El Gobierno afronta la legislatura con un estrecho margen presupuestario
El nuevo equipo económico tendrá que compaginar las promesas de aumentos de gasto con una ralentización económica y los compromisos exigidos por Bruselas
El nuevo equipo económico del Gobierno tendrá un margen muy estrecho para elaborar sus cuentas. Sobre todo si se toma como referencia el acuerdo firmado por PSOE y Podemos. Este promete aumentos del gasto sustanciales. Sin embargo, las subidas de impuestos previstas son claramente insuficientes para financiar tales desembolsos y, además, rebajar el déficit público al ritmo que exige Bruselas. Todo ello en plena ralentización y sin que en 2019 se haya corregido el agujero presupuestario. Una década después del estallido de la crisis, aún se sitúa en el 2,2% del PIB según la Autoridad Fiscal, o el 2,4% según el Banco de España. Esto es: unos 30.000 millones de desfase entre gastos e ingresos, de los que más de la mitad proceden de las pensiones.
Las cuentas a las que se enfrenta el nuevo gabinete en su primer año se pueden calcular a trazo grueso. El Ejecutivo tiene previstas subidas de impuestos que “no recaigan en clases medias y trabajadoras” por un importe de 5.000 millones. Ahí se incluyen las de Sociedades, IRPF a las rentas altas, diésel, la tasa Google y el gravamen sobre transacciones financieras. Habría que añadir un nuevo incremento del salario mínimo, que podría reportar unos 1.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. No obstante, la Comisión Europea ya dijo cuando valoró los anteriores presupuestos no aprobados que tales estimaciones parecían optimistas. Además, todavía está por ver a qué altura del año entran en vigor. Tasas como la de Google o la financiera encaran dificultades para aplicarse. Y estas cifras contemplan unos 800 millones por medidas de lucha contra el fraude, algo que los expertos no consideran que deba presupuestarse.
Deuda y operaciones de
las Administraciones Públicas
Deuda
En porcentaje del PIB
España pide a la UE el rescate para la banca
120
100,9
97,8
100
80
62,7
60
40
Comienza
a hincharse
la burbuja inmobiliaria
Estalla la crisis financiera
20
35,0
0
Marzo
1995
Marzo
2008
Marzo
2015
Sep.
2019
Gastos e ingresos del Estado
En millones de euros
600.000
Gastos
501.497
501.688
500.000
442.491
400.000
471.002
422.204
Ingresos
390.992
300.000
200.000
100.000
0
2007
2012
2018
Previsión
Fuente: Banco de España y Ministerio de Hacienda
EL PAÍS
Deuda y operaciones de
las Administraciones Públicas
Deuda
En porcentaje del PIB
España pide a la UE el rescate para la banca
120
100,9
97,8
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80
62,7
60
40
Comienza
a hincharse
la burbuja inmobiliaria
Estalla la crisis financiera
20
35,0
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Marzo
1995
Marzo
2008
Marzo
2015
Sep.
2019
Gastos e ingresos del Estado
En millones de euros
600.000
Gastos
501.497
501.688
500.000
442.491
400.000
471.002
422.204
Ingresos
390.992
300.000
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100.000
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2007
2012
2018
Previsión
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EL PAÍS
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Gastos e ingresos del Estado
En porcentaje del PIB
En millones de euros
España pide
a la UE el rescate
para la banca
600.000
Gastos
501.497
501.688
500.000
120
442.491
100,9
97,8
100
400.000
471.002
422.204
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Ingresos
390.992
300.000
62,7
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200.000
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Comienza
a hincharse
la burbuja inmobiliaria
Estalla la crisis financiera
100.000
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Previsión
Fuente: Banco de España y Ministerio de Hacienda
EL PAÍS
Por otra parte, con una economía que se enfría, el ciclo podría brindar en el mejor de los casos unos 12.000 millones más a los ingresos de las Administraciones. Gracias a unos tipos ultrabajos, el ahorro en intereses del Estado podría alcanzar los 2.000 millones, según números de la Autoridad Fiscal. Siendo generosos, el nuevo Gobierno contaría en total con unos 18.000 millones de margen.
Sin embargo, solo las pensiones están subiendo al 7% anual. Con una partida de unos 150.000 millones, implica unos 10.000 millones más de gasto para este ejercicio. Y la subida de sueldos de los funcionarios puede superar los 3.000 millones. Quedan por apuntar muchos gastos en políticas sociales a las que el Gobierno se ha comprometido: vivienda, dependencia, supresión de copagos sanitarios, permisos de paternidad, ayudas a familias monoparentales, el bono social del gas... También un repunte de la I+D. Y se levantarán algunas de las restricciones que tienen los Ayuntamientos para poder hacer inversiones, reduciendo su superávit. Las comunidades ya están dedicando más recursos a educación y sanidad. Y la proliferación de ministerios supondrá una presión añadida sobre las cuentas al tener a cada titular reclamando más dinero para su cartera. A poco que se haga, parece que buena parte del margen se habría agotado.
