El Gobierno solo gastó tres de cada 10 euros presupuestados para I+D en 2017

El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, tendrá una asignatura pendiente heredada de su predecesor, Luis de Guindos. La partida de I+D, dependiente de este ministerio, ha sido una de las que más recortes ha sufrido con la crisis. Y no está mejorando ni siquiera con la recuperación económica. A falta de conocer las cuentas de los organismos autónomos y las agencias estatales, esta rúbrica podría haber quedado en 2017 en unos niveles similares a los de 2016, año en el que se dejó sin utilizar la mitad de todo el presupuesto en I+D. Previsiblemente se situará muy cerca de los 3.182 millones desembolsados en 2016 y lejos de los 8.476 millones que se llegaron a librar en 2009. En total, el recorte asciende al entorno del 60%.

Por el momento, solo se conocen de 2017 los números del Estado central, es decir los Ministerios, que aproximadamente suponen un 70% del presupuesto. Un año más, el Gobierno ha dejado sin usar buena parte del dinero que tenía consignado para I+D: siete de cada diez euros. El año 2016 había sido el peor de una serie que comienza en el 2000. Entonces se elaboraron unos presupuestos poco realistas con la vista puesta en las elecciones. Y eso obligó a hacer ajustes durante 2016 para poder cumplir con las metas de austeridad que exigía Bruselas. En agosto se cerró el gasto de todas las partidas no esenciales. Lo que se cebó mucho con la inversión pública y, en especial, con la I+D. Hasta el punto de que solo se gastó el 38% del presupuesto asignado para este capítulo. En 2017, la ejecución ha resultado incluso peor: el año pasado únicamente se desembolsó el 29,7% de lo planeado. Y esta vez no se ha producido un cierre del grifo a mitad del ejercicio como se dio en 2016.

Parte de la explicación puede residir en que el Ejecutivo se comprometió con Ciudadanos a desarrollar una nueva red de I+D bautizada como Cervera, para la que destinó en las cuentas públicas unos 500 millones. La idea era construir algo similar a la red alemana Fraunhofer, un grupo de institutos tecnológicos especializados que pudiesen captar fondos privados y cuyo personal tuviese su retribución ligada a los resultados obtenidos. Sin embargo, este proyecto ha quedado congelado. Y no se ha dedicado a él ni un solo euro.

Por otro lado, el Gobierno ha recurrido a una práctica que lleva aplicando desde hace años pero que se ha acuciado con la crisis: cada vez dedica menos a subvenciones directas y más a créditos. En torno al 60% de la partida son ya préstamos. Y esta distribución no se antoja inocua. Las Universidades e instituciones públicas de investigación pueden gastar las subvenciones sin problemas. Pero sufren serias dificultades para contraer unos créditos que luego tienen que devolver. Lo que al final implica que la mayoría no se emplea. De ahí la baja ejecución de los presupuestos de I+D. Este porcentaje tan pobre de gasto es el menor de las 25 principales políticas del Gobierno, denuncia la Fundación Cotec.

Según explica Cotec, la caída de la tasa de ejecución podría ser algo menor si se tiene en cuenta que la Agencia Estatal de Investigación fue separada del Estado en 2017 y, por lo tanto, unos 600 millones pasaron a los organismos y agencias autónomas. Sin embargo, incluso si dentro del Estado se hubiese utilizado esa partida al 100%, la ejecución de la Administración central se habría colocado ligeramente por debajo del 38% de 2016, señala Cotec.

Es más, Cotec sostiene que el dato de ejecución de 2018 podría acabar incluso peor debido a “la sucesión de prórrogas y cierres, los fallos en los sistemas informáticos, la falta de personal en puestos de gestión y los requerimientos y exigencias de control adicionales impuestos por el Ministerio de Hacienda”.

Esta falta de ejecución hace, en parte, que España sea uno de los tres países junto a Portugal y Finlandia que no hayan recuperado todavía los niveles de inversión en I+D+i entre el sector público y el privado, según datos de Eurostat de 2016. Si solo se atiende al gasto público, los países que no han restablecido las cotas previas a la recesión son: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Hungría, Polonia, Portugal y Eslovenia.