La tercera reunión de los agentes sociales y Trabajo sobre la reducción de jornada termina sin acuerdo

La primera reunión sobre la reducción de jornada, el principal eslogan del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, se cerró el 25 de enero con deberes autoimpuestos para sindicatos y patronales. Ambas partes propusieron mantener una negociación paralela en la que definirían los detalles sobre cómo ejecutar el recorte de la jornada ordinaria. El Gobierno aceptó ese planteamiento y, a la vez, mantuvo abierto el diálogo tripartito para aportar su punto de vista. Hubo una segunda reunión en el ministerio el 19 de febrero y este jueves se ha celebrado la tercera, a la que los agentes sociales llegaron sin acuerdos sustanciales alcanzados por su cuenta. Este encuentro con la participación de Trabajo no ha cambiado las cosas, y al término del mismo ni siquiera han comparecido los sindicatos, que suelen hacerlo, para ofrecer su valoración de la reunión. Pero el acuerdo puede tomar impulso en breve: una vez logrado el acuerdo para reformar el subsidio de paro, el departamento de Yolanda Díaz prioriza esta negociación.

El compromiso de PSOE y Sumar es recortar la jornada ordinaria de 40 horas semanales a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. El pacto de Gobierno no especifica en qué momento del año aprobarían el cambio, pero la idea con la que trabaja el ministerio es que fructifique antes del verano. En febrero, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, planteó que el cómputo debería ser anual y también propuso prohibir los registros diarios de jornada en papel. Es decir, obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a que dicho registro sea siempre telemático y que permita el acceso remoto de la Inspección.

Este tema se ha vuelto a tratar en la mesa de diálogo de este jueves, según ha explicado UGT en una resumen enviado a los medios, en el que también ha destacado que la conversación entre sindicatos y empresarios proseguirá de forma paralela al diálogo tripartito que plantea Trabajo. También ha indicado que se ha hablado de cómo concretar la reducción en los convenios.

Las partes han llegado a la mesa con pocas esperanza de avanzar, tanto por la falta de acuerdo en el diálogo bipartito entre sindicatos y patronal como por las fechas de la reunión, en plena campaña de las elecciones europeas. Tampoco es el mejor momento en la relación del departamento de Díaz con los agentes sociales. Tanto los empresarios como los sindicatos expresaron su malestar por la reciente aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos, una concesión del PSOE al PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Y tampoco gustó el cambio en la normativa del Consejo Económico y Social (CES) por el cual las patronales autonómicas podrán participar en él, lo que abre la puerta a la catalana Pimec, más independiente respecto a CEOE.

Precisamente han sido los empresarios los que más han insistido en que la negociación sobre la reducción de jornada se debería limitar a ellos y los sindicatos, sin la presencia del Ejecutivo. Los representantes de los empresarios defienden que en los sectores más productivos ya se ha recortado la jornada y se puede seguir contrayendo: de ahí que cuatro de cada diez convenios cuyos datos conoce Trabajo establezcan jornadas de 38,5 horas o menos.

“Tengo la absoluta certeza de que hay suficientes elementos para que finalmente este sea un tema que pueda acabar con acuerdo”, dijo el líder de UGT, Pepe Álvarez, a principios de mayo. Entonces anticipó que junio será el mes clave para la resolución de este asunto.

Amplio respaldo

La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar goza de un amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles la apoyan, según una encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La proporción de apoyo es la misma si se pregunta por ir más allá, con un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más abogan por esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes de PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.

Según cálculos de CC OO, la reducción de jornada a 37,5 horas beneficiaría a unos 13 millones de trabajadores. Asimismo, a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, el sindicato identifica que el recorte de horas beneficiaría más a hombres que a mujeres; que las comunidades con mayor porción de empleados afectados serían La Rioja y Castilla-La Mancha; y que, por sectores, donde más se dejaría sentir sería en construcción e industria.

Este cambio en la normativa laboral exige al Gobierno lograr el acuerdo de una mayoría parlamentaria. Es decir, pacte lo que pacte el Ejecutivo con los representantes de trabajadores y empresarios, después tendrá que lograr la aceptación de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral, Junts y PNV. Este jueves la falta de respaldo de estos partidos dio al traste con una propuesta parlamentaria de Sumar para que las mesas de negociación colectiva cuenten con más información fidedigna, procedente del Observatorio de Márgenes Empresarias.

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