Las elecciones autonómicas se tambalean

La pandemia del coronavirus, que según las autoridades sanitarias se prolongará durante meses, ha destapado en España un vacío jurídico de gran alcance. Los Gobiernos de País Vasco y Galicia plantean abiertamente la posibilidad de que sea necesario suspender las elecciones convocadas para el 5-A por una cuestión de salud pública, pero para esta medida excepcional la legislación española no prevé mecanismos claros. El lehendakari, Iñigo Urkullu, sostiene que la decisión de posponer los comicios corresponde a la Junta Electoral Central, un órgano administrativo que, sin embargo, considera que la suspensión de las citas electorales debe recaer en las Administraciones autonómicas que las convocaron. El embrollo debe deshacerse en pocos días, ya que la campaña arranca el próximo jueves.

La laguna legal a la que se enfrentaría España ante una eventual desconvocatoria de las elecciones vascas y gallegas fue este miércoles materia de debate en la reunión que celebró la Junta Electoral Central (JEC). El órgano de control de los procesos electorales no ha recibido ninguna petición formal para que activar un aplazamiento, pero ante las declaraciones públicas de los presidentes autonómicos de País Vasco y Galicia decidieron abordar el asunto al final de la sesión. Y concluyeron que tal medida no sería en ningún caso de su competencia, según explican fuentes de la Junta.

Este órgano administrativo confirma que no existe jurisprudencia al respecto pero, como los comicios los convoca el poder ejecutivo —en este caso los Gobiernos autonómicos—, a su juicio deben ser las consejerías con competencias en Interior las que tendrían que estudiar si hay motivos suficientes para un aplazamiento. La ausencia de una ley que prevea una desconvocatoria electoral, añaden fuentes del Junta, no quiere decir que no se deba actuar ante una alteración del derecho al voto.

Serán las juntas electorales de País Vasco y Galicia las que explicarán esta posición a los Gobiernos de ambas comunidades y se pondrán a su disposición para buscar una salida en caso de que sea necesario tomar esta medida “sin precedentes jurídicos”, según decidió también este miércoles la Junta.

Si la pandemia se extendiese y el escenario se agravase, el Gobierno central sí tiene un instrumento contundente para actuar, en este caso a través de la Ley de Salud Pública, que en su artículo 54 prevé medidas especiales y cautelares por “motivos de extraordinaria gravedad o urgencia”. En caso extremo y si se cumplieran las condiciones, el Consejo de Ministros podría decretar el Estado de Alarma, incluso solo para los territorios afectados. Esa actuación estaría acotada en el tiempo por 15 días y únicamente se podría prorrogar con el beneplácito del Congreso de los Diputados.

El gabinete del lehendakari está sumido en un mar de dudas sobre quién es la autoridad competente para decidir la suspensión de un proceso electoral en curso. Iñigo Urkullu aseguró este miércoles que está analizando legal y jurídicamente si se pueden suspender las elecciones, aunque añadió que esta es una decisión que corresponde “principalmente” a la JEC. “Hasta que se aclare este limbo jurídico no habrá una decisión”, aseguran fuentes de la Lehendakaritza, que permanece en contacto con expertos juristas y “nadie sabe a ciencia cierta quién tiene la potestad” para tal medida. “Nosotros creemos que no tenemos la capacidad legal para hacerlo. Aznar intentó hacerlo en 2004 y no pudo”, señalan desde el equipo de Urkullu.

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura, confirma que “el ordenamiento no tiene prevista la suspensión de unas elecciones”. “Es una laguna legal que habría que regular”, añade. Ahora bien, opina que lo “más lógico” es que fuese la Junta Electoral la encargada de hacerlo, por tratarse de “un poder neutral y sin intereses partidistas”. ¿Cómo se podría habilitar la competencia para modificar un calendario electoral ya establecido? Tajadura apunta que un decreto-ley del Gobierno podría designar el órgano apto para cambiar la fecha electoral del 5 de abril, aunque tendría que justificarse por razones de salud pública o alarma nacional.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Nuñez Feijóo, planteó esta semana la posibildad de retrasar los comicios apuntando a que debería ser el Gobierno central quien tomase la decisión. “Queremos elecciones en plazo, no queremos aplazarlas, pero es evidente que las autoridades sanitarias nos irán diciendo qué es lo mejor, sabiendo que no hay antecedentes en España y que la normativa no prevé esos supuestos”, afirmó este miércoles Feijóo.

En el PSdeG-PSOE defienden la celebración de las elecciones y abogan por afrontar la crisis sanitaria “evitando grandes aglomeraciones durante la campaña”. El candidato socialista, Gonzalo Caballero, comparó este miércoles el panorama actual con otras citas electorales “en circunstancias muy complejas" en España como el 11-M y recalcó que Francia mantiene sus municipales para este domingo. Al igual que hizo el PP con una romería prevista para este fin de semana, el partido de Caballero ha suspendido un acto multitudinario que tenía previsto en los próximos días con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la candidatura Galicia en Común-Anova Mareas consideran que la decisión de aplazar la cita con las urnas debe partir de las autoridades sanitarias y basarse en criterios técnicos y “no puede ser una cuestión de oportunidad política”. El BNG coincide en que la necesidad de que la medida se fundamente en recomendaciones científicas y pide además que, en todo caso, se impulse de manera “consensuada”.