EE UU presionó al Gobierno para que entregara a Al Kassar

El Gobierno de EE UU utilizó todos los resortes políticos y diplomáticos para influir en la decisión del Ejecutivo español de extraditar en 2008 a su país al traficante de armas Monzer Al Kassar. El sirio, de 64 años, residía en Marbella (Málaga), tenía permiso de residencia y era un protegido de los servicios secretos españoles a los que facilitó informaciones sobre terrorismo.

El 7 de marzo de 2008 sonaron las alarmas en la sede de la Embajada de EE UU en Madrid. El Consejo de Ministros de España, el último antes de las elecciones generales, no incluyó en su orden del día la petición del Ejecutivo estadounidense de extraditar a Monzer Al Kassar, una de sus piezas de caza más codiciadas. El traficante de armas estaba catalogado en EE UU como persona no grata y presunto terrorista. La imposibilidad de que el Gobierno español interino adoptara la decisión de extraditarlo provocó malestar y preocupación en la legación diplomática. El traficante era una auténtica obsesión para los agentes del FBI y la DEA, se les escurría de las manos.

Un cable confidencial fechado el 13 de marzo de 2008 y remitido al Departamento de Justicia en Washington explica las "presiones" del embajador Eduardo Aguirre y de sus consejeros ante representantes del Gobierno español. Una reacción rápida ante las malas noticias de aquel Consejo de Ministros. "El embajador telefoneó el día 7 al ministro de Asuntos Exteriores Moratinos para expresar su malestar y el segundo jefe de la legación contactó el día 12 con el secretario de Justicia Julio Pérez para felicitarle por los resultados de las elecciones y poner al día el caso", señala el informe. El redactor de la nota cree que hay "descoordinación entre la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia porque el juez Javier Gómez Bermúdez había comunicado en febrero en una comida que la decisión de extraditar a Al Kassar se había tomado y había sido remitida al citado ministerio".

El informe adelanta la próxima gestión del embajador: contactar con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para "asegurar la inmediata atención en este tema", y asegura: "El equipo de Madrid continuará trabajando el caso al más alto nivel para reafirmar al Gobierno español nuestro deseo de ver a Al Kassar bajo la custodia de EE UU lo antes posible. Pese al retraso, tenemos razones para pensar que la extradición saldrá adelante". Moratinos y el ministro Pérez Rubalcaba habían comunicado al embajador que Al Kassar era "un hombre malo que debía ser extraditado", que su recurso ante el Constitucional era "extremadamente débil" y que el Gobierno apoyaría su extradición.

Tres meses antes, el 13 de diciembre de 2007, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había accedido a entregar a Al Kassar por los delitos de conspiración para asesinar a ciudadanos, agentes y funcionarios estadounidenses mediante el suministro de misiles antiaéreos y armas a las FARC colombianas. Al Kassar había sido detenido en junio de ese año en el aeropuerto de Madrid. Los magistrados de la sala accedieron a la petición de un tribunal de Nueva York, aunque exigieron "la previa prestación de garantía por vía diplomática de que el reclamado no será condenado a pena de muerte y de que en caso de ser condenado a pena perpetua, la misma no será indefectiblemente de por vida".

Los magistrados debatieron si los agentes estadounidenses que detuvieron a Al Kassar habían provocado el delito ya que le tendieron una trampa ofreciéndole una venta de armas ficticia, algo prohibido en el Código Penal español. La mayoría de los jueces del pleno decidieron que el delito no había sido provocado, pero en el debate inicial en la Sección Cuarta la decisión de extraditar al traficante sirio se adoptó por dos votos contra tres. La juez Teresa Palacios formuló un voto particular en el que aseguraba que los infiltrados de la DEA buscaban provocar un delito ficticio. Tras aprobarse la extradición en la Audiencia Nacional, la decisión quedaba en manos del Gobierno.

El 30 de mayo de 2008, constituido ya el nuevo Ejecutivo socialista, el embajador Aguirre informó en otro cable confidencial de que Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia, había llamado el día anterior al segundo diplomático de la embajada para comunicarle que Al Kassar había concluido todos sus recursos legales y que el caso estaba cerrado. Julio Pérez "informó de que tenía el expediente en su despacho y que lo enviaría al Consejo de Ministros para su aprobación en cuanto recibiera la orden. Advirtió de que la decisión final ahora dependía de la oficina del presidente Zapatero en La Moncloa", dice la nota. Meses antes, el secretario de Estado había advertido a la embajada de que había que cumplir todo el proceso judicial de manera transparente y que "el Gobierno español no pondría a Al Kassar en un avión americano a las tres de la mañana".

El mismo día, Aguirre telefoneó a Bernardino León, secretario de la Presidencia, para informarle de la conversación con Pérez y comunicarle que varias fuentes aseguraban que el Gobierno de Zapatero estaba "bajo presión de un tercer país (Siria) para detener la extradición". León prometió seguir el caso e informar al embajador. "El caso ha pasado del terreno legal a la arena política y está ahora en manos del Gobierno de Zapatero. León ha sido siempre un efectivo interlocutor, pero no tiene capacidad de decisión, la embajada debe buscar apoyo en los más altos niveles en Washington", concluye.

El 6 de junio de 2008 la embajada celebró su "gran victoria". Aguirre comunicó a la CIA, la DEA y el FBI que Pérez Rubalcaba le había telefoneado para comunicarle que el Consejo de Ministros acababa de aprobar la extradición de Al Kassar. El cable asegura que la decisión del Gobierno español es el "tributo al trabajo de los miembros de la embajada y de la interagencia en Washington. La decisión del Consejo de Ministros de hoy es una gran victoria y el paso definitivo para asegurarnos que este presunto terrorista comparezca ante la Justicia en EE UU". El 13 de junio de 2008 Monzer Al Kassar fue entregado a las autoridades estadounidenses. El 25 de febrero de 2009 fue condenado a 30 años de cárcel por un tribunal federal de Estados Unidos.

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