LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
El Gobierno de EE UU utilizó todos los resortes políticos y diplomáticos para influir en la decisión del Ejecutivo español de extraditar en 2008 a su país al traficante de armas Monzer Al Kassar. El sirio, de 64 años, residía en Marbella (Málaga), tenía permiso de residencia y era un protegido de los servicios secretos españoles a los que facilitó informaciones sobre terrorismo.
La red de 'hawaladares' envía dinero a Al Qaeda desde tiendas y locutorios
Primer desacuerdo del Pacto de Toledo
El Gobierno tendrá que enfrentarse en solitario al retraso de la edad legal de jubilación, probablemente la más impopular de las medidas de recorte que ha planteado hasta el momento. El Congreso dio ayer definitivamente la espalda a cualquier movimiento que pueda interpretarse como un respaldo a los 67 años como nueva edad de jubilación.
Estado de alarma
"Las mismas razones que llevaron al Gobierno a declarar el estado de alarma le llevan ahora a solicitar su prórroga tal y como prevé la Constitución. Algunas de las circunstancias que generaron la declaración de estado de alarma aún no han sido superadas.
AENA espera la luz verde de los servicios jurídicos del Estado para retomar "cuanto antes" la negociación del convenio colectivo con el sindicato de controladores USCA. Una portavoz de la empresa pública que gestiona los aeropuertos explicó ayer que se está analizando la posibilidad legal de volver a la mesa de negociación, en suspenso tras la declaración del estado de alarma y la militarización de esos profesionales.
El albañil Pere Puig, de 57 años, que el miércoles mató con un rifle a cuatro personas en Olot, pretendía hacer aún más grande la tragedia. Además de a sus dos jefes (padre e hijo), al subdirector y a una trabajadora de la entidad bancaria Caja de Ahorros Mediterráneo (CAM), Puig buscaba al director de la sucursal y a otro trabajador de la entidad.
El juez Baltasar Garzón anunció ayer en Avilés (Asturias) su intención de recusar a cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle por investigar los crímenes del franquismo debido a que han participado en la instrucción de la causa.