la razón que explica, entre otros problemas, que el Francisco de Paula esté parado en Mahón y sin fecha prevista de reparación. El motor se le rompió en mar abierto y el barco y su tripulación tuvieron que ser remolcados al puerto menorquín por Salvamento Marítimo. “Esta es una tormenta más que perfecta, cada vez tenemos menos personal y más burocracia”, reconoce José Ignacio Díaz, jefe de flota del IEO, un alto cargo que decidió no firmar el manifiesto de protesta. “Quejarse está bien, pero no se puede ser ignorante y pensar que la situación va a cambiar porque sí. Yo sé que la secretaría de Estado de I+D+i y la dirección del IEO están intentando resolverlo, pero no pueden con la cerrazón del Ministerio de Hacienda y sus leyes. Y las leyes hay que cumplirlas sí, o sí”, señala.

La plantilla del IEO ha caído un 20% desde 2011

La plantilla del IEO ha caído un 20% desde 2011, lo que ha exacerbado los problemas internos. Casi cualquier trámite administrativo de sus nueve centros oceanográficos en el litoral tiene que pasar por la sede de Madrid, donde apenas hay dos trabajadores en la unidad de proyectos, tres en la de personal y otros tres en la de contratación, explica a Materia Eduardo Balguerías, director del IEO, para un organismo que maneja decenas de proyectos y un presupuesto anual de unos 60 millones de euros. “El IEO tiene una debilidad estructural de sus servicios centrales de gestión administrativa y científica heredada del pasado que lo hace más vulnerable a la burocracia y menos ágil para responder a las exigencias de la Intervención”, reconoce Balguerías. En su manifiesto, los trabajadores le acusaban de “conformismo” por no haber denunciado la situación públicamente. El mensaje de Balguerías para ellos es: “El IEO está en una situación coyunturalmente difícil que estoy seguro que resolveremos", y añade que está dando explicaciones detalladas en reuniones con cada centro.

Recientes movimientos del Ministerio de Hacienda demuestran que las leyes no son tan inamovibles como las pintan. Este mes, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, aprobó una excepción a la norma presupuestaria que permite el gasto de 6,7 millones de euros adicionales en 2018 al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, otro OPI afectado en el que cientos de científicos firmaron un manifiesto de denuncia por su situación de "colapso" publicado por este diario. Un portavoz de la secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía explica que este departamento va a apoyar un plan para descentralizar el IEO y añade que se ha pedido a Hacienda “que no se aplique la intervención previa a los OPI o al menos se restrinja a determinados expedientes”.

El martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que la propuesta de presupuestos para 2018 incluye una subida del 8,3% para investigación civil y militar. Pero muchos investigadores piensan que lo importante no es el dinero, sino cambiar las leyes que están paralizando la investigación. “Aunque estas normativas nos afectan a todos, a quien más castigan es a las clases medias de la investigación, hasta el punto de que algunos centros están en riesgo de desaparecer”, explica Luis Serrano, presidente de Somma, la unión de 41 centros y unidades Severo Ochoa y María de Maeztu que reciben una financiación adicional del Gobierno por su alta calidad. Hace unos días, Serrano se reunió con los grupos parlamentarios para plantearles reformas legales urgentes en las normas de contratación pública y la devolución del IVA, entre otras cuestiones que amenazan con frenar en seco la actividad investigadora. “Todos están de acuerdo en que las leyes se aprueban sin tener en cuenta la ciencia y se han presentado iniciativas no de ley para intentar resolverlo, pero de ahí tienen que ir escalando hacia arriba y al final se topan con Hacienda”, señala. Una vez se aprueban las leyes, es más complicado cambiarlas, especialmente en una situación política como la actual, por eso Serrano aboga por la creación de una oficina asesora en ciencia tanto en el Parlamento como en la presidencia del Gobierno, como sucede en otros países. “La ciencia debería ser una cuestión de país”, opina.

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