Big Data contra la pesca ilegal

Los desmanes pesqueros imponen una presión intolerable sobre un bien común cada vez más escaso. De acuerdo con las estimaciones más recientes de la FAO, un tercio de los caladeros mundiales están sobreexplotados y otro 60 % se encuentra al límite de sus capacidades. La magnitud de los recursos desviados por la llamada pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se acerca a los 40.000 millones de dólares anuales, según WWF, buena parte de los cuales son un robo directo a los países pobres. Para las naciones costeras con instituciones y mecanismos de control más débiles, la pesca ilegal erosiona los medios de vida de los ciudadanos y los ingresos de los Estados, además de amenazar gravemente los recursos naturales de los que dependen.

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Solo para África occidental, se ha estimado que la factura que pagan seis de los países con ingresos per cápita más bajos del planeta ronda cada año los 2.300 millones de dólares, el 15 % de su PIB agregado.

Ante este panorama, la sofisticación y expansión de los mecanismos de control se ha convertido en una prioridad para las organizaciones públicas y privadas que batallan en este campo. El uso de las herramientas de big data ha permitido un avance sin precedentes a la hora de contestar dos preguntas fundamentales para cualquier actuación: ¿quiénes son los barcos? y ¿qué están haciendo en cada momento?

Un reciente informe del Overseas Development Institute (ODI) ofrece una interesante perspectiva de estas herramientas. De acuerdo con sus autores (Miren Gutiérrez, Alfonso Daniels y Guy Jobbins), las organizaciones privadas están siendo más rápidas y eficaces que los gobiernos a la hora de aprovechar las oportunidades que ofrecen los datos. Cinco actores – dos empresas y tres entidades sin ánimo de lucro– están revolucionando este campo con su capacidad para monitorear y analizar la información procedente de los movimientos de los barcos.

Los valores añadidos de estas organizaciones son en cierto modo complementarios: “La capacidad de FishSpektrum para analizar e identificar embarcaciones individuales; el enfoque analítico en tiempo real de OceanMind; las capacidades computacionales de Global Fishing Watch; el mapeo que Navama realiza de las cadenas de aprovisionamiento; o la atención de TM Tracking a los aspectos organizativos de la actividad criminal en la pesca internacional: todos ellos tocan asuntos diferentes y fundamentales de este reto”.

En el papel del ODI encontrarán un análisis sucinto pero pedagógico de las dificultades que tenemos por delante. Algunas –como el hecho de que menos del 2 % de los navíos están obligados a incorporar sistemas de identificación automática– impiden saber dónde está un barco e inferir qué está haciendo. Otras –como la dispersión de bases de datos de navíos en categorías geográficas, técnicas o sectoriales– dificultan la disponibilidad y calidad de los datos, y por lo tanto las posibilidades de actuar legalmente sobre la base de ellos.

Pero resulta indudable que el camino hacia adelante pasa en parte por aquí. Los autores mencionan precedentes ilusionantes en otros asuntos igualmente enrevesados, como el de la minería o los grandes episodios de contaminación. Se puede esperar de estas organizaciones que, a pesar de competir entre ellas, colaboren en tareas comunes de interés público. Pero lo primero que hay que hacer es exigir a las autoridades internacionales y a quienes las influyen que establezcan las normas e incentivos necesarios para liberar el potencial de estos datos: desde la consolidación de listas de navíos involucrados en operaciones ilegales hasta la creación de una base de datos única y homogénea que cubra todas las embarcaciones pesqueras que operan en el planeta. Si esperamos, pronto puede ser demasiado tarde.