Cavallo será entregado a Argentina para ser juzgado por genocidio

La Audiencia Nacional decidió ayer no atender las peticiones de la fiscalía ni las de las acusaciones particulares y populares y autorizó la entrega a Argentina del represor Ricardo Cavallo, más conocido como Sérpico, para ser juzgado por genocidio.

La decisión causó conmoción entre las víctimas del militar argentino, que esperaban que la justicia española diera respuesta a sus pretensiones y se pudiera juzgar a Cavallo en España por crímenes contra la Humanidad, igual que se hizo con su colega Adolfo Scilingo, condenado a 1.084 años de cárcel por actos similares. La acusación contra Cavallo recurrirá al Supremo la decisión y pide que se paralice la entrega.

El caso estaba ya listo para ser juzgado en España porque la investigación de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas había concluido y como argumentó la fiscal Dolores Delgado, el Supremo había establecido la competencia de los tribunales españoles. Por ello solicitó que Cavallo fuera juzgado en España y luego extraditado.

Archivo del caso

Sin embargo, la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara e integrada por Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, decidió archivar el caso contra Cavallo en España y que éste sea juzgado en Argentina por considerar que debe tener prioridad a la hora del juicio el lugar en el que se cometieron los delitos.

El tribunal argumenta que existen otros procesados en el sumario que se tramita en Argentina contra Cavallo y que es necesaria la unidad a la hora de juzgarlos. Y todo ello, teniendo en cuenta que nadie debe ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Cavallo fue detenido el 24 de agosto de 1990 en México, tras ser reconocido por una de sus víctimas. El juez Garzón le procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, presuntamente cometidos entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar, y especialmente a partir de 1979, cuando dirigió el Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

El magistrado, que reclamó su extradición, le imputó haber tenido responsabilidad en 227 de los 248 secuestros de personas que siguen desaparecidas y que se atribuyen a la ESMA. Y le achacó haber participado en 110 de los 128 casos de detenidos ilegalmente y luego liberados.