Impuestos y etiquetas informativas en los alimentos para luchar contra la comida basura

El Ministerio de Consumo prepara un plan para reducir la obesidad infantil y favorecer la alimentación saludable

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su comparecencia este viernes ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. En vídeo, fragmento de la comparecencia.Vídeo: EMILIO NARANJO (EFE) / EPV

El Ministerio de Consumo prepara un plan integral de alimentación saludable —en coordinación con el Ministerio de Sanidad— que incluye un etiquetado frontal sobre la calidad nutricional de los alimentos y una nueva fiscalidad “que incentive el consumo saludable y desincentive el nocivo para la salud”. “Los datos de obesidad infantil son del 14% y de sobrepeso del 26%”, ha explicado este viernes el ministro de ramo, Alberto Garzón, para justificar la urgencia del plan. No ha concretado en qué se va a traducir esta nueva fiscalidad, pero sobre la mesa está subir los impuestos a los productos más insanos. Además, Garzón anunció que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, hasta ahora dependiente del departamento de Salvador Illa, pasará a integrarse en el organigrama de Consumo.

El político, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, ha señalado que el ministerio está evaluando “los diferentes grados de eficacia de los distintos sistemas de etiquetado" para analizar cuál es el más adecuado. En la Unión Europea hay al menos 15 países que ya aplican algún tipo de etiquetas para mostrar la idoneidad de los alimentos. El más conocido es NutriScore, elaborado en Francia y consistente en un código de colores (asociados a letras) que va del verde al rojo según la valoración de grasas saturadas, azúcar, sal, calorías, fibra y proteínas por cada 100 gramos de producto. Mientras, Reino Unido tiene un semáforo nutricional y los países escandinavos el keyhole, un sello que se asigna también a los alimentos frescos que cumplen con determinados parámetros. También hay experiencias interesantes en Portugal y, fuera de la UE, en Chile.

"Queremos seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y poner en marcha un sistema de etiquetado frontal que incorpore la información nutricional. Estamos estudiando qué modelo implantar, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno. Este tipo de experiencias demuestran la eficacia de optar por etiquetas con código de fácil comprensión que ayudan a las familias”, ha señalado el ministro. De hecho, a finales de 2018 el Ministerio de Sanidad anunció su intención de apostar precisamente por NutriScore, pero nunca lo llegó a materializar. Ahora, Consumo asume las competencias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (en coordinación con Sanidad y Agricultura) como herramienta para decidir por qué sistema se apuesta y ponerlo en marcha lo antes posible.

Garzón también ha anunciado que presentará medidas fiscales para “incentivar el consumo de productos saludables y desincentivar el de productos con cierta nocividad para la salud”. Aunque no ha desgranado en qué van a consistir —y fuentes del departamento tampoco dan más datos—, las dos herramientas para hacerlo son incentivos fiscales a los productos más sanos e impuestos para la comida más nociva. Un tercer elemento de este plan consiste en la regulación de la publicidad de consumo no saludable, en especial la dirigida a los menores de edad, al igual que se acaba de hacer con la publicidad de los juegos de azar. Por último, el ministerio lanzará campañas de información, prevención y sensibilización que estimulen el consumo saludable y responsable.

Regulación de los videojuegos

El departamento tiene también competencias en juego. En este sentido, Garzón ha anunciado que su plan integral contra la ludopatía no se va a quedar tan solo en la regulación de los juegos de azar, sino que va a ir más allá. Así, trabaja ya en la regulación de las cajas de recompensa o lootboxes de los videojuegos, un tipo de recompensas que ofrecen este tipo de juegos previo pago con dinero real. El jugador que los compra —que puede ser menor de edad, ya que no hay controles— accede a una caja sorpresa con un jugador mejor, o mejores armas o herramientas para desenvolverse en el entorno. “Esto conlleva que un niño de 15 o 16 años pueda pedir dinero a sus padres para tener mejoras en el videojuego, y genera un consumo compulsivo muy peligroso muy similar al del juego”, ha dicho el ministro.

Este tipo de cajas de recompensa son una de las estrategias de las empresas de videojuegos para fidelizar al usuario, “pero al coste de promover comportamientos de consumo compulsivo asociado al azar, similares a los de una máquina tragaperras y peligrosos para la salud”, ha continuado. El usuario paga pequeñas cantidades por un premio que es sorteado aleatoriamente, lo que es una práctica que puede regularse como cualquier otro juego de azar, según el ministerio. Por eso, se está estudiando cómo regular esta práctica, “que favorece la aparición de fenómenos patológicos” entre niños y adolescentes.

Consumidores vulnerables

Dentro de su intervención para explicar las líneas maestras de su departamento, Alberto Garzón ha anunciado que se introducirá en la legislación estatal la figura del "consumidor vulnerable" para proteger a "mujeres, niños, niñas, colectivos feminizados y colectivos en situación de pobreza" con dificultades para pagar la luz, el agua y más expuestos a las crisis económicas. "Queremos introducir una figura que algunas comunidades autónomas ya han implementado, pero que a nivel estatal no existe, la del consumidor vulnerable, para proteger a sectores como mujeres, niños, niñas, colectivos feminizados, colectivos en pobreza, especialmente vulnerables a los costes de las decisiones erróneas", ha señalado.

ante su compromiso de emprender acciones judiciales contra empresas que cometan fraudes masivos.

Dentro de su intervención para explicar las líneas maestras de su departamento, Alberto Garzón anunció que se introducirá en la legislación estatal la figura del “consumidor vulnerable”, una figura que ya existe en algunas comunidades autónomas pero no a nivel estatal. El objetivo de esta medida es proteger “a sectores como mujeres, niños, niñas, colectivos feminizados, colectivos en pobreza, especialmente vulnerables a los costes de las decisiones erróneas”, señaló. Además, mostró su intención de que el ministerio pueda emprender acciones judiciales contra empresas que cometan fraudes masivos en todo el país, y de reformar El ministro también ha anunciado que reformará la legislación de defensa de los consumidores para adecuar las cuantías de las sanciones a la gravedad de los fraudes. Ambas medidas son reivindicaciones históricas de las asociaciones de consumidores.

Sobre la firma

Miguel Ángel Medina

Escribe sobre medio ambiente, movilidad -es un apasionado de la bicicleta-, consumo y urbanismo. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, ha ganado los premios Pobre el que no cambia su mirada y Semana Española de la Movilidad Sostenible. Ha publicado el libro ‘Madrid, preguntas y respuestas. 75 historias para descubrir la capital’.

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