Cuatro décadas defendiendo los derechos más ultrajados

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Corría el año 1961. La mañana del 28 de mayo, el diario The Observer incluyó entre sus informaciones un artículo titulado Lo presos olvidados, sobre dos estudiantes portugueses detenidos por brindar por la libertad durante la dictadura de Salazar. Estaba firmado por el abogado británico Peter Benenson, que se sirvió de él para lanzar una campaña en pro de la amnistía. Este fue el origen de lo que hoy conocemos como Amnistía Internacional, una organización independiente que defiende el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo y que está formada por más de siete millones de activistas. Entre sus principales hitos se cuenta su trabajo por la abolición de la pena de muerte y la tortura, la protección de activistas por los derechos de los homosexuales, las mujeres y los defensores del medioambiente.

En 2018, Amnistía Internacional cuenta con numerosas delegaciones de todo el mundo. Una de ellas es la española, que este miércoles 21 de marzo celebra su 40 aniversario. El Consejo de Ministros legalizó a la organización en España en 1978, un año después de que la organización fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y solo unos años después de que naciera en la clandestinidad. Hoy cuenta con 84.000 socios, 2.400 activistas y más de medio millón de personas que colaboran asiduamente en sus campañas. Durante estas cuatro décadas, se ha centrado en causas nacionales, como la libertad de expresión y la derogación de la ley de seguridad ciudadana, la acogida de refugiados, la violencia de género o el derecho a la vivienda y la salud.

¿Cuáles han sido los mayores y mejores hitos de Amnistía Internacional España en estas cuatro décadas? Hacemos un repaso:

1. Pena de muerte

Japonés y antiguo boxeador, Iwao Hakamada ha pasado sus últimos 66 años en el corredor de la muerte tras ser declarado culpable de un crímen multiple perpetrado en 1966: asesinar al jefe de la fábrica en la que trabajaba y a la familia de este. Hakamada fue sometido a interrogatorios durante 20 días sin presencia de un abogado, fue golpeado y obligado a firmar una confesión. Amnistía Internacional España se involucró en 2009. En 2014 el hombre, ya anciano, fue liberado. En marzo de 2018 se decide si se repite su juicio.

Este es el caso más reciente de una lucha contra la pena capital que Amnistía Internacional inició en 1977 con la promoción de la Declaración de Estocolmo, el primer manifiesto abolicionista internacional de la pena de muerte. Por entonces, solo ocho países en Europa y otros ocho en América la habían expulsado completamente de su legislación. En 2018, ya son 141 estados los que la han abolido, pero se han registrado ejecuciones en otros 23. No obstante, a finales de 2016 aún existían en todo el mundo al menos 18.848 personas condenadas a muerte. Otras 3.117 fueron ejecutadas. Estas cifras no incluyen las miles de ejecuciones realizadas en China, donde estos datos se encuentran clasificados como secreto de Estado.

2. Jurisdicción Universal

El principal hito de la jurisdicción universal en el que participó Amnistía Internacional fue la detención de Augusto Pinochet en Londres el 10 de octubre de 1998 por petición de la Audiencia Nacional española. Amnistía Internacional fue observadora de procesos judiciales contra los exgenerales argentinos Cavallo y Scilingo, la detención de Fujimori en Chile, a la que siguió su extradición en 2008 a Perú y posterior condena a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos. También contribuyó a que Charles Taylor fuera juzgado en 2007 en el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y a que los líderes serbios Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Radovan Karadzic, fueran juzgados y condenados en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia por genocidio.

Más del 80% de los Estados miembros de Naciones Unidas tienen legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional. Amnistía Internacional comenzó a trabajar en 1996 en acciones a favor de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente que Naciones Unidas impulsó dos años más tarde y que comenzó a funcionar en 2002. En 2018, el Estatuto de Roma —instrumento constitutivo de la CPI— había sido ratificado por 105 estados. España fue uno de los primeros en hacerlo.

3. Armas

Amnistía Internacional inició la batalla para lograr el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en 1990, un documento que prohíbe la transferencia de armas cuando un país sabe que se podrían usar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Siete años después, se propuso un Código de Conducta para regular su comercio internacional. Desde 2005, empieza a trabajar junto a otras organizaciones en la campaña Armas bajo control, cuyo objetivo era impulsar un Tratado Internacional sobre el control del comercio de armas.

