Cambio precipitado

 La política social del Gobierno está presionada en estos momentos por varios factores de muy difícil conciliación. Por una parte, la carga de los costes del desempleo es demasiado pesada para una Administración obligada a practicar recortes del gasto cada vez más drásticos; por otra parte, el sistema de pensiones se debilita por momentos debido a la caída de la afiliación, el desbordamiento del paro y el aumento de las jubilaciones y prejubilaciones; y, por último, el Ejecutivo camina sobre el alambre de la exigencia comunitaria de adelantar la fijación de la edad de jubilación en los 67 años desde el año 2027, prevista inicialmente, hasta algún ejercicio de esta misma década. El Gobierno no acepta la tesis comunitaria de adelantar el imperativo legal, pero, a cambio, se propone que la edad real de jubilación de los trabajadores se retrase por la vía de los hechos y ese es el sentido del decreto ley anunciado ayer.

Entre otras cosas, la nueva norma favorece las regulaciones de empleo que incluyan pocos trabajadores mayores de 50 años, pero endurece las condiciones para las jubilaciones voluntaria, forzosa y parcial —el Gobierno exige más años cotizados, edades más avanzadas según una aproximación paulatina cada año a los 67 finales—, permite la compatibilidad de la pensión con un trabajo por cuenta propia o ajena y recorta el subsidio de desempleo a los trabajadores mayores de 55 años en el caso de que la unidad familiar disponga de un determinado nivel de rentas. La finalidad de las medidas está bien clara: por una parte, cumplen las exigencias comunitarias y fuerzan a los trabajadores a demorar las fechas de jubilación; por otra, recortan las cargas públicas derivadas del enorme volumen de desempleo, cuyos costes, en contra de las previsiones oficiales, no dejan de crecer.

Ahora bien, las decisiones de ayer constituyen un movimiento precipitado sobre una decisión crucial, que es el cálculo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, es decir, edad de jubilación, años de cotización e importe de la pensión. Como ese factor no se conoce todavía (la ministra Báñez anunció que será fijado por un comité de expertos y se dará a conocer durante este semestre) sucederá probablemente que la legislación social entrará en un periodo de confusión cuyo efecto probable es el aumento de la litigiosidad. Es decir, veneno para la estabilidad de las empresas.

Es muy dudoso que las disposiciones del Consejo mitiguen el problema de las pensiones. Se limitan a poner sobre el papel lo que los expertos y la propia Comisión Europea recomiendan, que es aplazar la edad de jubilación. Pero como el Gobierno no quiere pagar el coste político de la reforma en profundidad de las pensiones, en lugar de un cambio equilibrado está trasladando a los trabajadores la decisión de aplazar su jubilación y empujando a las empresas a un escenario de riesgo jurídico. Era más sencillo, más rentable para las arcas públicas y más tranquilizador para todos imponer una edad de jubilación a los 67 años en 2017 o 2018.