Rato: “El presidente del BBVA me dijo que lo mejor era que dimitiera”

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato aprovechó este lunes la tercera y última sesión de su interrogatorio en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad para recordar las “presiones políticas” y el “nerviosismo y pánico” de las autoridades en abril de 2012. Rato relató que el entonces presidente del BBVA, Francisco González, fue el primero en pedirle que dimitiera, y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le reunió con sus competidores (BBVA, Santander y CaixaBank). Rato volvió a insistir en que hizo lo que le ordenó el regulador, el Banco de España.

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Rato atribuyó su salida de la entidad a “presiones políticas” y al “nerviosismo” del Gobierno de Mariano Rajoy, sumado al interés de la competencia. A preguntas del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, el exvicepresidente del Gobierno dijo que Francisco González fue el primero que le pidió que dimitiera al considerar que “no era buena idea” que un antiguo miembro del Gobierno del PP siguiera al frente de un banco que debía ser rescatado.

Según su relato, después lo hizo el ministro Luis de Guindos, que le reunió con los tres principales banqueros, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (CaixaBank) para tratar la crisis de Bankia. Según aseguró con ironía, se organizaban “cenas en las que traen a otros para que digan las cifras”, en referencia a una de esas reuniones, en las que dijo que le pidieron que elevara de 7.000 hasta cerca de 15.000 millones de euros los saneamientos, algo que no tenía “ninguna base legal” y que carecía de “la cobertura de las normas contables del Banco de España”.

Rato empezó la sesión contestando a las preguntas del fiscal Luzón, viejo conocido suyo por haber llevado la instrucción del caso Bankia y ser también el fiscal de las tarjetas black, el caso por el que el exbanquero cumple actualmente prisión. Luzón sustituyó solo para la sesión de este lunes a la fiscal Carmen Launa, que lleva de baja médica desde principios de enero, lo que obligó a suspender el juicio durante casi un mes.

El cara a cara con Luzón tuvo algunos momentos de tensión y también jocosos, como cuando Rato le dijo que en su escrito de acusación alababa la gestión excelente de Bankia. El fiscal respondió entre risas que no se refería a él, sino a José Ignacio Goirigolzarri, el actual presidente de Bankia. Pero Rato siguió diciéndole al fiscal, con insistencia, lo que ponía en su propio escrito. “Mi abogado me aconseja que no discuta con usted”, zanjó finalmente la cuestión el exbanquero. Después de Luzón, intervino la abogada del Estado, que representa a la acusación del FROB, y finalmente al abogado defensor de Rato, Ignacio Ayala.

Rato reiteró que ni el Banco de España ni la auditora Deloitte cuestionaron nunca las cuentas de Bankia y de BFA (su matriz) en 2011, cuando la entidad salió a Bolsa. “En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido”, insistió el exvicepresidente.

 A preguntas de su abogado, Rato fue desgranando su estrategia de defensa: que no tomó ninguna decisión por sí mismo sin contar con los órganos de gobierno de la entidad o con el adecuado asesoramiento; que el Banco de España y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) le dieron instrucciones sobre cómo debía hacerse la fusión y que controlaban cada uno de los pasos que daba Bankia; que la CNMV dio el visto bueno al folleto con el que salió a Bolsa la entidad y que en esa época se produjo un “periodo muy intenso de regulación” que impedía actuar de forma autónoma.

El exministro, para quien la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión por estafa a inversores, reconoció que la única cuestión que preocupaba al socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, también procesado, era la valoración de acciones de Bankia en el balance de BFA. Pero aseguró que estaba convencido de que la auditora no iba a hacer comentarios negativos sobre las cuentas.

El letrado que defiende a Rato, Ignacio Ayala, insistió en la idea de que en los consejos de Administración nadie mostró discrepancias ante las decisiones que se iban tomando: "¿Ha tomado usted alguna decisión por usted mismo sin contar con los órganos de Gobierno o el asesoramiento debido?". Pregunta a la que el exbanquero contestó que no, y que además "no habría podido" hacerlo por la complejidad de estos órganos. "Es imposible que una sola persona tome decisiones, aparte de que yo era un recién llegado", añadió.

A preguntas sobre si el diálogo con el regulador era fluido, Rato aprovechó para lanzar un mensaje: "No se trata de echarle la culpa a nadie. Ellos tienen sus responsabilidades y yo tengo las mías", ha asegurado, para recordar después que en esa época se tomaron muchas decisiones sobre el funcionamiento de las cajas mediante regulaciones con rango de ley. "No recuerdo, desde 2012 hasta la fecha, con la excepción de los créditos fiscales, ninguna norma de aumentos de capital o provisiones o que obligara a las cajas a fusionarse. Tuvimos un periodo muy intenso de regulación, con lo que las posibilidades de actuar autónomamente se reducen", añadió, e insistió en que con normas con rango de ley y sus correspondientes controles públicos "el regulador financiero tiene interlocución total con los bancos".

El papel del auditor

A preguntas de Luzón el exministro aseguró que los consejos de administración de Bankia y de su matriz, BFA, tenían "la fundada impresión" de que la firma auditora no iba a realizar comentario negativo alguno sobre las cuentas. Pese a ello admitió que desde finales de 2011 conocía la inquietud del socio auditor Francisco Celma, también acusado en el proceso, por la valoración de las acciones de Bankia y BFA.

Se refería a la demora en la presentación del informe de Deloitte que debería acompañar a los estados financieros en su comunicación al mercado, retraso que Rato y su equipo consideraron como algo normal al entender que el auditor estaba esperando a la aprobación por parte del Banco de España del plan con el que la entidad pretendía superar las exigencias del segundo decreto Guindos, relató el exministro. "No nos preocupaba la posibilidad de que se formularan sin el informe de auditoría o un borrador, ya que Deloitte tenía la obligación contractual de realizarlo, si no supondría un incumplimiento legal", añadió.