El Congreso no avala retrasar hasta los 67 años la jubilación

El Gobierno tendrá que enfrentarse en solitario al retraso de la edad legal de jubilación, probablemente la más impopular de las medidas de recorte que ha planteado hasta el momento. El Congreso dio ayer definitivamente la espalda a cualquier movimiento que pueda interpretarse como un respaldo a los 67 años como nueva edad de jubilación. Y lo hizo en el Pacto de Toledo, que por primera vez desde su creación, en 1995, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos en un punto básico de una reforma de las pensiones: el retraso de la edad de jubilación.

La pinza entre la izquierda y el PP, ambos opuestos a esta ampliación que plantea el Gobierno, dejó solo al PSOE en este punto. Los socialistas pretendían que las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyeran un párrafo ambiguo sobre este asunto. Pero tanto la izquierda como el PP, que esta vez se ha colocado en posiciones muy alejadas de su tradicional línea cercana al mundo de la patronal, exigían al PSOE que aceptara un párrafo en el que quedara claro que el Pacto de Toledo exigía que la edad legal de jubilación se mantuviera en 65 años.

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El PSOE, con la presión del Gobierno y forzado a su vez por los mercados, insistió en retrasar la edad de jubilación y se negó a aceptar ese redactado. Y la solución final fue algo que nunca había sucedido: después de casi un año de negociaciones, los grupos firmarán un texto que incluye una coletilla en la que se señala: "En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo".

Los grupos, sobre todo los de izquierda (IU y ERC), explicaron después que este párrafo tiene un objetivo claro: que el Gobierno, si decide finalmente el 28 de enero aprobar el retraso de la edad de jubilación, no pueda hacerlo avalado por el Pacto de Toledo. "No queríamos darle esa coartada", explicaron desde la izquierda Gaspar Llamazares y Joan Tardá. "Para hacer la reforma de pensiones que necesita España no hace falta ampliar la edad de jubilación legal. Nosotros apostamos por incentivar que de forma voluntaria se pueda continuar más allá de los 65", explicó Tomás Burgos, del PP.

El resumen del significado político de la solución del entuerto de la reforma de las pensiones es muy claro: los grupos, y en especial el PP, el principal de la oposición, fuerzan al Gobierno a que asuma solo el coste político y electoral de retrasar la edad de jubilación legal. El PP se niega a comprometerse con esta polémica decisión, que sin embargo reclaman muchos sectores tradicionalmente afines a este partido, especialmente entre el empresariado y los grupos de presión conservadores. Isabel López i Chamosa, la portavoz socialista, acusó al PP de no sumarse a esta reforma "por motivos partidistas".

Sin embargo, y pese a los temores de las semanas pasadas de que fuera imposible alcanzar ningún tipo de pacto, en todo lo demás hubo un acuerdo muy importante, que se cerrará definitivamente la semana que viene y que abarca cuestiones tan cruciales como que un trabajador pueda compatibilizar salario y pensión para fomentar la permanencia de la vida activa y una especie de censura al abuso que se ha hecho de las prejubilaciones estos años. También se llegó a un acuerdo -sin la izquierda- para aumentar el número de años necesario para acceder a una pensión contributiva.

La izquierda estaba ayer relativamente satisfecha. Después de una jornada, la del miércoles, centrada en un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre la ampliación del cálculo -lo que supondrá un recorte de las pensiones- que fue muy dura para ellos, ayer tanto Llamazares como Tardá estaban contentos por la redacción que se había pactado sobre el asunto de las prejubilaciones y de las pensiones de viudedad. Se propone que sigan siendo contributivas, no asistenciales, y que se aumente su cuantía. La izquierda hará un voto particular contra la ampliación de los años del cómputo, pero se sumará a la otra parte del acuerdo. Carles Campuzano, de CiU, expresó que a su grupo "le gustaría que la edad de jubilación se mantuviese en 65 años", aunque dejó abierta la puerta a negociaciones. El portavoz del PNV Emilio Olabarría dijo que su partido está dispuesto a "hablar de todo", abriendo el camino a apoyar finalmente el retraso. Sin el PP, los socialistas necesitarán a sus socios nacionalistas para sacar adelante esa iniciativa. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró que el retraso a 67 años es el "planteamiento correcto" y anunció que el Gobierno seguirá negociando para buscar un acuerdo.