Solo que, además, Bruselas pide que este año se tomen medidas para reducir el agujero presupuestario en 8.000 millones de euros. Para ello reclama que España destine todos los incrementos de la recaudación y los ahorros en intereses. Es decir, si se cumple estrictamente con Bruselas el presupuesto no daría para nada más salvo para revalorizar pensiones y sueldos de funcionarios. Calviño tendrá que renegociar la senda de ajuste para poder ganar algo de margen, aprovechando que en Europa se piden estímulos fiscales para reanimar la actividad. Si bien España no es de los países que tienen espacio fiscal y lleva seis años sin hacer ajustes. Para colmo, este año ha entrado en vigor el artículo 135.2 de la Constitución, que otorga peso constitucional a las recomendaciones presupuestarias de la Comisión. Modificarlas requiere que la decisión pase por el Consejo de líderes europeos.
Y no conviene enfrentarse a Bruselas y el BCE: España tiene que refinanciar al año cerca de 200.000 millones de euros en los mercados. Bastaría con un repunte de la prima de 50 puntos para encarecer la deuda en unos 1.000 millones de euros.
“El programa de gobierno tiene unos objetivos genéricos que si se ponen todos en marcha alcanzan al menos los 50.000 millones. Hay que entenderlos como objetivos a largo plazo. Pero para financiarlos no basta con subir los impuestos a los ricos y perseguir el fraude. La cantidad que se necesita para un programa progresista, incluyendo la Seguridad Social, es mucho mayor”, dice Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.
Las cuentas públicas a cuatro años
Si se hacen las cuentas mirando a una legislatura completa, el margen también se antoja estrecho. Máxime si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población, que presionará al alza sobre las finanzas públicas. Partamos de que todos los gastos pueden subir lo mismo que crezca la economía porque en principio eso lo financiará el aumento de recaudación que viene con el crecimiento. Sin embargo, el Gobierno ha prometido elevar varias partidas por encima de lo que engordará la actividad para equipararlas con Europa. Quiere llevar la de sanidad del 5,9% del PIB al 7% en cuatro años. Y la de educación del 4% al 5% en seis. Solo que el PIB es algo que crece. Y, en consecuencia, los postes de la meta se irán moviendo. Según el FMI, el PIB español estará en los 1,4 billones de euros en 2024. Por tanto, el coste ascenderá a unos 14.000 millones por rúbrica. Lo que exigirá muchos ingresos extra.
Ahora bien, no se hará de un día para otro. Habrá que elevarlo año a año. Así que la educación costará unos 2.300 millones adicionales al año y la sanidad, unos 3.500 millones. Esta última se dispara sola con fuerza por la presión del envejecimiento. La renta mínima necesitaría un desembolso único de unos 3.000 o 4.000 millones, según la propuesta de la Autoridad Fiscal. Y dependencia, unos 6.000 millones a lo largo de la legislatura. No se cifran, entre otros capítulos, la creación de un parque público de vivienda; mejorar el acceso a servicios e infraestructuras de la España vacía, o las ayudas al coche eléctrico.
La principal partida del Estado, las pensiones, también crecerá más que la economía incluyendo la inflación. Por tres efectos. Uno: la revalorización de las prestaciones. Dos: el aumento de pensionistas al vivir más tiempo y cada vez haber un mayor número en las nuevas cohortes que se jubilan. Y tres: la sustitución de pensionistas por otros con carreras mejores y que, por tanto, cobran más.
Reforma de pensiones
En los últimos años se han congelado casi todos los gastos para poder sufragar el incremento de las pensiones. La reforma de 2013 pretendía contener este aumento con revalorizaciones del 0,25% y recortando la prestación inicial si mejoraba la esperanza de vida. Su derogación, prometida en el acuerdo de PSOE y Podemos, podría costar en la legislatura hasta 0,8 puntos de PIB, según un cálculo aproximado de Fedea elaborado por De la Fuente, García y Sánchez. Dadas estas cifras, el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tendrá que examinar cómo limita esos incrementos. A partir de 2023 la jubilación del baby boom empezará a presionar sobre las finanzas públicas.
“Hacen falta más ingresos. Pero para que la sociedad los acepte es necesario legitimarlos antes ganando en eficiencia y eliminando despilfarros. El aumento de impuestos hay que hacerlo de forma gradual y teniendo en cuenta las limitaciones que impone la globalización”, explica Zubiri.
Sin embargo, según los propios cálculos de Hacienda, el grueso de las subidas fiscales solo afecta al 0,5% de contribuyentes y al 0,7% de empresas. “Si crees que debes ingresar más, tienes que ser ambicioso y reformar las áreas donde de verdad se recauda: IVA, IRPF, autónomos, fiscalidad verde...”, apunta el economista José Carlos Díez.
Y el crecimiento económico importa: “Aunque endeudarse al 0,4% a 10 años brinda algo de capacidad de maniobra, preocupa que las tasas de crecimiento bajo persistan en Europa. De continuar así, España no podría despegarse mucho, lo que acabaría erosionando sus perspectivas fiscales”, señala Emilio Ontiveros, presidente de Afi.
Para José Ignacio Conde-Ruiz, de la Complutense, lo esencial son las reformas y no deshacerlas: “España no puede permitirse otra legislatura más sin reformas modernizadoras para adaptar la economía a los retos globales: el envejecimiento de la población, la revolución digital y el cambio climático”.
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