La Seguridad Social calcula que a partir de febrero los sectores con muchas bajas podrán pedir la jubilación anticipada

En febrero de 2025. Ese es el plazo que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha marcado este miércoles para la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Este es el reglamento mediante el cual las organizaciones patronales y sindicales que representan a los trabajadores de actividades con muchas bajas o siniestralidad podrán solicitar que les aplique una jubilación anticipada. Así, podría haber trabajadores beneficiados a la vuelta del verano, dados los seis meses que el proceso estima entre la petición del sector y la resolución. Esto no aplicará a sectores al completo, solo a las ocupaciones más penosas.

“El 22 de octubre el Consejo de Ministros lo aprobó con tramitación urgente. Posteriormente fue sometido a audiencia pública, en un ejercicio de transparencia. En este momento los servicios técnicos y jurídicos están estudiando todas las alegaciones presentadas y posteriormente se remitirá al Consejo de Estado para que en 15 días emita su pronunciamiento”, ha precisado Saiz, antes de fechar cuándo espera que entre en vigor: “Estamos trabajando para que esta norma entre en vigor en el menor plazo posible, con todos los recursos que sean necesarios. Calculamos que para el mes de febrero de 2025 así será”.

Saiz ha añadido que estos coeficientes “van a aportar un marco de certidumbre, estamos ampliando derechos y avanzando en protección social”. Ha dicho que es “una prioridad” para el Gobierno que “cualquier colectivo que considere que tiene derecho a una jubilación anticipada lo solicite y lo pueda resolver con objetividad, atendiendo a situaciones de exigencia física o psíquica a partir de una determinada edad y con perspectiva de género”.

Este es uno de los cambios contenidos en la última reforma de pensiones, que el Ejecutivo sacó adelante con el apoyo de sindicatos y patronales. El objetivo, según detalla la norma, es “rebajar la edad ordinaria de acceso a la pensión de jubilación de aquellas ocupaciones o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Para esos índices se tomarán en cuenta todas las bajas laborales, no solo la de carácter profesional. Así, el Gobierno atiende la petición de los representantes de los trabajadores, que suelen destacar que parte de la incapacidad temporal por contingencias comunes en realidad se origina en la actividad laboral.

La norma puede aplicar a trabajadores por cuenta ajena y propia, con la excepción de aquellos que ya tienen su propio sistema de coeficientes reductores, como los policías, los marineros o los mineros. Es importante resaltar que los coeficientes no aplicarán a sectores al completo, sino que beneficiarán más o menos a los empleados en función de la labor que desarrollen, de las características específicas de cada ocupación. Y que solo se pondrán en marcha si no son posibles medidas de adaptación del puesto de trabajo.

Saiz ha dado estas explicaciones en el Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero. Le ha preguntado sobre la posibilidad de que estos coeficientes reductores apliquen a las personas que cuidan a familiares con alto grado de dependencia. “Le recordamos que las personas que cuidan a grandes dependientes se quedan fuera porque la penosidad no proviene del trabajo, sino del cuidado. Usted reconoció que hay situaciones que tienen importante exigencia física o psíquica, sobre todo a partir de una determinada edad, y hay que dar una solución. Por todo ello le preguntamos cuándo va a cumplir el Gobierno su palabra de contemplar que las personas cuidadoras de grandes dependientes que ha compatibilizado trabajo y cuidados puedan acceder a una jubilación anticipada”. Saiz no ha contestado a esta pregunta específica

¿Cómo entran en aplicación los coeficientes?

El proceso se pone en marcha si lo solicitan los colectivos sindicales o patronales representativos del sector, ya sea de la mano o por separado a petición de una de las partes. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá seis meses para decidir al respecto. Lo previsible es que, en cuanto la norma entre en vigor, el ministerio empiece a recibir muchas peticiones de colectivos que vienen reclamando estos coeficientes, como los transportistas, las profesionales de ayuda a domicilio o las camareras de piso. Así, si el reglamento empieza a aplicar en febrero, puede que los primeros coeficientes se fijen en torno a agosto o septiembre.

“La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y siniestralidad que comprenderá, según el caso, la identificación del colectivo, la determinación de los indicadores básicos y sus umbrales, así como un estudio detallado de la siniestralidad y del daño producido por el trabajo, con especial referencia a la edad y el género”, indica la norma.