Hacienda busca nuevos ingresos para cuadrar unos Presupuestos inciertos

Hacienda busca nuevas vías de recaudación. Además de los cambios tributarios anunciados —aumento del IRPF y del impuesto de sociedades para las rentas más altas y las multinacionales, las tasas Google y Tobin o la nueva fiscalidad verde—, el Ejecutivo busca cómo eliminar algunos de los agujeros tributarios. Para ello, la Autoridad Fiscal prepara un informe sobre la eficiencia de los beneficios fiscales, que ahora rondan 30.000 millones y que el Gobierno intentará aprovechar. Sin embargo, la epidemia de la Covid-19 ahondará en la ralentización y complicará la elaboración de un Presupuesto para 2020, una ley que, según ha declarado este lunes la vicepresidenta Carmen Calvo, no está claro que el Gobierno presente por no estar garantizados los apoyos.

El Ejecutivo todavía tiene que lograr el respaldo suficiente en el parlamento para que los presupuestos salgan adelanta. Su número dos ha puesto en duda, en una entrevista en RNE, que el Gobierno vaya a presentarlos si no tiene los apoyos necesarios y se quejó de que el PP no facilite su aprobación. “Ojalá todos entendieran que nuestro país necesita unos Presupuestos”, lamentó. Si esas cuentas finalmente ven la luz, aunque sean un proyecto, recogerán las estimaciones que el Gobierno presentó en 2019 para el nuevo paquete fiscal: más de 5.000 millones en nuevos ingresos por la introducción de nuevos impuestos y cambios de figuras ya existentes.

El Gobierno de coalición necesitará sin embargo exprimir al máximo la máquina para sustentar su proyecto de legislatura, aún más ante el frenazo del crecimiento que se perfila para el futuro próximo. El Gobierno ya ha rebajado su previsión dos décimas, hasta el 1,6%, ante la desaceleración de la economía mundial. Pero el desafío que supone el coronavirus ha vuelto a poner en entredicho todos los pronósticos.

De momento, las estimaciones de recaudación no tienen viso de cumplirse: 2019 cerrará previsiblemente con unos ingresos de 211.800 millones, un 1,5% más que 2018 pero lejos del avance del 4,5% que preveía el Gobierno. El calendario también apremia. Los Presupuestos no se han presentado aún y los nuevos impuestos ya aprobados (la tasa Google y el tributo a las transacciones financieras) necesitarán meses para empezar a ser operativos.

Mientras tanto, el Gobierno explora otras vías para aumentar sus ingresos: ha abierto dos consultas públicas para analizar nuevas medidas de fiscalidad verde a la vez que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabora un análisis sobre la eficiencia del gasto y las deducciones y bonificaciones que prevé el sistema. El Ejecutivo espera las conclusiones del organismo, que sin embargo tararán todavía unos meses en llegar, para eventualmente eliminar o modificar beneficios fiscales y, en su caso, arañar algo más de dinero para las arcas públicas.

Estos son los principales cambios en materia fiscal que vienen.

IRPF. El programa de coalición prevé una subida de dos puntos porcentuales del IRPF (hasta el 47% para el tipo estatal) para rentas superiores a los 130.000 euros, y de cuatro para las que sobrepasen los 300.000 (49%). Para las rentas del capital se planea un incremento de cuatro puntos para los importes que rebasen los 140.000 euros, hasta el 27%. Con estas medidas, que según el Gobierno solo afectarían al 0,4% y al 0,1% de los contribuyentes, respectivamente, el año pasado el Gobierno estimó que recaudaría 328 millones.

Patrimonio. El acuerdo de coalición solo menciona que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. Los Presupuestos que el Gobierno no pudo aprobar en 2019 contemplaban sin embargo elevar el impuesto sobre el Patrimonio un 1% para fortunas de más de 10 millones, con un impacto recaudatorio estimado en 339 millones. El problema reside en que este tributo está totalmente cedido a las comunidades autónomas, aunque Montero ya ha avanzado que el Gobierno entiende modificar este reparto.

Sociedades. Ambas formaciones coinciden en fijar para las grandes corporaciones un tipo impositivo mínimo del 15% sobre la base imponible, y del 18% para bancos y petroleras, además de reducir en un 5% la exención por dividendos. El cambio en Sociedades es el que promete dar el mayor salto recaudatorio, con unos ingresos estimados en 1.776 millones, a los que habría que descontar 260 millones por la rebaja de tipo del 25% al 23% para las pymes. Para las Socimis, los socios de Gobierno planean imponer un gravamen del 15% sobre los dividendos no distribuidos.

IVA. El pacto de coalición propone rebajar el IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene íntima femenina, dos medidas que ya estaban incluidas en los Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó sin éxito para 2019 y que según sus estimaciones supondrían una merma de 53 millones de euros. El acuerdo también menciona revisar la tasación de la comida basura, sin dar más detalles.

Tasa Google. El Gobierno ya ha dado luz verde a este impuesto, pero ha rebajado sus previsiones de ingresos en un 20%: de 1.200 a 968 millones anuales. El tributo se aplicará a empresas que facturen más de 750 millones a nivel global o más de tres millones en España, gravando a un tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos elaborados a partir de información de usuarios. Esta tasa tiene sin embargo más de una sombra: tardará meses en entrar en vigor y podría desatar una represalia por parte de EE UU, que ya ha amenazado con golpear a los países que aprueben de manera unilateral impuestos digitales que castiguen a sus gigantes tecnológicos.

Tasa Tobin. Es otra figura de nueva creación, ya aprobada en Consejo de Ministros, cuyas estimaciones de ingresos el Gobierno ha mantenido estables: 850 millones al año. Gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones emitidas en España por compañías cotizadas con capitalización mayor a 1.000 millones.

Fiscalidad verde. El acuerdo de coalición se limita a mencionar que el Gobierno apostará por la fiscalidad verde. Por el contrario, el Plan Presupuestario para 2019 planeaba equiparar progresivamente el impuesto al diésel al de la gasolina, con un impacto de 670 millones de euros. Por otro lado, el Ejecutivo acaba de abrir una consulta para aprobar un impuesto a los plásticos de un solo uso y otro que grave a los billetes de avión. Hacienda explica que todavía no hay previsiones de ingresos relativas a estas figuras. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también mencionó la posibilidad de reducir el IVA del coche eléctrico.

Lucha al fraude fiscal. Los dos socios de Gobierno coinciden en reforzarla. El pacto de coalición menciona, entre otras acciones, la limitación de los pagos en efectivo, la prohibición de las amnistías fiscales y un mayor control de las Sicav (sociedad de inversión de capital variable) por parte de la Agencia Tributaria, con la fijación de un tope de concentración de capital de un mismo inversor. El impacto tributario recogido en el Programa de Estabilidad presentado por el Ejecutivo del PSOE en abril se situaba en 828 millones.