Político y económico

Los socialistas ultimaron ayer el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco que les permitirá, tras incorporar también a los dos diputados de Coalición Canaria y al de Unión del Pueblo Navarro, completar la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos de 2011. Es el tercer año consecutivo que el partido de Urkullu (seis escaños) permite a Zapatero salvar ese difícil compromiso, tras el abandono de los antiguos aliados de izquierda. Ayer, todas las demás fuerzas, a derecha e izquierda, presentaron enmiendas de devolución.

El acuerdo con el PNV va más allá del ámbito de las cuentas del Estado. Por una parte, extiende su vigencia hasta el fin de legislatura para todo lo que tenga que ver con medidas contra la crisis; por otra, tiene una dimensión directamente política al incluir el compromiso del Gobierno de traspaso al País Vasco de 30 de las 32 competencias pendientes.

Se excluye la de prisiones y también la relativa al régimen económico de la Seguridad Social. Esta competencia ha sido motivo de desacuerdo permanente dado que, por una parte, la Constitución la considera exclusiva del Estado y, por otra, el Estatuto vasco la atribuye, con una serie de cautelas ("dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad"), a Euskadi. Hay, pues, un conflicto de competencias, más que una competencia no reconocida. Sucesivos Gobiernos utilizaron como argumento para no tocar el asunto la fuerte oposición de los sindicatos, que siempre han denunciado que su traspaso rompería el criterio de unidad de caja que garantiza las mismas prestaciones en todo el territorio.

En tiempos de Ibarretxe la cuestión competencial se planteó como un emplazamiento que, en caso de no ser atendido, liberaba al lehendakari de sus compromisos autonomistas, legitimándole para plantear propuestas soberanistas, incluyendo la asunción unilateral de las competencias reclamadas. Desde la perspectiva de esos años, el acuerdo de ayer tiene más calado de lo que parece, porque simboliza la superación por el PNV de la deriva antiautonomista y su compromiso con la gobernabilidad de España. Tanto Urkullu como el portavoz socialista, Alonso, invocaron ayer el interés compartido por garantizar la estabilidad institucional para mejor combatir la crisis.

Zapatero, en sus horas más bajas, cuando su margen de maniobra es más estrecho, consigue así lo que no tuvo desde que empezó su segunda legislatura: la estabilidad que da contar con un aliado fijo, el PNV, que tampoco atravesaba su mejor momento tras ser desplazado de Ajuria Enea. De esas dos debilidades ha salido una alianza entre los dos partidos más antiguos de España, con el riesgo de afectar a la estabilidad del Gobierno de Patxi López, convidado de piedra en las negociaciones. A cambio, el acuerdo con Zapatero favorece una sintonía entre nacionalistas y socialistas vascos en torno a la gestión del fin de ETA que seguramente será muy conveniente en los próximos meses.