La pandemia lleva el porcentaje de personas que viven con carencias materiales severas a un récord del 7,3%

Pobreza y desigualdad no son sinónimos, pero son dos conceptos que están estrechamente vinculados y cuya corrección se ha visto truncada por la pandemia. En 2021, con la actividad aún a medio gas por las sucesivas olas de contagios, el porcentaje de residentes con carencias materiales severas alcanzó el 7,3%, frente al 7% del año anterior, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este miércoles. Se trata un porcentaje aún más elevado que el anterior máximo del 7,1%, que se tocó en 2014 provocado por las secuelas de la Gran Recesión y en niveles de desempleo récord.

Esta encuesta ofrece un muestrario de datos para medir las dificultades económicas que afrontan los hogares españoles. En 2021, un 2,3% de la población, cerca de un millón de personas, estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, sufría carencia material y social severa y tenía una baja intensidad en el empleo (trabajó menos del 20% de horas de las que podía).

Hogares con carencias materiales severas son aquellos que no pueden permitirse a la vez realizar determinadas actividades y adquirir ciertos servicios o bienes. Por ejemplo, irse de vacaciones al menos una semana al año; comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada o afrontar gastos imprevistos. El INE, en esta edición, ha ampliado el concepto, usando una gama más amplia de criterios, y ha incluido también el porcentaje de personas que vive en hogares con carencia material y social severa. Según sus estimaciones, el 8,3% de la población se reúne bajo este paraguas, un porcentaje que es dos décimas menor al año previo, aunque los datos de la encuesta muestran que pobreza y desigualdad aumentaron con la pandemia.

Uno de esos datos es la brecha entre el 20% de población con más ingresos y el 20% más humilde, que aumentó por primera vez desde 2014. Es decir, la desigualdad volvió a repuntar. Así también lo refleja el índice de Gini, el coeficiente que mide la desigualdad de los ingresos. En 2021 alcanzó los 33 puntos ―considerando que 0 es la total igualdad y 100 la máxima desigualdad―, nueve décimas más que el año anterior y la primera subida desde 2013, cuando tocó techo (34,7) por los estragos del crac financiero y la crisis de deuda. Desde entonces, había bajado de forma paulatina, en línea con la recuperación del PIB.

Estos últimos indicadores se construyen a partir de los ingresos de 2020, el ejercicio que mejor refleja el golpe económico y sanitario de la covid-19. Las medidas para hacer frente a la pandemia ―materializadas en cierres de actividad, confinamientos, etcétera...― han infligido un duro revés a la actividad, que aún no se ha recuperado del todo, pese el escudo social desplegado por el Gobierno que ha evitado daños mayores a las rentas de los hogares y al tejido productivo.

La emergencia sanitaria también ha elevado en siete décimas el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ―también considerados los ingresos de 2020― hasta el 21,7%, equivalente a más de 10 millones de residentes. Se trata del porcentaje más elevado en un lustro, que se ha materializado pese al diseño de mecanismos públicos como los ERTE o el ingreso mínimo vital. El incremento ha sido para todas las categorías de edad, salvo los mayores de 65 años, que experimentaron una reducción de 1,3 puntos. El repunte más acusado (1,2 puntos) lo sufrió la franja de entre 16 y 65 años. “El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población”, explica el INE.

De acuerdo con los criterios europeos, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por tipo de hogar. Es decir, se divide a la población en dos tras ordenarla de mayor a menor ingreso y los segmentos que estén por debajo de ese porcentaje se consideran en peligro. En 2021, el umbral para los hogares de una persona (calculado con datos de ingresos de 2020) fue 9.535 euros, un 0,9% menos que el estimado en el año anterior; de 20.024 para familias de dos adultos y dos menores de 14 años.

En cambio, el porcentaje de personas que acusó algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo estable, con un ligero descenso hasta el 44,9%, mientras que aumentó la proporción de residentes que en 2021 afirmó terminar el mes con mucha facilidad, de un 2,8% a un 3,8%.

Exclusión social

Todos estos indicadores sirven para diseñar la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope (del inglés At Risk Of Poverty or Social Exclusion), que creció en 2021 en ocho décimas (hasta el 27,8% de la población), pero sin tocar los máximos alcanzados con la Gran Recesión. Este indicador fue creado por la UE en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa, y se confecciona a partir de tres elementos: las personas en riesgo de pobreza, aquellas que sufren carencias materiales y las que tienen baja intensidad en el empleo. Este año, el INE aclara que los últimos dos componentes han sido modificados.

Si se considera a la población por tipo de actividad, el 58,6% de los parados estaba en riesgo de pobreza en 2021, frente al 17,9% de los ocupados. En ambos casos, ha habido un incremento de más de dos puntos en comparación con el año anterior.

Un reciente estudio sobre desigualdad publicado por el think tank EsadeEcPol subraya que las franjas más humildes y con empleos menos cualificados de la población aún no habían recuperado el nivel de ingresos previo al estallido de la crisis financiera cuando llegó la pandemia. Y apunta a que la emergencia sanitaria no solo ha frenado el proceso de convergencia. También ha provocado un aumento en la desigualdad de ingresos.