España busca flexibilidad en Bruselas para evitar un ajuste de 8.000 millones

El Gobierno necesita margen para los próximos Presupuestos. Así que tratará de rebañar al máximo las reglas fiscales comunitarias para suavizar la senda de reducción del déficit este año y los dos próximos. La vicepresidenta Nadia Calviño se reunirá la semana que viene en Bruselas con los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni para abordar las posibilidades de relajar el ritmo al que se cierra el agujero de las cuentas públicas. Bruselas no quiere hacer comentarios antes de escuchar a Calviño, si bien fuentes comunitarias consideran que a España no le queda mucho margen para retrasar los ajustes.

La vicepresidenta económica dará cuenta el próximo lunes a sus socios europeos sobre las directrices del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según fuentes del Ministerio de Economía, Calviño no expondrá todavía a sus homólogos sus intenciones de pedir árnica para el recorte del déficit. Defenderá que “la disciplina presupuestaria y las reformas estructurales son compatibles con un crecimiento inclusivo”.

Y fuentes diplomáticas creen que no habrá apenas debate: España sigue creciendo y, aunque con mayor lentitud de la deseada, el déficit sigue reduciéndose. Será, pues, fuera del Consejo donde Calviño se verá con Dombrovskis y Gentiloni. La vicepresidenta quiere saber hasta dónde abrirá la mano Bruselas para fijar una nueva senda de déficit de cara a 2020 y los dos años siguientes.

En realidad el ajuste para 2020 ya fue aprobado por el Consejo de líderes europeos y, por lo tanto, no puede modificarse. Este exige medidas que reduzcan el déficit de manera permanente por valor del 0,65% del PIB, el equivalente a unos 8.000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno español sí que puede tratar de apurar al máximo la mayor indulgencia que conceden las reglas europeas una vez se ha salido de la tutela por déficit excesivo.

Estas reglas permiten incumplir hasta 0,5 puntos del ajuste en dos años. En 2019 España también tenía que hacer un esfuerzo del 0,65% del PIB. Pero no se hizo nada y, en consecuencia, se comió todo ese margen. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez argumentará que el año pasado fue un ejercicio especial, ya que estuvo en funciones, no pudo aprobar los Presupuestos y se produjo una ralentización de la actividad. Es decir, pedirá que no se tenga en cuenta 2019 y que se ponga a cero el contador. Esto permitiría incluir en los Presupuestos guiños a Podemos y otros partidos. Aunque no se trataría de grandes cantidades, pues la subida de pensiones y de salarios públicos se comerá buena parte del aumento de recaudación. Máxime cuando además este año ha entrado en vigor el artículo 135.2 de la Constitución, que obliga a ceñirse a lo que mande Bruselas.

El Gobierno también pedirá margen basándose en que la economía todavía tiene recursos ociosos. Esgrimirá una inflación baja, el superávit exterior y un elevado paro para defender que la economía no está sobrecalentada. Por tanto, el déficit estructural —aquel que se corrige por la situación del ciclo— en realidad sería menor que el que calcula la Comisión. Y el ajuste requerido debería ser más reducido.

Además, existe el precedente de lo ocurrido con otros países en una situación fiscal parecida a España. El pasado octubre varios Gobiernos presentaron planes que apuraban la permisividad de la Comisión, sin llegar a sobrepasarla para que esta no devolviese los Presupuestos. Así sucedió con Francia, Italia o Finlandia, de cuyos Presupuestos el Ejecutivo comunitario advirtió el riesgo de incumplimiento pero sobre cuyo resultado no se pronunciará hasta que se cierre el ejercicio. Italia y Francia lo justificaron por la necesidad de atender la emergencia social y hacer frente al contexto económico.

Riesgo de desviación

De esta forma, España bien podría hacer algo similar y remitir un proyecto con un ajuste sobre el papel en torno al 0,4% del PIB. La Comisión rebatiría las cifras y llegaría a la conclusión de que en verdad solo hay un ajuste pequeño del 0,2% del PIB o del 0,1%. Sobre todo porque muchos de los impuestos planteados tardarán en ponerse en marcha y tendrán problemas para aplicarse. Aun así, el Ejecutivo comunitario valorará que hay una cierta corrección y no devolverá las cuentas para que se rehagan.

Hasta ahora, la senda que había planteado el Gobierno de Sánchez contemplaba una rebaja del déficit desde el 2,5% del PIB registrado en 2018 hasta el 2% en 2019. Ese 2% era una meta ya de por sí autoimpuesta por el Ejecutivo socialista: en la senda de estabilidad que aprobó en 2017 el Parlamento aún figura un objetivo del 1,3% para 2019. Pero en los Presupuestos de 2019 que Sánchez no consiguió aprobar se cambió al 1,8% porque se consideró que el objetivo legislado era muy difícil de lograr. Más tarde, el presidente anunció que el déficit se situaría en el 2% y no en 1,8% al no contar con unos Presupuestos. En estos momentos la Autoridad Fiscal prevé que acabe en el 2,2% y el Banco de España, en el 2,4%. Demasiado cerca del 2,5% de 2018.

Para 2020, Economía calculaba que en un escenario sin medidas el déficit terminaría en el 1,7% del PIB. Solo que para ello contaba con que en 2019 habría un déficit del 2%. Respecto a 2021, Calviño sí que podrá renegociar en mayo el tamaño del ajuste, ya que todavía no está fijado por los líderes europeos.