Luz, taquígrafos y mejores salarios

Hace unas semanas el presidente de CEOE proponía para que los trabajadores fueran conscientes de lo mucho que se “llevaba” Hacienda y la Seguridad Social, ingresarles todo el coste laboral y que fueran ellos los que abonaran después el pago de sus impuestos y cotizaciones. El señor Garamendi se apuntaba así al populismo trumpista y mileista de “los empresarios no pagan bajos salarios, es el Estado el que te roba”. No fueron las declaraciones de un mal día, pues poco tiempo después pudimos verle en una foto con un Milei de visita incendiaria por España.

Sin embargo y a pesar de las declaraciones populistas del presidente de la patronal, los salarios en España son bajos no porque los impuestos o las cotizaciones sean altos, sino porque los trabajadores cada vez participan menos del producto de su trabajo. Esta tendencia viene de lejos y tiene detrás varias razones entre las que destacan la pérdida de poder de negociación de los asalariados. Entre sus causas sobresalen la fragmentación de los procesos de producción mediante contratas y subcontratas, y el empeño de los bancos centrales, desde la crisis inflacionista de los años setenta, en erosionar la norma laboral para debilitar la posición negociadora de los trabajadores con el fin de evitar espirales de precios.

El último hito de esta estrategia en España fue la reforma laboral del Partido Popular en 2012 que se diseñó para provocar una profunda devaluación salarial que hizo recaer sobre las espaldas de los asalariados las políticas de austeridad impuestas desde Bruselas y abrazadas por el gobierno del PP. Como resultado, un salario mensual de 1.600 euros en 2008 redujo su poder de compra a 1.500 euros en 2018 mientras que, en paralelo, el valor real medio producido por cada trabajador se elevaba de 4.100 euros mensuales a 4.670 euros. A esta devaluación se ha sumado la crisis de inflación que se desató tras la salida de la pandemia y que aceleró la especulación desatada por la guerra de Ucrania en los mercados de energía y materias primas.

El resultado ha sido que el poder de compra de los salarios ha seguido cayendo hasta los 1.400 euros. En paralelo, los beneficios de las empresas se han disparado según el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) del Banco de España y la AEAT. Las empresas han trasladado todo el aumento del coste de la energía y las materias primas a los precios de consumo, provocando un fuerte efecto de segunda ronda sobre la inflación. Pero cuando estos costes se han relajado, los precios han permanecido rígidos a la baja y la pérdida de poder de compra de los salarios se ha hecho estructural, sin que el gran esfuerzo hecho por las centrales sindicales en movilizaciones haya podido compensarla.

Ante esta situación se impone la intervención gubernamental para corregir este fallo del mercado en el reparto equilibrado de la renta y los esfuerzos para domeñar la inflación. Entre las medidas pactadas por el Gobierno de coalición con este fin está llevar la información incluida en el OME a las mesas de negociación de los convenios colectivos sectoriales. Por primera vez los convenios se negociarían con una información económica oficial, actual, completa, simétrica para las dos partes que negocian y a medida de cada convenio. Esto significaría un salto cualitativo, pues hasta la fecha los convenios se negocian con datos parciales, lo que ha devenido en pérdidas permanentes para los trabajadores. Vamos a dar luz y taquígrafos a la negociación colectiva para mejorar los salarios y desenmascarar de paso los falsos chivos expiatorios.

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