La inflación aviva la desigualdad: golpea un 30% más a los hogares con menos ingresos

La inflación se suele comparar a un impuesto silencioso que erosiona la capacidad de compra, máxime cuando los precios crecen muy por encima de los salarios, como lleva ocurriendo de forma imparable en los últimos meses. El resultado es que está más caro todo, pero no para todos con la misma intensidad. Entre enero y mayo, el poder adquisitivo de los hogares más pobres se ha reducido un 30% más que el de los más ricos. Las clases medias también están sufriendo el golpe: su capacidad de ahorro ya no aguanta los mismos niveles de consumo.

Esta es una de las conclusiones del informe La Desigualdad no se va de vacaciones, publicado este miércoles por Oxfam Intermón, que alerta sobre un aumento de la desigualdad. Cuando parecía verse la luz al final del túnel de la pandemia, la guerra en Ucrania ha dado otra estocada a la economía provocando un sinfín de desajustes que se están cebando con las clases más bajas. Ahora, lo más acuciante es el alza de los precios energéticos, que pese a las medidas de alivio puestas en marcha por el Gobierno ―como el tope al gas, la bonificación a los carburantes y la reducción de la fiscalidad― continúan su escalada y ya han contagiado el resto de la cesta de la compra.

Entre enero y mayo, los precios subieron un 8,1% de media, de acuerdo con el INE, y se dispararon un 10,2% en junio, la mayor alza en 37 años, con una inflación subyacente ―que no incluye energía y alimentos, los elementos más volátiles― del 5,5%. La consecuencia de estos repuntes es que hay que gastar más para mantener el mismo patrón de consumo. Entre enero y mayo, el encarecimiento ha sido de un 11% para los hogares más acomodados, y de un 14% para los más humildes. “Los intensos aumentos de precios afectan de un modo más intenso a los hogares con menor renta, pues deben destinar una mayor parte de sus limitados ingresos a aquellos productos que más se encarecen, esto es, la electricidad, el gas, los carburantes y los alimentos”, asevera el informe de la ONG.

Es suficiente con echar un vistazo a la variación anual de los precios de las distintas categorías de bienes y servicios: la que engloba vivienda y suministros ―agua, electricidad, gas y otros combustibles― repuntó un 17,5% en mayo en comparación con el mismo periodo de 2021 ―el índice general lo hizo un 8,7% ese mes―, el transporte un 14,9%, y un 11% los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Son todos productos de primera necesidad, “difícilmente sustituibles”, que los hogares con menores ingresos consumen en una mayor proporción de su renta y que han llegado a experimentar subidas de hasta el 30% en función del mes. En cambio, el encarecimiento de restaurantes y hoteles u ocio y cultura fue en mayo del 6,3% y 2,3%, respectivamente. “Un hogar puede renunciar a irse de vacaciones, pero difícilmente puede renunciar a encender la calefacción durante el invierno o a comprar fruta y verdura fresca si quiere mantener una dieta mínimamente saludable”, abunda el informe.

Destaca la losa que supone el encarecimiento de electricidad, gas y carburantes. El decil con menores ingresos ―menos de 6.600 euros― destinó en el primer trimestre del año casi un 35% de su renta, de media, a pagar las facturas energéticas, más del doble que el año anterior ―un 10,7% en el caso del decil de más ingresos, que también ha registrado un repunte muy intenso―. Es más: cerca uno de cada cinco hogares que conforman el segmento más pobre usó más de la mitad de sus ingresos para pagar la factura energética, y el golpe parece haber embestido también a muchos hogares con mayores ingresos.

La inflación también reduce la capacidad de ahorro, y no solo de los hogares más pobres. “Si antes de la subida de precios casi la mitad de los hogares españoles podía ahorrar (hogares dentro de los cinco deciles con mayores ingresos), tras la subida de precios, estimamos que tan solo tres de cada diez hogares pueden hacerlo”, resume el informe, que señala como este dato podría traducirse en un aumento de la brecha entre ricos y pobres.

Respuesta a la emergencia

Tanto la pandemia como la crisis energética están golpeando con vehemencia a unos y beneficiando a otros: los milmillonarios han aumentado desde el inicio de la crisis sanitaria, y determinados sectores económicos ha engordado sus beneficios. Entre ellos están las compañías energéticas: las ganancias de las cuatro mayores empresas españolas crecieron de manera conjunta un 34% entre 2020 y 2021. Por ello, Oxfam propone gravar los llamados beneficios caídos del cielo, medida que el Gobierno ha prometido implementar, y aplicarla también a otros sectores con beneficios récord, como farmacéuticas o tecnológicas.

Esta es una de las 12 medidas que recomienda la ONG para hacer frente a la emergencia y proteger a los más vulnerables. También sugiere, en el corto plazo, mejorar el acceso y cuantía del ingreso mínimo vital y los mecanismos de apoyo de solvencia a las pymes y autónomos, poniendo el acento en la transición energética. Las demás medidas abarcan distintos aspectos, desde la mejora de las prestaciones sociales a una política de rentas que prime los sueldos más bajos, el fomento del empleo, la subida del salario mínimo o la mejora de las políticas de cuidado, de integración y asilo. Asimismo, sugiere cambios fiscales como la armonización del impuesto sobre el patrimonio o la inclusión de un nuevo tramo del IRPF para rentas altas.

“La inflación sí entiende de clases sociales. El impacto de la subida de precios es fundamentalmente diferencial, y esto es importante para intentar pensar qué tipo de medidas necesitamos”, señala Ernesto García, coordinador de Recuperación Justa del Programa Desigualdad Cero de Oxfam. “Creemos que hay que desarrollar medidas tanto a corto como a medio plazo, porque no se trata solo de resistir el impacto sino de avanzar en un modelo más justo y sostenible”.