Calviño y Escrivá, duelo de ortodoxos por el escudo social

La crisis del coronavirus desarma todas las lógicas. Incluida la política. La discusión central dentro del Gobierno, que se reprodujo en el Consejo de Ministros del sábado, pero, sobre todo, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del viernes, se centra en la intensidad de las medidas de apoyo a los trabajadores que van a perder su empleo o sus ingresos en estos días de colapso económico. La lógica hacía pensar que el PSOE iba a colocarse en un lado y Unidas Podemos en otro. Pero no fue exactamente así. La discusión más intensa sobre las medidas de protección que hay que tomar, lo que los ministros ya llaman “escudo social”, se produjo entre Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Ambos elegidos por Pedro Sánchez, pero independientes y en teoría representantes del ala ortodoxa. En la comisión delegada mantuvieron un cruce muy duro.

Del lado de Calviño se colocó María Jesús Montero, preocupada por el impacto en las cuentas públicas de unas medidas que pueden suponer una parte importante del PIB (Italia prepara ayudas de unos 1.400 euros de media por familia, según La Repubblica). Y del lado de Escrivá estaban muy claramente los ministros de Unidas Podemos Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Pero socialistas como José Luis Ábalos, titular de Transportes, y Reyes Maroto, titular de Industria, muy preocupada por el desplome de la actividad, apretaron con la necesidad de tomar medidas de impacto de inmediato, aunque eso suponga un gran agujero en las cuentas.

En el Consejo de Ministros, ya con Sánchez —que siempre tiende a buscar posiciones intermedias—, la discusión fue algo más suave, pero todos coinciden en que el debate sobre la intensidad de las medidas económicas es la clave. De hecho, después del consejo se ha seguido discutiendo al respecto.

Sánchez comenzó la reunión del sábado pidiendo una reflexión general sobre la situación. Y como son 21 personas —faltaban solo las dos contagiadas de la Covid-19, Irene Montero y Carolina Darias— esta fase se alargó muchísimo, casi tres horas. Los ministros de Unidas Podemos presentes —Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells— hicieron un último intento para convencer a los demás de que no se podía aprobar el estado de alarma sin acompañarlo ese mismo día de medidas económicas, porque la alarma tiene unas consecuencias clarísimas para la economía. Pero esa batalla estaba perdida, al menos el sábado.

Tanto la vicepresidenta Calviño como la ministra Montero dejaron claro que las medidas no estaban listas, que necesitaban más discusión técnica y sobre todo una memoria económica del impacto de cada una en las cuentas. Los ministros socialistas que quieren ir más rápido y los de Unidas Podemos insistían en que habrá que endeudarse y buscar la flexibilidad que la Comisión Europea parece dispuesta a conceder para hacer frente a una hecatombe económica que nadie se atreve a cuantificar. Quedaron en evidencia así no solo las discrepancias entre el equipo económico y Unidas Podemos, sino dentro del propio PSOE, donde unos creen que hay que tener cuidado de que no se descontrole el gasto y otros ven imprescindible asumir un riesgo mayor para salir más rápidamente de la crisis con el aval del BCE. La discusión sobre esas medidas sigue, pero el sábado la decisión de que solo habría un decreto de alarma ya estaba tomada y hablada entre Carmen Calvo, Calviño y Montero. Calvo cerró el debate con la idea de que solo se aprobaría el decreto de alarma. Y entonces empezó un larguísimo análisis punto por punto del decreto. El texto se había terminado de madrugada. Muchos ministros lo recibieron, según relatan, a las tres o cuatro de la madrugada. Apenas pudieron leerlo antes del consejo, algo muy inusual. Así que se pusieron a analizar cada punto y a cambiar detalles. Hay muchos juristas entre los ministros, así que las discusiones se hacían eternas. Y mientras, fuera se disparaban las especulaciones.

El consejo es un búnker aislado. No hay móviles ni entra nadie. Así que mientras los españoles discutían los detalles del decreto, cuyo borrador ya había publicado la prensa, ellos discutían como si nada. Hasta que hubo un receso para comer algo, y los ministros se acercaron a sus móviles. Algunos tenían hasta 300 mensajes. El malestar era enorme. La vicepresidenta Carmen Calvo amenazó con represalias. “Esta no es la primera vez que se filtra un documento. Esto es un delito. Vamos a encontrar al culpable, porque ha dejado pistas”, amenazó.

El debate seguía sobre el contenido del decreto —se discutió hasta el detalle de las peluquerías, se acordó dejarlas abiertas, pero finalmente se cerrarán ante el escándalo causado por esta decisión—, pero también de fondo sobre el mensaje que se quería lanzar. Algunos de los ministros juristas estaban preocupados por medir muy bien los pasos para que este decreto no pueda ser utilizado en el futuro para restringir las libertades en un caso no tan extremo como este. “En algún momento era como redactar una sentencia, que se debate así, punto por punto”, sentencia un ministro.

Al final, y pese a la tensión sobre las medidas económicas, el consejo evitó la ruptura. Hay discusiones fuertes, y seguirán estos días, hasta que se aprueben las medidas el martes. De hecho, dirigentes de Unidas Podemos se lanzaron el domingo a las redes sociales a presionar para que las medidas vayan más lejos, en la senda italiana. Pero la coalición aguanta y la emergencia es de tal calibre que ya nadie quiere mirar atrás ni pensar en si tenían que haber declarado la alarma antes. Después de una semana con dudas, siempre detrás de los expertos que a su vez dudaban, todo cambió el viernes con la frase con la que arrancó Sánchez la comisión interministerial: “Estoy pensando seriamente en decretar el estado de alarma, y quiero escucharos”. Ese giro de 180 grados abre paso a un tiempo completamente nuevo para el Gobierno y para el país.

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