La política española entra en estado de excepción por la crisis del coronavirus

La política española entra en estado de excepción. La “emergencia sanitaria” del coronavirus, tal como la ha definido Pedro Sánchez, ha llegado ya al corazón del Gobierno, con el positivo de Irene Montero, y el crescendo de la crisis ha cambiado por completo el panorama político y económico. Hasta el punto de que lo que parecía inviable hace una semana, esto es, que Ciudadanos apoye los Presupuestos y así el Gobierno no dependa de ERC y por tanto de la situación política catalana, se ha convertido de repente en una realidad plausible.

El movimiento de Inés Arrimadas, sumado al ambiente de excepcionalidad con la bolsa cayendo al 14%, su mayor batacazo histórico, y una rueda de prensa telemática del presidente del Gobierno ante la posibilidad de que él también esté contagiado ―incluso los Reyes se están haciendo la prueba―, ofrece una salida inesperada para el Gobierno. Sánchez ha recogido rápidamente el guante y ha pedido aprobar cuanto antes “unos Presupuestos extrasociales” que permitan afrontar el gasto extraordinario en medidas sanitarias y de estímulo económico. Hoy ha avanzado algunas -una inyección de 14.000 millones en liquidez y 3.800 millones para reforzar la sanidad- pero habrá más. Además el Ejecutivo ha dado un nuevo salto y ahora recomienda a todas las comunidades que cierren colegios y universidades, no solo a las más afectadas.

El ambiente de máxima inquietud se vivía no solo por las medidas, sino incluso dentro del Ejecutivo, en el que los ministros no saben si pueden estar contagiados por su contacto con Montero. Algunos de ellos consultados señalaban que todos daban por hecho en los corrillos que habrá más positivos entre los 23 miembros del Gobierno, porque el contacto ha sido muy intenso en estos días de largas y frecuentes reuniones. Finalmente solo la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, dio positivo, además de Montero. Todos los demás, incluido el presidente, dieron negativo. Con esa inquietud económica, sanitaria, política y hasta personal se enfrenta el Ejecutivo a decisiones cada vez más difíciles y con con la presión de la oposición del PP y Vox. El líder del gran partido de la derecha, Pablo Casado, habló anoche de “gestión de la crisis francamente mejorable, por ser prudente”, en un claro mensaje que muestra que la brecha se sigue abriendo entre los dos partidos.

“La respuesta a esta emergencia se vería facilitada si pudiéramos contar ya con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que resultan cada vez más urgentes. Unos Presupuestos Generales que tendrán que ser extra-sociales, porque deberán paliar los estragos de una emergencia que es sanitaria pero también es económica. Si hace un mes unos nuevos presupuestos eran necesarios, la crisis que estamos atravesando los convierte en apremiantes”, ha dicho el presidente para presionar a toda la política española con un claro aviso: las cosas han cambiado y es el que se ponga enfrente de esta ola podrá quedar sepultado.

En este contexto era clave la posición del PP, pero Casado dejó muy claro después del movimiento de Arrimadas que él no ve razonable la vía de apoyar los Presupuestos de Sánchez. Casado pide, como hizo el lunes, que Sánchez renuncie por completo a su política económica y aplique la de los populares, con reducciones de impuestos masivas. “Si lo que quiere es que aprobemos unos Presupuestos basados en el pacto con Unidas Podemos no lo haremos, porque eso sería la puntilla a la economía española”, ha cerrado Casado. Ciudadanos no reclama tanto como los populares, aunque queda claro que Arrimadas no apoyaría unos Presupuestos con fuertes subidas de impuestos a las grandes empresas. Sin embargo, esos planes del Gobierno están ahora también en el aire, como todo lo demás, y el Ejecutivo parece bien dispuesto a ofrecer una imagen de unidad y aceptar el guante lanzado por Arrimadas. Sánchez insiste en pedir unidad y no ha querido aclarar si aparca esas subidas de impuestos previstas. Solo ha dicho que aprobará más paquetes de estímulo fiscal.

Hay que ver en este contexto qué movimientos hacen los demás partidos de la mayoría que sustenta al Gobierno, en especial Unidas Podemos, que tiene un pacto de Gobierno con medidas muy claras de corte progresista como la subida de impuestos a las grandes empresas o los cambios de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que ahora pueden quedar en entredicho con el momento de excepcionalidad y con la oferta de Ciudadanos. Todo el tablero se mueve y el reajuste puede cambiar por completo la jugada política, aunque de momento el Ejecutivo insiste en que está concentrado en resolver la crisis y frenar el contagio y que ya habrá tiempo para hacer estrategias políticas de fondo.

