Calviño y Yolanda Díaz chocan por la orientación de la reforma laboral

“Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012″, decía en diciembre el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. “Derogaremos la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales”, añade, en línea con lo negociado hasta primavera entre el Ejecutivo y los agentes sociales. El documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos.

El mercado laboral es el gran talón de Aquiles de la economía española. Y no solo porque la tasa de paro sea del 17% —10 puntos más que la media europea— en el promedio de los últimos 40 años. Los Gobiernos socialistas y del PP han percutido una y otra vez sobre la normativa con mil y una reformas laborales, pero hoy la tasa de empleo está a niveles de 2008, el paro roza ese famoso 17% —con niveles extraordinarios en el juvenil y el de larga duración—, y la precariedad es estratosférica: uno de cada cuatro contratos es temporal. El PP de Rajoy hizo la última reforma de calado en 2012 y propició una formidable devaluación interna: a pesar de que los tribunales recortaron sus efectos, esa reforma ayudó a salir de la crisis pero a costa de empeorar las condiciones laborales. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con el compromiso de derogarla. Atrás quedó la derogación total, que ni siquiera Unidas Podemos reclama. Pero la intensidad de los cambios en el mercado laboral es una de las grandes batallas políticas de los próximos tiempos, dentro incluso del propio Ejecutivo.

El Gobierno ha empezado a negociar ya las reformas asociadas a los fondos europeos. Las claves en pensiones están claras, y de momento no han provocado grandes focos de tensión. Pero en materia laboral el desencuentro, de momento, es notorio: Economía dio en octubre los primeros trazos con un primer documento, Las reformas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este segundo texto es más detallado. Elaborado de la mano de la Oficina Económica, apunta a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial —en contra de lo que dice el acuerdo de coalición—, lo que resta poder de negociación a los sindicatos. Ese es el nudo gordiano de la disputa con Trabajo. Además, se abre a la posibilidad de flexibilizar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Economía aboga también por impulsar las políticas activas y por simplificar el menú de contratos.

Ese documento ha provocado malestar en el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz (Unidas Podemos), según las fuentes consultadas, ante la constatación de que no va en la línea del pacto de coalición sobre la negociación colectiva. Ni Economía ni Trabajo quisieron entrar ayer miércoles en detalles al respecto; un portavoz de la vicepresidenta Nadia Calviño se remitió a unas declaraciones recientes de la ministra en las que aboga por identificar “un conjunto de acciones que nos permitan abordar los desequilibrios que venimos arrastrando”, sin más detalles. Pero el historial de desencuentros entre ambos departamentos no deja de aumentar: hubo diferencias de calado con los expedientes de regulación temporal de empleo; con la ley de teletrabajo; con la normativa que regula los riders y con el subsidio extraordinario para los 250.000 parados que perdieron sus ayudas en el estado de alarma. Trabajo, además, ya se levantó hace unas semanas de las reuniones de un grupo de expertos sobre el mercado laboral que coordina La Moncloa, en desacuerdo con las conclusiones, que aún no se han publicado. Y, una vez termine de aclararse el horizonte de la legislatura con el Presupuesto, todo apunta a un nuevo lío con la reforma laboral, con partidos y sindicatos de por medio.

PSOE y sindicatos

La profundidad de la crisis económica, asociada a la crisis sanitaria, ha provocado varios episodios de tensión en el Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas en La Moncloa subrayan que al final han salido adelante medidas de gran calado para proteger rentas —con los ERTE y las líneas de avales—, además del pacto de Presupuestos. Pero a menudo han topado dos estilos: la ortodoxia de Calviño, apoyada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frente a un mayor activismo por parte de los ministros de Podemos y algún otro, en especial José Luis Escrivá. Esa misma dinámica se traslada a la disputa entre partidos: el PSOE se mostró ayer miércoles partidario de derogar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, en concreto sobre la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. “No se puede derogar todo el corpus legislativo, pero en cuanto a los convenios estamos de acuerdo con la aproximación de Trabajo”, apuntaron fuentes socialistas.

Los sindicatos están a la espera de qué sucede con ese pulso. “Si hay un misil político a la línea de flotación del diálogo social, como sugiere ese documento, vamos a ser beligerantes”, apuntaron fuentes sindicales. Hasta primavera, las negociaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales avanzaban a buen ritmo acerca de la negociación colectiva, con la prevalencia de los convenios sectoriales que ahora está en entredicho. Había acuerdo sobre los límites a la ultraactividad (la posibilidad de prorrogar los convenios si no hay acuerdo cuando vencen), sobre la subcontratación y sobre las cláusulas de descuelgue (la posibilidad de que una empresa incumpla su convenio si tiene dificultades). La pandemia metió en un largo túnel toda la negociación, pero agentes sociales y Ejecutivo vuelven a la mesa de diálogo en un clima enrarecido por un amplio y detallado texto encabezado por ese extraño título: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico.