Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco

Eran viejos conocidos de la Agencia Tributaria, que alertó en septiembre de 2016 a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. De un depósito fiscal de Castellón, regentado por un padre y una hija, salían centenares de miles de botellas de bebidas alcohólicas con destino a distintos puntos de España, principalmente de la zona de la costa este española y Sevilla y Cádiz. Su estructura de fraude consistía en cobrar el 21% de IVA legal pero no repercutirlo en la Agencia Tributaria sino en toda una amalgama de empresas creadas para diluir esa estafa al tesoro público. "Hemos intervenido hasta 60 empresas pantalla", aseguraba el teniente coronel Almansa, jefe de la unidad de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO). Los investigadores, que bautizaron la operación como Espíritu, calculan que el fraude alcanza los 25 millones de euros.

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Girona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lleida y Guadalajara y se ha saldado con la detención de 43 personas y la intervención de bebidas alcohólicas por valor de más de 4 millones de euros, más de 300.000 botellas, parte de las cuales posiblemente estaban destinadas a muchas de las casetas de la Feria de Abril. "Habrán tenido que buscar otro almacén", comentaban los investigadores.

El juez ha dictado prisión sin fianza para cuatro de los detenidos. Los delitos que se les imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.

Una denuncia de la Agencia Tributaria

La investigación arranca cuando la Agencia Tributaria presenta una denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre de 2016, abriéndose diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, a las que se incorpora la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia y la ONIF.

Inicialmente, la investigación se centró en la actividad real de un depósito fiscal ubicado en esa provincia, con el fin de corroborar la hipótesis planteada sobre la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pública, pero a lo largo de la misma se fue detectando un entramado societario que se extendía por varias provincias del territorio nacional, formado por más de 60 empresas. Eran negocios, denominadas truchas en el argot policial, que ponían a nombre en su mayoría de testaferros, muchos de ellos delincuentes comunes con residencia en las 3.000 viviendas de Sevilla, lo que ha dificultado la investigación. Este entramado de empresas, estaba perfectamente diseñado para enmascarar esta actividad delictiva, en la que cada sociedad desempeñaba diferentes roles.

Modus operandi

La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se realizaba por un grupo de empresas denominadas “introductoras”, las cuales direccionaban el producto al depósito fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado, "provocando una competencia desleal", señalan los investigadores. Este bajo precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA.

Había dos clases de empresas, por un lado, las “pantallas” que, únicamente intentan difuminar el seguimiento de la mercancía y alejar la acción fraudulenta de los responsables criminales, y por otro lado las denominadas truchas o missing traders, al frente de las cuales la organización criminal situaba los citados testaferros.

Esta defraudación millonaria se perfeccionaba, ya que estas últimas eran las que la organización destinaba a no pagar el IVA correspondiente, de tal modo que cuando la Administración les exigía esta compensación, nadie respondía a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habría superado los 25 millones de euros en este concepto.

Un monopolio de alcohol sin IVA

De este modo, la organización criminal se aseguraba la colocación de todas las bebidas alcohólicas que pudiera adquirir distribuyéndolas por las provincias afectadas y consiguiendo prácticamente una monopolización del mercado.

Además de las detenciones practicadas, la operación se ha saldado con el bloqueo de varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos, muchos de alta gama.

En el operativo, que se culminó el pasado miércoles, han participado distintas unidades pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de las provincias afectadas, así como unidades caninas detectoras de papel moneda y drogas. Igualmente, han participado inspectores de diferentes dependencias regionales de inspección de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).