Trabajo quiere eliminar el registro de jornada en papel y garantizar el acceso remoto de la Inspección a los datos horarios

La negociación entre el Gobierno y los interlocutores sociales para recortar la jornada máxima legal a 37,5 horas ha vivido este lunes un nuevo capítulo en el que el Ministerio de Trabajo ha propuesto a patronal y sindicatos novedades concretas para el registro horario diario de los trabajadores, que es obligatorio para todas las empresas desde mayo de 2019. En concreto, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado a los negociadores la propuesta formal de recortar la jornada en dos fases: en 2024 a 38,5 horas y a partir de 2025 ya definitivamente “a 37,5 horas en cómputo anual”. Además, ha comunicado la intención del Gobierno de eliminar la posibilidad de que el registro diario de jornada se haga en papel y obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a que dicho registro sea siempre telemático y que permita el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos ahí recogidos.

Los sindicatos, por su parte, han reclamado al Ministerio que la eliminación del papel para registrar la jornada diaria se apruebe también para las empresas de menos de 50 trabajadores, aunque en este caso se haga con “más flexibilidad”, según ha dicho el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. El número dos de este sindicato ha recordado que la ley española debe obligar a todas las empresas independientemente de su tamaño a tener un registro de jornada diario “accesible, objetivo y fiable”, tal y como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y eso solo puede realizarse con sistemas telemáticos. Será en el diálogo social donde se negociará la implantación progresiva de esta nueva exigencia relacionada con el registro.

“Tenemos que lograr —ha dicho la mano derecha de Yolanda Díaz— que el registro horario y los asientos que se hagan en él no sean manipulables y tendremos que tender a que sean también accesible de manera remota e inmediata para la Inspección de Trabajo. El Gobierno está firmemente comprometido a que el registro cumpla con las exigencias de la UE”. Y ha añadido: “Los detalles hay que pulirlos; habrá que dar un plazo, con flexibilidad para las empresas con más problemas, y trabajar en las herramientas que se vayan a usar. Hay que quitar el papel, que es fácilmente manipulable y difícil de custodiar”

Además, Pérez Rey ha trasladado a los interlocutores sociales una propuesta para “reforzar el aparato sancionador” de la Inspección en materia de incumplimientos de registro horario “para que sea eficaz y suficientemente disuasorio”, algo que según ha explicado, no cumplen las multas actuales. En concreto, además de elevar la cuantía de dichas sanciones, Trabajo quiere que, como ocurre con el régimen sancionador en materia de temporalidad, las multas que se impongan a la empresa sean por cada uno de los trabajadores con los que se ha incumplido el registro y no una sola sanción para toda la empresa. Este cambio sería el que realmente encarecería las sanciones a las compañías infractoras.

En cuanto al recorte de la jornada laboral, los negociadores sindicales han especificado que no ha habido novedades en la reunión de este lunes, más allá de los anuncios concretos en la propuesta del Gobierno para el registro horario, que se recogerá en un nuevo artículo 34 bis del Estatuto de los Trabajadores, en el que también se incluirá probablemente una nueva regulación para el control de las horas complementarias del empleo a tiempo parcial. Así, tanto desde Trabajo y desde los sindicatos (los responsables patronales no han comparecido tras la reunión) han indicado “seguirán los ámbitos bipartitos de negociación (entre patronal y sindicatos) y también el tripartito (que incluye al Gobierno”.

Así, aunque no se han puesto plazos para acordar cómo se despliega este recorte de jornada, sí se habla de pocos meses para que se apruebe en el ámbito parlamentario y las 38,5 horas de jornada máxima legal en computo anual estén ya vigentes antes de que termine 2024. En este sentido, patronal y sindicatos han abierto las negociaciones a cuestiones relacionadas con la distribución horaria del tiempo de trabajo como son los descansos, las horas extra, o los permisos de conciliación.

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