El TCA entró en vigor en 2014, pero al menos un cuarto de los 130 países que lo han firmado, ratificado solo por 94, no cumplen con las obligaciones que establece. Hoy, 650 millones de armas circulan por el mundo, cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos sobre las que trabaja la organización se cometen con armas. Las más recientes van desde Estados Unidos, donde el exalumno de un instituto de Parkland (Florida) Nikolas Cruz, asesinó a 17 personas el pasado febrero, hasta Siria, donde los bombardeos del régimen en la localidad de Guta han causado casi 600 muertos y han sido considerados como crímenes de guerra.

4. Casos individuales

Amnistía Internacional ha trabajado por miles de casos individuales desde sus inicios. Entre otros, se ha involucrado en la situación de personas condenadas en juicios injustos, de condenados a pena de muerte, o detenidas por expresar sus opiniones.Se ha conseguido liberar a presos como el periodista cubano Bernardo Arévalo Padrón, la monja tibetana Phusntson Nyidron, el reverendo ecuatoguineano Bienvenido Samba Momesori, el abogado sirio Anwar al-Bunni, la defensora de los derechos de las mujeresen China, Su Changlan, o las integrantes del grupo de música ruso, Pussy Riot. Esta última fue una de las batallas más mediáticas. Afectó a las ciudadanas Maria Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova y Ekaterina Samutsevich, detenidas en 2012 por interpretar una canción protesta en una catedral ortodoxa de Moscú. Seis meses después fueron condenadas a dos años de prisión por "vandalismo por motivos de odio religioso". Ekaterina recuperó la libertad en octubre de 2012, pero Maria y Nadezhda cumplieron su pena en colonias penitenciarias conocidas por su brutalidad.

Una de las campañas más emblemáticas de la delegación española es Regala tus palabras, puesta en marcha en 1999 para enviar palabras de apoyo a personas detenidas en todo el mundo. Desde sus inicios hasta 2017, con esta campaña se han trabajado 58 casos, de los cuales 44 fueron liberados, y han participado miles de interesados.

5. Mujeres

En 1994, la campaña Los derechos humanos, un derecho de mujer, sacaba a la luz cómo por el hecho de ser mujer se agravaban las violaciones de derechos fundamentales. Las leyes discriminatorias, las dificultades para el acceso a la educación, a la salud, los crímenes de honor, los abortos por razón de sexo, son algunos. Y aquellas que se defienden contra los abusos son las que más las sufren. Así le ocurrió a Belén, argentina condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. O a Guangcheng, abogado y activista encarcelado por ayudar en una demanda contra las autoridades del ayuntamiento de Linyi, en la provincia china de Shandong, por haber obligado presuntamente a miles de mujeres a abortar para cumplir las cuotas de natalidad impuestas por el Gobierno. Otra activista perseguida fue la guatemalteca Norma Cruz, que recibió amenazas de muerte por documentar casos de violencia contra las mujeres y ayudarlas a obtener justicia.

En 2004, con la campaña No más violencia contra las mujeres, se sacó de lo privado la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar, y se reclamó a los Estados que asumieran su responsabilidad tomando medidas para prevenirla y perseguirla. Una tercera campaña, Mi cuerpo, mis derechos, fue el empujón necesario para el impulso de los derechos sexuales y reproductivos, en un entorno en el que pocas mujeres en el mundo pueden decidir sobre sus cuerpos. 

Belén fue absuelta en marzo de 2017 tras dos años en prisión preventiva, Guancheng cumplió una condena de cuatro años y tres meses hasta su liberación en 2010. Él y su familia permanecieron en arresto domiciliario hasta que huyeron a Estados Unidos en 2012. En cuanto a Norma, en 2011 se halló al responsable de las amenazas, Marco Tulio Casalosa, que fue condenado. Quedan por resolver muchas batallas aún, como la liberación de las activistas iraníes Atena Daemi y Golrokh Ebrahimi, recluídas por defender los derechos de las mujeres en su país.

6. Niños y niñas

Los derechos de los menores tampoco se respetan. Especial atención ha dedicado la organización a las ejecuciones de personas que cometieron sus delitos cuando eran menores de edad. Gracias a la presión internacional, en Estados Unidos el Tribunal Supremo declaró inconstitucional todas las condenas a muerte de menores en 2005. Amnistía Internacional cree que este tipo de condenas se sigue manteniendo en países como Arabia Saudí, Bangladesh, Indonesia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, e Irán, donde sólo en 2016, había 78 menores en el corredor de la muerte. En Israel está pendiente el caso de la activista palestina de 17 años Ahed Tamimi y los otros 350 niños y niñas recluidos en cárceles y centros de detención de este país. La adolescente ha sido condenada a ocho meses de prisión y a pagar una multa de 1.164 euros por un tribunal militar israelí para menores por abofetear y empujar a unos soldados armados el día en que el primo de la joven, de 14 años, había recibido un disparo en la cabeza, el pasado diciembre. Ahed, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina, fue arrestada y duramente interrogada.

