Presupuesto limitado

No resulta evidente, a primer golpe de vista, cómo unos Presupuestos Generales del Estado que reducen el conjunto del gasto público el 7,9% (el 3% si se comparan con los gastos recortados de 2010) pueden ser las cuentas públicas que garanticen la recuperación económica; tampoco que ese Presupuesto tenga un carácter social cuando solo las pensiones mínimas se revalorizarán en 2011 (el 1%). Así que no es de extrañar que ni la vicepresidenta Fernández de la Vega ni la vicepresidenta Elena Salgado pudieran ayer cuadrar del todo la ecuación de que unos Presupuestos austeros, que buscan lógicamente la reducción del déficit público hasta el 6% del PIB, desde el 9% con el que se cerrará 2010, sean al mismo tiempo los más adecuados para afianzar la recuperación y el empleo y, además, atender satisfactoriamente los gastos sociales.

Ambas vicepresidentas, buenas profesionales del mensaje tranquilizador, desplegaron la dosis requerida de explicaciones. Pero sus propios datos son más tozudos. El cuadro macroeconómico para 2011 reconoce que la tasa de paro se mantendrá por encima del 19%. El nervio del gasto de este presupuesto es la congelación salarial de los funcionarios y de las pensiones, la restricción de las inversiones (las de los ministerios caerán aproximadamente el 16%) y algunas medidas de ahorro, como la supresión de la deducción por vivienda a las rentas superiores a los 24.000 euros o la merma en el permiso por paternidad. La verdad desnuda es que el Presupuesto para 2011 busca prolongar la confianza en la solvencia de las finanzas españolas de los mercados de deuda. Eso es todo: y, desde luego, no es poco.

La contención del gasto para 2011 requiere, no obstante, una discusión técnica y política sobre la racionalidad de los recortes que el Gobierno no ha hecho del todo y que, probablemente, los diputados de la oposición tampoco están en condición ni ánimo de hacer durante el trámite parlamentario. El meollo político del Presupuesto hay que buscarlo en la decisión de añadir dos tramos al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), de forma que a partir del año próximo las rentas entre 120.000 y 175.000 euros anuales tributarán al tipo marginal del 44% (ahora es el 43%) y las superiores a 175.000 euros lo harán al 45%. Es de temer que esta decisión responda a la afirmación, aceptada sin matices en algunos sectores, de que "hay que subir los impuestos a los ricos"; y hay varias razones para considerar que se trata de una medida irreflexiva e ineficaz.

El problema de la fiscalidad española no está en que las rentas del trabajo más elevadas paguen más o menos impuestos (ese debate requiere conocer con exactitud los tipos efectivos que paga cada tramo), sino el lastre sobre las cuentas públicas de un fraude tributario, en forma de bases imponibles ocultas, próximo a los 250.000 millones. Si se quiere elevar la fiscalidad de las grandes fortunas (no solo de las nóminas más elevadas), la Agencia Tributaria debería volcarse en aflorar todo o parte de ese dinero escondido y acceder así a ingresos adicionales que, en el peor de los casos, podrían sumar recaudaciones adicionales superiores a los 1.000 millones anuales. La prueba de que los dos nuevos tramos son una concesión a la galería es que apenas se recaudarán unos cientos de millones más con ellos.

A cambio de tan magro aumento de la recaudación, el Gobierno introduce más incertidumbre en el IRPF. Las últimas reformas del impuesto optaron por simplificar el tributo, reduciendo el número de tramos. Ahora se aumentan. Quizá no sea el Presupuesto más inspirado, pero confiemos en que al menos sirva a su objetivo central: devolver a este país la estabilidad que necesita para comenzar a crecer.