El Gobierno facilitará a los productores de cava acceder a uva no calificada para paliar los efectos de la sequía, que ya afecta al empleo con el ERTE de Freixenet

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, facilitará al Consejo Regulador del Cava el acceso a uva que no esté calificada en los registros de la Denominación de Origen Protegida (DOP) dentro de sus zonas productivas, con el objetivo de elevar el abastecimiento y paliar los efectos que la sequía está provocando en estas áreas. Así lo ha confirmado este martes el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, que ha remarcado que la propuesta llega del propio Consejo Regulador, que aprobó esta y otras medidas en su pleno de la semana pasada. Este también ha desvelado una futura reunión con los responsables de Freixenet, tras el anuncio este lunes de un ERTE para 615 trabajadores ligado a la caída de la producción por la sequía.

El planteamiento pasa por el uso de viñas que, estando en los terrenos de la Denominación de Origen, en la actualidad no estén calificadas para la elaboración de cavas bajo la etiqueta de la DOP porque, por ejemplo, se haya destinado su uso para otros tipos de elaboración. Según Miranda, las bodegas “tienen margen para incrementar su capacidad y su potencial productivo. Lo que queremos es que nos presenten una propuesta. Queremos ser proactivos y facilitar la toma de decisiones para que se ejecuten de forma rápida”. Agricultura debe validar en última instancia los cambios en los criterios de elaboración de las Denominaciones de Origen, como el planteado ahora con el cava.

El presidente del Consejo Regulador de la D.O. Cava, Javier Pagés, ya explicó hace un mes que estaban estudiando la creación de una herramienta para contar con reservas de vino base ante la sequía que asola actualmente a las zonas productivas, y ante un clima que en el futuro no parece que vaya a dar tregua. Y en un mes se han materializado las medidas: el pasado jueves, el pleno del Consejo Regulador aprobó por unanimidad tres medidas. La primera es que aquellas explotaciones de la D.O. que tengan capacidad, aumenten su producción hasta 15.000 kg por hectárea, 3.000 más de los que normalmente tienen permitido. Este excedente irá al fondo de provisión de vino base. La segunda medida es que se permitirá que el prensado de la uva pase del 63% al 75%, y que esta diferencia también vaya a las reservas. Y la última es usar para el fondo de vino base la uva de viñas que no estén clasificadas como D.O. pero que estén dentro de los terrenos de esta denominación de origen. En cualquier caso, no se podrá usar para este fin más de un 15% de la uva no calificada.

Las tres medidas, según detallan fuentes del Consejo Regulador, serán para reservas de vino base que se usará solo para cava de guarda, el que exige un mínimo de crianza de nueve meses (quedan fuera los cavas de guarda superior como los reserva, gran reserva o paraje cualificado). Fuentes del Consejo Regulador han insistido en que “en ningún caso se usarán uvas que vengan de fuera de las áreas de la Denominación de Origen” y que estas medidas, que ya se pondrán en marcha en la cosecha de este año, representan un esfuerzo excepcional: “Se irá valorando su utilización en la elaboración del cava en función de cómo vayan las cosechas cada año”. La sequía ha hecho que las bodegas de la D.O. Cava de Cataluña hayan visto reducida su producción de uva un 37,8% en los últimos tres años.

El portavoz de Agricultura ha constatado la “fuerte demanda” que tiene el cava, a la que no se puede dar respuesta por la falta de materia prima. En 2023 alcanzó una cifra récord de ventas, con 252 millones de botellas, un 1% más que en el año anterior, gracias al fuerte tirón del mercado interior, pese a una caída de la producción del 0,33%.“Teniendo en cuenta que es un producto de altísima demanda, lo que queremos es tener alguna solución para que tengan mas capacidad de abastecimiento”, ha dicho el portavoz de Agricultura en la presentación del informe anual de la patronal de la industria alimentaria, FIAB.

El departamento que encabeza Luis Planas tiene previsto reunirse con los responsables de Freixenet para analizar su situación. La compañía, propiedad al 51% del grupo alemán Henkell, anunció este lunes un ERTE para 615 empleados, con efectos para toda la plantilla de Freixenet y Segura Viudas, y que pondrá en marcha en mayo. La causa, como reconoció la empresa, es la “grave sequía” que afecta a la zona del Penedès, donde se encuadra la bodega y que supone el 95% de la producción de esta variedad vinícola en España.

El sindicato CC OO ha exigido este martes a la dirección de Freixenet “la retirada del expediente y que se siente de forma inmediata a negociar con la representación de los trabajadores y trabajadoras las medidas oportunas para afrontar la situación actual del sector, salvaguardando el empleo”. Fernando Miranda ha confiado en que la medida sea “coyuntural”, y que el acceso a más materia prima permita recuperar los niveles de producción y empleo. Raventós Codorníu, otro de los grandes grupos del sector, ha asegurado este martes a Efe que no aplicará ningún ERTE ya que “la elaboración del cava y su distribución está asegurada para los próximos años”.

Las zonas del cava bajo el Consejo Regulador se elevan a cuatro: los llamados Comtats de Barcelona, en la zona de Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d’Anoia, principal foco productor; el valle del Ebro; los viñedos de Almendralejo, en Extremadura; y la zona de Requena, en la provincia de Valencia.

Como fórmula para paliar el impacto de las sequías, FIAB ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar aguas reutilizadas en la industria de la alimentación y bebidas, para labores como limpieza de superficies, objetos o materiales que puedan estar en contacto con alimentos. Según sus cálculos, esto permitiría ahorros de hasta el 25% en la extracción de agua. “El Ministerio de Agricultura apoya esta posibilidad en un escenario de escasez”, ha dicho Fernando Miranda.

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