Consecuencias del fallo del Estatuto
Los nacionalistas catalanes se han tomado como una declaración de guerra la satisfacción con la que el Gobierno ha recibido la sentencia del Estatuto catalán. Y se han propuesto hacérselo pagar muy caro a José Luis Rodríguez Zapatero en los meses venideros, cuando el Gobierno requerirá de mil y una muletas en el Congreso para salir mínimamente airoso del debate del estado de la nación o para aprobar los Presupuestos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó ayer hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para reforzar el Estatuto de Cataluña. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, había mostrado la víspera esa disposición y dijo que la abordaría en la reunión que mantendrá este mismo mes con el presidente de la Generalitat para analizar conjuntamente la sentencia del Tribunal Constitucional.
Cuatro días después de conocerse el fallo del Estatuto de Cataluña que ha cambiado el paso a la política nacional, el ex presidente del Gobierno José María Aznar aportó ayer su visión sobre el asunto. Para Aznar, el Estatuto es "un lío de socialistas" en el que se metió el actual presidente del Gobierno y que ha llevado a España a una "profunda sima jurídica y política" afortunadamente resuelta por el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros anunció ayer la supresión de unos 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado al reducir del 8% al 5% el máximo de vacantes que podrán tener los ministerios y organismos estatales. La reducción de las vacantes supondrá un ahorro de 250 millones de euros al erario público en tres años, correspondientes a la vigencia del Plan de Estabilidad que se prolongará de 2010 a 2013, según anunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.
El fallo del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha reabierto en Galicia el debate sobre la reforma del techo competencial, interrumpida hace dos años, cuando la cuestión identitaria hizo encallar la negociación que mantenían PP, PSdeG y Bloque Nacionalista Galego (BNG).
PSOE y PP mantienen su propósito de llevar a las televisiones privadas la misma proporcionalidad que ya se aplica en las públicas para los espacios electorales en las campañas. Para eso los ponentes de ambos partidos, José María Benegas y José Antonio Bermúdez de Castro, se reunirán en los próximos días para dar una redacción concreta a la proposición de ley.
La teórica apuesta de la izquierda abertzale por las vías políticas en exclusiva no ha convencido al grueso de la sociedad vasca. Dos de cada tres ciudadanos perciben en el entorno de la antigua Batasuna "poca o ninguna voluntad" de incorporarse al sistema democrático, según los últimos datos del Euskobarómetro, el estudio sobre la opinión pública en Euskadi que elabora cada seis meses la Universidad del País Vasco.
El Parlamento vasco exigió ayer ser "claros y contundentes" contra la violencia, en un mensaje que se antojaba dirigido a la izquierda abertzale, cuyos representantes en los Ayuntamientos de Euskadi no participaron, a pesar de ser invitados, en el homenaje a los 23 alcaldes y ediles de esta comunidad asesinados por ETA y a los dos que mataron los GAL y el Batallón Vasco Español, Santi Brouard y Tomás Alba, respectivamente. Fue un acto al que acudieron familiares de las víctimas, así como el lehendakari, Patxi López, y miembros del resto de partidos parlamentarios. La presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga (PP), apostó por un "ejercicio público de esperanza en una paz verdadera, sin la falsa tutela de las armas" para construir "un futuro en el que no quepa la violencia terrorista".
"Nuestro programa electoral no es solo de los cientos de miles de afiliados, no, nuestro programa es ante todo de los 11 millones de ciudadanos que nos votaron en las elecciones generales y de los muchos que nos votarán en las elecciones municipales y autonómicas".
F. JAVIER BARROSO | Madrid
Cuatro 'niños bien' de municipios acomodados de la periferia de Madrid confiesan que cometieron 28 asaltos a chalés en busca de emociones fuertes
Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para declarar como imputado por "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública".
