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El TSJC suspende la norma que obliga a precontratar con una hora de antelación los servicios VTC

La sentencia suspende la norma municipal que iba a entrar en vigor el 15 de julio, pero no afecta a la restricción de 15 minutos de la Generalitat

Vehículos VTC aparcados en la diagonal durante la protesta de enero.
Vehículos VTC aparcados en la diagonal durante la protesta de enero.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido este miércoles cautelarmente parte del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El tribunal suspende, entre otros, el artículo que obliga a precontratar los servicios de empresas como Uber y Cabify con 60 minutos de antelación. Sin embargo, no entra a valorar el decreto en el que se basa el reglamento, y mantiene la vigencia de la precontratación de 15 minutos que estableció el Govern para desactivar las protestas de los taxistas.

El TSJC ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la asociación Luxury VTC y suspende varios artículos del reglamento de la AMB. La norma promovida por este ente supramunicipal, que representa a Barcelona y a 36 municipios de su alrededor, fue aprobada en mayo y debía entrar en vigor el próximo lunes. La AMB, que preside en funciones la alcaldesa Ada Colau, se basó en el decreto ley aprobado por la Generalitat en febrero, con el que el Govern desactivó la protesta de los taxistas. El tribunal, en su auto sobre las medidas cautelares, considera que no debe entrar a valorar el decreto catalán, por lo que la precontratación de 15 minutos sigue vigente.

Tanto los taxistas como la AMB han pedido prudencia al recibir la noticia y han celebrado que se mantenga un margen de precontratación. La principal asociación del sector, Elite Taxi, ha llamado a la calma y ha recordado que el auto del TSJC es solo una suspensión cautelar y parcial. Su portavoz, Alberto Tito Álvarez, muy alejado de las posiciones beligerantes que había mantenido en ocasiones anteriores, se ha mostrado resignado en un mensaje enviado a los taxistas: “Olvidaros de los 45 minutos adicionales, los van a tumbar, sería un milagro que no lo hicieran. Pero estoy contento, porque no hay ningún país que tenga una precontratación de 15 minutos”. También ha celebrado que el auto reconozca a la AMB como autoridad competente en materia de transporte. Sin embargo, ha anunciado que recurrirá la suspensión cautelar.

Por su parte, la teniente de alcalde de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha explicado que su departamento analizará jurídicamente y con el sector del taxi la suspensión cautelar. “Estas cautelares solo afectan a parte de la precontratación. Se sigue manteniendo la precontratación mínima de 15 minutos aprobada por el Govern. Ahora debemos actuar con criterio de prudencia y análisis jurídico para ver cómo respondemos mientras estamos a la espera de la sentencia”, ha dicho.

La normativa que gestiona la explotación de las VTC ha estado envuelta de polémica desde el inicio. Después de que una huelga de taxistas en julio de 2017 consiguiese que el Gobierno traspasase las competencias a las autonomías, el sector reclamó una norma más restrictiva a finales de enero con otra huelga y un bloqueo de la Gran Via de Barcelona que duró una semana, y que estuvo acompañado de manifestaciones violentas. El Govern cedió y fijó, entre otras cosas, una precontratación de 15 minutos de antelación. Tanto Uber como Cabify dejaron de operar en la ciudad como consecuencia del decreto, aunque Cabify regresó meses después con cambios en su aplicación para seguir operando.

En el auto, el TSJC también suspende el registro electrónico de la AMB, a través de la cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previsto prestar, demostrando que se cumple el tiempo de precontratación obligado.

El tribunal recuerda en su auto las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, que alertó de que parte del decreto de la Generalitat podía ser inconstitucional. La Autoridad Catalana de la Competencia también avisó de que la normativa atentaba contra la libertad de empresa.

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