La Autoridad Fiscal ve improbable que el Gobierno cumpla este año con la meta de déficit

La Autoridad Fiscal, el organismo creado a instancias de Bruselas para velar por las finanzas públicas, ha corregido sus previsiones de cierre del déficit para este año. Antes calculaba que el Gobierno cumpliría con el 2% del PIB que se fijó para 2019 —esto es: unos 24.000 millones de desfase presupuestario—. Sin embargo, en un documento publicado este jueves en su web, señala ahora que es “improbable” que el conjunto de las Administraciones cumpla. Y el motivo esgrimido es el empeoramiento observado en la recaudación por Sociedades e IVA.

La ralentización económica se nota en los ingresos. Y aunque es cierto que hay devoluciones por maternidad y por sentencias de empresas que lastran la recaudación, el propio informe de la Agencia Tributaria reconoce que la caja está subiendo menos de lo que avanza la demanda interna incluso una vez sustraído el impacto de esas devoluciones. Desde que empezó la recuperación, siempre había crecido por encima excepto con las bajadas de impuestos.

El pago fraccionado que adelantan las empresas en octubre cayó en 1.900 millones de euros sobre el año anterior. Como consecuencia, la Autoridad Fiscal ha revisado sus previsiones de recaudación “de manera sustancial” en el impuesto de sociedades, dice el documento.

Además, el IVA se está viendo afectado en parte por el enfriamiento en las ventas de vivienda nueva, que suponen una veta importante para este tributo. “En menor medida también se ha reducido la previsión en IVA e impuestos especiales”, afirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

De ahí que ahora el organismo estime que el déficit acabará el año en el 2,2%. El Banco de España lo coloca en el 2,4%. Salvo por 2016, cuando la Comisión amenazó a España con una multa, los sucesivos Gobiernos suman ya un lustro sin tomar medidas para rebajar el déficit y, por tanto, la deuda. En ese tiempo el agujero presupuestario solo ha descendido por la mejora de la economía.

El 2% de meta es un objetivo autoimpuesto por el Ejecutivo socialista. En la senda de estabilidad aprobada en el Parlamento en 2017 figura una meta del 1,3% del PIB. Y en los Presupuestos de 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió aprobar se cambió al 1,8% porque se consideró que el objetivo legislado era muy difícil de lograr. Más tarde, el presidente anunció que este año el déficit se situaría en el 2%, y no en el 1,8% al no contar con unos Presupuestos. El año pasado el agujero en las cuentas públicas se quedó en el 2,5% del PIB, es decir: 30.945 millones de euros.

No bajar impuestos

Por otra parte, la Airef presentó este jueves su informe sobre los presupuestos de las comunidades autónomas para 2020. Y en él advierte que hasta cinco autonomías tendrán dificultades para ceñirse a la senda de déficit establecida: Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. A estos gobiernos les recomienda “que planifiquen actuaciones concretas a medio plazo para reducir el déficit”.

En el conjunto, la Autoridad Fiscal considera “factible, aunque ajustado”, que las regiones alcancen en 2020 el objetivo marcado en el equilibrio presupuestario.

La institución que preside José Luis Escrivá pide a Aragón, Madrid y Andalucía “que aplacen las medidas de rebaja fiscal o planteen otras actuaciones que favorezcan el cumplimiento de las reglas fiscales y el proceso de consolidación”.

En el caso de Aragón, hay “una desviación de partida en sus cuentas que además se verá dificultada por el recorte tributario”. El organismo reprocha a Andalucía y Madrid que corran el riesgo de saltarse la regla de gasto.

Respecto a la Comunidad Valenciana, señala que “a la importante desviación de partida se une el efecto desfavorable de las medidas de aumento de gasto previstas para 2020”. Por ello, ve “muy improbable” que cumpla y le reclama que “compense el impacto de las medidas de gasto adoptadas”.

Aragón solo precisaría ajustar un 0,4% de su PIB para no desviarse de la meta presupuestaria. En cambio, los ajustes serían superiores en el resto de comunidades en riesgo de incumplimiento: para Castilla-La Mancha y Extremadura, supondría un 0,6% del PIB autonómico. Para Murcia, un 1,3%. La Comunidad Valenciana, a la cabeza, requeriría ajustar un 1,4%.