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La reforma laboral ya es ley con los votos del PP y CiU

La oposición acoge con dramatismo la norma de “la precariedad y el despido sin causa”

El Congreso aprueba los Presupuestos de 2012

Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y Josep Antoni Duran Lleida (CiU) charlan hoy en el Congreso.
Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y Josep Antoni Duran Lleida (CiU) charlan hoy en el Congreso.

Cuatro meses después del decreto ley de reforma laboral, las Cortes Generales lo han convertido en ley con el voto de los parlamentarios del PP y de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios que adoptaron tonos dramáticos al lamentar “el cambio de modelo de relaciones laborales en España”. Por el contrario, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, considera que con esta ley se abre el camino de la esperanza para los millones de parados y los jóvenes sin empleo. Blanco y negro. Esta dicotomía ha quedado patente en las Cortes sobre la reforma laboral más profunda que se ha producido en España en los últimos 30 años y que se ha aprobado con 194 votos a favor, 124 en contra y cinco abstenciones, correspondientes a las enmiendas introducidas en el Senado.

Han sido cuatro meses de tramitación, entre el Congreso y el Senado, en los que todos los grupos han trabajado intensamente para hacer valer sus posiciones. La mayoría ha sido inexorable y no ha habido cambios salvo para “endurecer y empeorar la ley desde la perspectiva de los trabajadores”, como han reiterado todos los portavoces que se oponen a la ley: PSOE, PNV, Izquierda Plural, ERC, UPyD, Coalición Canaria – Nueva Canaria y Geroa Bai. A favor han estado el PP, CiU, UPN y Foro Asturiano. El representante de CiU, Carles Campuzano, ha reconocido que, en efecto, esta reforma “incide más que ninguna otra hasta en el despido, pero aspira a que la destrucción de empleo no sea la única forma de aliviar los problemas de las empresas. Es decir, por la vía de flexibilizar las condiciones laborales se busca que el empresario no recurra exclusivamente al despido. En el terreno de la defensa de la ley Campuzano trató de tranquilizar al afirmar que “en caso de abusos de los empresarios, se puede denunciar para que el juez intervenga”.

Ninguno de estos argumentos convenció al resto de los grupos que se oponen y que empezaron sus intervenciones con un saludo a los representantes de los sindicatos que asistían al debate desde la tribuna de invitados del Congreso. “Esta reforma laboral es un duro golpe al sistema constitucional español: consagra el despido sin causa, limita la negociación colectiva, minimiza la función de los sindicatos”. Esta fue la síntesis de la diputada socialista Concha Gutiérrez que previamente dejó para el diario de sesiones un saldo muy negativo de la andadura hasta ahora de la reforma laboral: Más paro, más despido, más precariedad , más rebaja salarial y empeoramiento de la espiral recesiva. Los grupos hicieron su particular balance del Decreto – Ley ya que a pesar de su tramitación como ley y la introducción de algunos cambios, desde que fue aprobado ha tenido plena vigencia.

Sin acritud, sin tensión, pero con aire de consternación subieron a la tribuna los oradores que se han opuesto desde el primer momento a “esta reforma sesgada a favor del empresario que ahonda la precarización del trabajo”, según el diputado Álvaro Anchuelo de UPyD, con argumentos muy similares a los utilizados por Emilio Olabarría del PNV, gran experto en material laboral. El diputado peneuvista tiene plena certeza de que el despido se convierte en libre y sin necesidad de justificación, ya que las condiciones de disminución de ingresos de las empresas, sin que se produzcan pérdidas, abre esa puerta de par en par.

Esa facilidad para el despido se acompaña con “la sustitución de la negociación colectiva por el poder unilateral del empresario, que a través del artículo 41, puede modificar las condiciones de trabajo y bajar los salarios sin tener que dar explicaciones”, lamentó el portavoz de ICV ( Izquierda Plural ), Joan Coscubiela. “Esta reforma no favorece a todos los empresarios, sino solo a los de casino, a los que quieren la implantación de Eurovegas”, señaló este portavoz.

Los argumentos en contra siguieron, desde diferentes perspectivas pero con el hilo conductor denunciante del desamparo de los trabajadores. “Ustedes han vencido democráticamente pero no han ganado la batalla final”, clamó el representante de ERC, Joan Tardá, al confiar en la tenacidad de los trabajadores para salir adelante en situaciones de infortunio. La moderación fue la respuesta de la representante del PP, Carmen Álvarez Arenas y de la propia ministra de Empleo Fátima Báñez. No quisieron entrar en polémica ni replicar a los argumentos de la oposición, quizá porque el ambiente no era de gresca sino de cierto abatimiento. “Quiero agradecer el apoyo de los grupos que han votado la ley, y a todos los demás por sus aportaciones a una reforma que va a dar respuesta a los desempleados de nuestro país”. Este fue el broche de la ministra. Los mismos portavoces de la oposición que se han opuesto a la reforma laboral , defendieron poco después, sin ningún éxito, las partidas para el sector de la minería. El recorte del 63% de las mismas se consumó al aprobarse los Presupuestos para 2012, tardíos por la toma de posesión del nuevo gobierno en las Navidades de 2011. “Cuando la prensa alemana publicó que no aprobaban los Presupuestos porque esperaban a las elecciones andaluzas, España empezó a perder credibilidad”, afirmó la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez. Ésta levantó las protestas y los gritos de la bancada popular al proclamar que la situación económica sólo podrá mejorar gracias a las propuestas de los socialdemócratas y socialistas encabezados por el presidente francés Francoise Hollande, y defendidas desde hace un año por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. La votación final a los presupuestos ,sólo los votos del PP, UPN y Foro Asturiano, correspondiente a las enmiendas que vienen del Senado, estuvo precedida del aplauso cerrado del PSOE a su portavoz, en pugna abierta con los abucheos del PP, que se iniciaron cuando la portavoz socialista tildó la amnistía fiscal de “impuesto de la indecencia”.