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Pensiones pactadas

Los acuerdos genéricos del Pacto de Toledo trasladan al Gobierno el coste de la reforma

El principio de acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones (hoy 15 años de cotización, que probablemente debería alargarse hasta los 25 años) tiene que interpretarse como un proceso político para facilitar al Gobierno la propuesta de una reforma del sistema de pensiones que pueda ser aceptada por la mayoría política del Congreso. La recomendación genérica, cocinada principalmente entre el PSOE y el PP, de aumentar el periodo de cotización así lo hacía suponer el miércoles; y la voluntad de los partidos de acordar una fórmula que faculte al Gobierno a elevar la edad de jubilación, aunque no le autorice específicamente, ratifica esa suposición.

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Así, la responsabilidad total de la reforma del sistema de pensiones queda en el Gobierno. Es el Gobierno el que ha tenido la iniciativa de proponer la reforma y también quien se ha comprometido con un calendario para concretar el nuevo cuadro de prestaciones. Y es el Gobierno quien debe aceptar el coste político del ajuste del sistema, bien por la pérdida de votos que implica, debido a la evidente reducción de prestaciones, bien por la reacción de los inversores en deuda española si acaso entendiesen que es insuficiente.

Falta llegar a un acuerdo sobre la edad de jubilación. El sentir general (excepción hecha de Izquierda Unida y los sindicatos) entiende que debe retrasarse desde los 65 años en la actualidad hasta, quizá, los 67 años. Pero esa percepción encubre muchos matices. Lo importante es que los negociadores acepten políticamente el sentir de la mayoría que ha llevado a ese pacto y que respalden ante la opinión pública la reforma pactada. No vale colaborar de puertas para adentro y criticar después la solvencia de la reforma ante los votantes propios, la opinión pública y los inversores.

Ha de respetarse el principio de equidad, sin el cual cualquier merma de prestaciones se convierte en injusta. Las prejubilaciones que cuesten dinero al erario público tienen que ser erradicadas del sistema, sin excusas ni excepciones. No es aceptable que algunos sectores empresariales ajusten plantillas enviando a los despedidos a la cruda prestación por desempleo, mientras otros, como las cajas de ahorros, colocan a sus despedidos con el 95% del sueldo. Y si la razón es que bancos y cajas devolverán el dinero del FROB utilizado para pagar tales despidos, compruébese en todo caso que esa restitución se produce.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 17 de diciembre de 2010.

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