En las últimas horas, el PP había lanzado varios ataques soterrados y algunos públicos contra el Gobierno por su decisión de permitir la manifestación del 8-M, un foco posible de contagio donde había 120.000 personas, entre ellas varios miembros del Gobierno, incluida Irene Montero. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una persona de la absoluta confianza de Casado, empezó a golpear al Gobierno públicamente, acusándole de no frenar un bulo sobre el posible cierre de Madrid e incluso de difundirlo. “Si quieren hacerlo que nos comuniquen cómo se cierra Madrid”, insistió Ayuso en Tele 5, como si el Gobierno tuviera la voluntad real de hacerlo, algo que niega el Ejecutivo. Sánchez ha insistido varias veces en que la coordinación con Madrid es absoluta y ha evitado cualquier enfrentamiento. No ha descartado expresamente la idea de cerrar Madrid, antes dos preguntas explícitas, pero sí ha dicho que todo lo que se decida será coordinado con las comunidades autónomas. La excepcionalidad crece y la tensión política cada vez es más arriesgada para quien la protagonice. El movimiento de Arrimadas reduce aún más el espacio del PP para la crítica, porque el contraste entre la actitud de Ciudadanos y la suya, pero Casado buscó ese perfil de reproche aunque jugando a un cierto equilibrio, porque por ejemplo dijo que apoyará este decreto de medidas del Gobierno aunque las considere muy insuficientes. Casado reclama la comparecencia de Sánchez en el Congreso para poder trasladarle allí todas las críticas a su gestión.

Pese a la tensión política con el PP y con Díaz Ayuso, fuentes de el Ejecutivo insisten en que la coordinación en los niveles más bajos, sobre todo entre el consejero de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha funcionado sin problemas. Ambos hablaron el domingo por la noche, poco después de esa manifestación masiva, y el madrileño ya empezó a expresar la idea, que también defendía el País Vasco, de que había que cerrar los colegios. El giro de 180 grados en 24 horas, desde permitir una manifestación enorme e incluso acudir a ella el domingo, y anunciar el cierre de colegios y la prohibición de todo tipo de concentraciones masivas el lunes, ha generado críticas importantes al Gobierno, que insiste en que cambiaron las decisiones porque se modificaron los datos. “Todas las decisiones se han tomado siguiendo las recomendaciones de los expertos, hay que confiar en ellos”, ha contestado Sánchez cuando le han preguntado si fue un error autorizar la manifestación o si España está cometiendo los mismos errores que Italia al optar por el gradualismo en las medidas. “Esta crisis evoluciona cada hora. El gobierno de España se adapta en función de esa evolución horaria”, se ha justificado el presidente. Efectivamente, durante las últimas semanas, el Ejecutivo de Sánchez ha encomendado las decisiones principales de la crisis a los expertos, en especial al epidemiólogo Fernando Simón, la gran cara visible de la gestión del coronavirus en España. Y eso es lo que venía a decir el presidente en su respuesta. Pero ahora la situación ha alcanzado tal dimensión que son los políticos los que asumen las decisiones difíciles y también las críticas por posibles errores.

¿Por qué no se tomaron las medidas radicales antes? La explicación del Gobierno señala que hasta el domingo el contagio no se había disparado y estaba centrado en algunas zonas definidas y localizadas de Madrid. Pero ese día llegaron datos de un aumento exponencial y sobre todo en zonas muy distintas, ya sin capacidad de encontrar el origen, y ahí se cambió radicalmente el mensaje y las decisiones. Sánchez, que no ha descartado que él mismo u otros miembros del Ejecutivo puedan estar contagiados -aún así han mantenido la reunión del Consejo de Ministros pero con precauciones y sobre todo cierta distancia entre los ministros- ha asegurado que seguirán los protocolos establecidos pero ha rematado que “el Gobierno no se para”, por lo que continuarían trabajando desde sus casas.

La crisis pone en cuestión todos los planes, también los de política económica. Nadie niega en el Gobierno que el cuadro macroeconómico ha cambiado, aunque insisten en que España tiene una situación mejor que la de Italia y otros países europeos que ya están en recesión, porque el crecimiento estaba aún, antes de la crisis, por encima de la media europea. Pero la necesidad de tomar medidas urgentes y mover muchos fondos para hacer frente al desafío sanitario y económico cambia por completo. Sánchez no ha aclarado si dará un giro a su política económica y renunciará a subidas de impuestos y ajustar la reforma laboral, pero sí ha lanzado un mensaje contra los países europeos, como Alemania o los nórdicos, que se están resistiendo a las medidas de estímulo de mayor impacto. “Europa sabe que no puede volver a cometer los errores del pasado que perjudicaron a nuestras economías. Hay que reforzar las defensas y los recursos. Nosotros vamos a movilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Exploraremos todas las vías. Los españoles pueden sentirse protegidos. Haremos lo que haga falta", ha insistido.

La gran incógnita es la duración de la crisis sanitaria. Si se resuelve en dos meses, en el mejor de los casos, como auguraba Fernando Simón, el gran portavoz del Ejecutivo en este asunto, aún se podría salvar de alguna manera la temporada turística de verano. Si se prolonga más allá de mayo, el mes clave de las contrataciones para el periodo vacacional, las consecuencias serán devastadoras en un país que tiene el 12% de su PIB en el turismo, un gran generador de empleo.

En una situación así, totalmente imprevista hace solo tres semanas, cuando el PSOE y el PP andaban a la gresca por la mesa de diálogo sobre Cataluña o Venezuela, el coronavirus ocupa todo el espacio y la batalla política del día a día cada vez se vuelve más arriesgada para quien la protagoniza, como ha sucedido en Italia, donde después de una explosión de críticas, todo ha ido desapareciendo para dejar paso a la única gran prioridad, que es frenar el contagio. La política española ya no juega con la misma baraja que hace dos semanas. Ahora solo queda entender cómo se colocan las nuevas piezas.