La Generalitat sanciona a Cabify y tres empresas afines por cesión ilegal de trabajadores

La multa impuesta por Inspección de Trabajo asciende a 735.000 euros, de los cuales 431.275 los tiene que pagar la app de transporte

Uno de los conductores de Cabify en Barcelona, en una imagen de archivo.
Uno de los conductores de Cabify en Barcelona, en una imagen de archivo.ALBERT GARCÍA

Las aplicaciones de transporte no levantan cabeza en Cataluña. En pleno conflicto entre el sector del taxi y estas plataformas por la vuelta de Uber a Barcelona, este miércoles ha sido la otra gran empresa del sector, Cabify, la que ha recibido un duro golpe. La Inspección de Trabajo de Cataluña, que depende del departamento de Trabajo que dirige el consejero Chakir El Homrani, ha levantado actas de sanción contra Cabify, dos empresas transportistas subcontratadas y una empresa de trabajo temporal (ETT), a las que acusan de un delito de cesión ilegal de trabajadores. La propuesta de sanción es de 735.000 euros en total, de los cuales 431.275 los tendrá que pagar Cabify, 243.745 cada una de las subcontratadas (las empresas de transporte López Rubio y Proinvertia) y 60.000 para la ETT (J.T. Hiring).

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Cabify opera en Cataluña como una aplicación de transporte mediante la que se pueden contratar coches con conductor para viajes cortos y con un precio cerrado de antemano, un servicio que hace la competencia al sector del taxi. Estos coches pueden ofrecer este servicio mediante las licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC). Cabify no tiene estos turismos en propiedad, sino que subcontrata flotas de coches que tienen estas licencias, y son estas las que contratan a los conductores.

Es en esta trama en la que se ha fijado la Inspección de Trabajo. Considera probado que existe cesión ilegal de trabajadores, una práctica que consiste en que una empresa contrata a empleados, pero estos trabajan directamente al servicio de otra compañía. Según afirma un comunicado del departamento de El Homrani, las dos empresas transportistas subcontratadas facilitaban mano de obra ilegal a Cabify, y la ETT se encargaba de formalizar los contratos de puesta a disposición fraudulentos. La cesión ilegal a partir de estas empresas afectaba a un total de 120 personas. Estos empleados trabajaban con condiciones inferiores (menos sueldo, vacaciones o permisos) que las que les corresponderían, porque se aplicaba un convenio colectivo inferior al que tendrían si hubiesen sido contratadas directamente por Cabify. La infracción es considerada como muy grave, y los trabajadores pueden pedir judicialmente ser contratados directamente por Cabify.

Un portavoz de la compañía asegura que las acusaciones de cesión ilegal de trabajadores “carecen de fundamento jurídico”, y que se presentarán alegaciones y recursos para defender el modelo de negocio de Cabify. “La compañía española de movilidad siempre ha actuado acorde a la legalidad, tanto en el servicio que ofrece como en la forma de prestarlo, a través de un modelo de éxito que puede exportarse a otros países o incluso a otros sectores de la economía”, indica.

No es la primera vez que la justicia para los pies a esta organización empresarial sobre la que Cabify sustenta su actividad. En mayo de 2019, un juzgado de Barcelona sentenció que la plataforma había operado hasta finales de enero de ese año (cuando la empresa decidió abandonar Barcelona) mediante un “grupo patológico de empresas”, según avanzó entonces El Periódico. El juez definió así el entramado de sociedades distintas en apariencia pero que funcionan todas al servicio de una sola.

Cabify, como Uber, dejó de operar en Barcelona en enero de 2019, cuando la Generalitat aprobó, después de una intensa huelga de taxistas, un decreto que limitaba la actividad de las VTC y blindaba al sector del taxi. Entre otras restricciones, la nueva norma obligaba a esperar 15 minutos para contratar un coche VTC, con el objetivo de diferenciar este servicio (pensado en origen para flotas privadas) del del taxi (que se basa en la inmediatez de la mano alzada y la parada en la calle). Las dos plataformas dejaron Barcelona, aunque Cabify volvió al cabo de unos meses con una fórmula de contrato de suscripción, según el cual solo se tiene que esperar un cuarto de hora la primera vez que usas la aplicación. Mientras Cabify continúa con su operativa mediante licencias VTC, Uber volvió la semana pasada solo como aplicación intermediaria para taxis, aunque la presión del sector y las dudas sobre el encaje legal de su propuesta han dejado en mínimos su estreno, y actualmente casi ningún taxista utiliza Uber como plataforma para captar clientes.

Sobre la firma

Josep Catà Figuls

Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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