En España, Amnistía Internacional denunció en 2009 los castigos, aislamiento, medicación forzada y graves violaciones de los derechos humanos hacia las niñas y niños en centros terapéuticos privados que dependen de la competencia de la administración pública.

7. Objeción al servicio militar

Entre 1980-2002 se desarrolló en España el movimiento contra el servicio militar obligatorio. Amnistía Internacional amparaba a los objetores de conciencia que eran encarcelados por ejercer la objeción una vez incorporados a filas. De hecho durante esa época, fueron al menos 13 objetores los únicos casos de españoles considerados presos de conciencia por la organización, es el caso de Miguel Rodríguez Méndez o Francesc Alexandra, ambos en 1987.

8. Tortura y malos tratos

Se han dado varios pasos importantes desde que Amnistía Internacional llevó a cabo la primera campaña mundial a favor de la erradicación de la tortura en 1972 con información de más de 70 países. En 1987 entró en vigor la Convención contra la Tortura, ratificada por 162 países y en 2014, la organización puso en marcha la campaña Stop Torturapara exigir medidas concretas contra una práctica que sigue muy extendida. Se consiguieron avances legislativos importantes en Nigeria, México o Uzbekistán; y en casos individuales, con la liberación de víctimas que, en muchos casos, habían sido condenadas por confesiones hechas bajo tortura.

Destacaron casos como es el de la mexicana Yecenia Armenta, que tras la presión internacional fue absuelta y salió de prisión en 2016 después de cuatro años presa. Había sido golpeada, semiasfixiada y violada hasta que reconoció haber participado en el asesinato de su esposo. También el de Erkin Musaev, un exalto cargo del Gobierno de Uzbekistán y trabajador de la ONU que fue torturado y condenado a 20 años de cárcel en 2007, acusado de espiar para un Estado miembro de la OTAN sin especificar y de utilizar indebidamente fondos de la ONU. La declaración de culpabilidad se basó en una confesión que se vio obligado a firmar por las amenazas que recibió su familia. Fue liberado en 2017. También sufrió los mismos abusos Moses Akatukba, detenido por robo cuando tenía 16 años. No solo fue brutalmente torturado por la policía en Nigeria, sino que además fue condenado a muerte.

9. Avances para víctimas del franquismo en Argentina y México

Pese a que en España se suceden los obstáculos para la investigación de crímenes de derecho internacional ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, otros países, en aplicación del principio de la jurisdicción universal, han iniciado investigaciones para abordar unos delitos a los que España no se quiere enfrentar. Argentina fue el país pionero en iniciar esta investigación, con la causa que se abrió en 2010, y aunque nuestro país se esté negando a colaborar, la causa sigue abierta. Por otro lado, en febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México admitió la denuncia presentada por Amnistía Internacional y por Ligia Ceballos Franco, quien hace unos años descubrió que podría haber sido una bebé robada en 1968 en España. Es la segunda causa abierta en el mundo sobre crímenes del franquismo. Amnistía Internacional y Ligia han presentado pruebas para la investigación que indicarán si se trata de un caso de desaparición forzada.

10. Empresas

Las empresas deben respetar los derechos humanos. Como la petrolera Shell, responsable de dos vertidos en 2008 que contaminaron en el Delta del Níger. En 2009, Amnistía Internacional la acusó de haber destruido el medio de vida miles de personas. Cuatro años después, un afectado logró ser indemnizado por daños. En 2015, la compañía pagó 55 millones de libras esterlinas a la comunidad de Bodo en un acuerdo extrajudicial.

En Nauru y Manus (océano Pacífico central) la empresa española Ferrovial gestionaba en 2017 a través de su filial Broadspectrum dos centros de personas refugiadas, a las que envía el Gobierno australiano en contra de su voluntad. Malviven allí aproximadamente unas 1.000 personas con una atención médica inadecuada, sufriendo humillaciones y abusos, a lo que se suman los efectos psicológicos del encierro en una isla remota. Amnistía Internacional denunció esta situación e hizo campaña para que Ferrovial abandonara la gestión de los centros. También la ONU exigió su cierre y finalmente el contrato de Ferrovial con el Gobierno australiano expiró el 31 de octubre de 2017 . No fue renovado.

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