El activista contra los abortos forzados

Chen Guangcheng es sin duda una rareza en un país que durante tres décadas ha loado una riqueza que deja en la cuneta a los eslabones más débiles de la sociedad china. “Enriquecerse es glorioso”, dijo en 1982 el llamado “arquitecto de la reforma”, Deng Xiaoping para convencer a sus conciudadanos de la muerte del maoísmo y del nacimiento de un capitalismo salvaje con el que China se ha alzado como segunda potencia económica mundial. Chen, que ha sacudido los cimientos de las relaciones entre los dos grandes poderes del siglo XXI, empezó su activismo defendiendo a los discapacitados, a los campesinos frente a las autoridades corruptas y a las embarazadas obligadas a abortar y a esterilizaciones forzosas para cumplir con la política de una familia un hijo.

Su empeño en mediar en los conflictos y asesorar a quienes no tenían medios para iniciar un proceso legal, le valió que le llamaran el abogado, la profesión que él admira, pese a que la figura del abogado defensor sigue siendo un espantajo en el sistema jurídico chino. Chen se ha formado en leyes como autodidacta y ahora confía en viajar a EE UU para ir a la universidad.

Nacido en 1971, en plena Revolución Cultural, en el distrito rural de Linyi, de la oriental provincia de Shandong, Chen perdió la vista en la niñez, lo que le impidió ir a la escuela. Fue analfabeto hasta que ya adulto, en 1994, pudo ir a al colegio para ciegos en Qingdao, la principal ciudad de la provincia, donde permaneció cuatro años. Diversos medios señalan que posteriormente estudió un par de cursos en la Universidad de Medicina Tradicional de Nanjing. Volvió a su provincia natal de Shandong en 2001.

Desde muy joven, Chen defendió a los que, como él, padecían una discapacidad. Con el país empeñado en la reforma del sistema, los discapacitados eran tratados casi como apestados. Chen trató de conseguirles distintos beneficios y apoyos para su formación e integración en la sociedad.

No tuvo problemas serios hasta que en junio de 2005 denunció que las autoridades locales de Shandong realizaban abortos forzosos a mujeres en avanzado estado de gestación y esterilizaciones para cumplir las cifras de población que les que exigía el Gobierno central. Su informe, dirigido a Pekín para que el Gobierno actuara contra esos funcionarios, le valió la ira de estos y el apoyo de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Dos meses después fue sometido, junto a su familia, a arresto domiciliario y justo un año después, en junio de 2006, fue acusado de interumpir el tráfico y dañar la propiedad privada. En un juicio de dos horas, con un letrado de oficio porque sus tres abogados acababan de ser detenidos, fue condenado a cuatro años de cárcel.

Aunque salió libre en 2010, las autoridades de Shandong le confinaron con su familia en una casa de la aldea de Dongshigu, sin salir ni recibir a nadie y vigilado por un centenar de agentes. Tras fingirse enfermo durante días, el 22 de abril se escapó mientras su guardianes dormían. Trasladado a Pekín en coche por una activista amiga, distintos disidentes le convencieron de refugiarse en la Embajada de EE UU, donde entró el 27 de abril y permaneció seis días. Salió dispuesto a permanecer en China, pero cuando su esposa le contó las amenazas recibidas, decidió que hora de irse.