El Gobierno cambia de estrategia y aprobará una norma nacional para restringir la actividad de los VTC

El Gobierno ha hecho suyos los argumentos de sus socios parlamentarios de Podemos y los nacionalistas catalanes contra los VTC (vehículos de transporte concertado) que explotan plataformas como Cabify y Uber, y aprobará una normativa nacional que introducirá fuertes restricciones a la actividad de estas empresas, y que dará cobertura a las legislaciones ya vigentes en varias comunidades autónomas, según informan a este diario fuentes parlamentarias.

Hasta ahora, la postura del Ministerio de Transportes había sido la de lavarse las manos y transferir completamente las competencias en esta materia a las comunidades autónomas. De hecho, algunas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón o el País Vasco han aprobado normativas tan restrictivas que han hecho casi imposible el negocio de estos vehículos que operan en fuerte competencia con el taxi.

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Pero el departamento que dirige José Luis Ábalos está dispuesto a dar un giro de 180 grados en esta materia y aprobar una legislación nacional que sancione la actividad irregular de los VTC, una normativa de mínimos sobre la que las comunidades autónomas puedan, a su vez, introducir restricciones más duras.

Para ello, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos han introducido una enmienda en un proyecto de ley que no tiene nada que ver en principio con el asunto de las VTC, pero que dará amparo a las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas sobre aspectos como el tiempo mínimo de precontratación, limitaciones a la circulación, salidas desde garaje antes de cada viaje, obligación de llevar un registro y una hoja de ruta de cada trayecto, entre otras.

La enmienda, aprobada en el Congreso, se ha incorporado al “proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera” que se va a tramitar en el Senado, y que está previsto que entré en vigor a mediados de octubre tras su paso por el Congreso.

La nueva regulación se aplicaría a toda España, de modo que obligaría a cada una de las comunidades autónomas a aplicarla, si bien el detalle de cada limitación se delega en las autoridades regionales, permitiendo que aquellas más beligerantes contra estas plataformas mantengan sus restricciones actuales, y obligando al resto a ajustarse a la norma nacional.

Enmienda PSOE-Podemos

Así, la enmienda socialista añade un apartado 39 al artículo 140 de la LOTT para considerar “infracción muy grave” a toda una serie de prácticas de los VTC, siguiendo el modelo punitivo ya vigente en comunidades autónomas como Cataluña. De esta forma, se considera infracción muy grave “el inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”, según señala la enmienda del grupo socialista a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

También será sancionable el inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del titular de la autorización sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, aunque no se precisa ese tiempo mínimo, de forma que sean las comunidades autónomas las que lo regulen. Por ejemplo, Cataluña aprobó en enero de 2019 un tiempo mínimo de 15 minutos entre que el cliente pulsaba el botón de llamada en su app hasta que podía subirse al VTC, pero dejó vía libre a ayuntamientos como el de Barcelona y su zona metropolitana para que ampliaran este periodo (el área metropolitana de Barcelona lo intentó fijar en una hora, pero el intento fue paralizado en los tribunales). También el Ayuntamiento de Valencia acaba de aprobar una ordenanza que incluye el establecimiento de un mínimo de una hora.

Asimismo, se considera infracción máxima que el VTC circule para la búsqueda, recogida, o para propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio por la app en el tiempo previsto para la precontratación. O prestar un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a este exigidos por la legislación vigente al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre.

Por último, se sancionará el incumplimiento de las condiciones legales o reglamentariamente establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo, o que este no lleve a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio.

España contaba al cierre del mes de junio con 17.155 licencias de VTC, lo que supone que durante los seis primeros meses de 2021 dichas licencias aumentaron en 364, un 50% más que en todo el año 2020, cuando solo se añadieron 241 licencias debido al parón por la pandemia del coronavirus. Paralelamente, hay cerca de 64.000 licencias de taxi, aunque su concesión por los ayuntamientos está parada desde hace décadas, con el consiguiente mercado negro de venta de las mismas.

Oposición de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha opuesto reiteradamente a todas las normativas, tanto a escala nacional como regional, que han restringido la actividad de las VTC, e incluso ha recurrido en los tribunales las limitaciones a la actividad de los vehículos de alquiler con conductor incorporadas por el Gobierno.

La CNMC señala fundamentalmente tres obstáculos principales a la competencia: los límites cuantitativos a las licencias de VTC (actualmente 30 de taxi por cada una de VTC), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

La presión del sector del taxi, con grandes movilizaciones que se iniciaron en el verano de 2018, pero que se han prolongado en el tiempo, ha provocado que se aprueben normativas restrictivas sin parangón en toda Europa. La más significativa fue la de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, que motivó que Uber paralizara su actividad (ahora solo actúa como app de taxistas) en la capital catalana.