El Gobierno ahorrará 250 millones al no cubrir 10.600 vacantes de funcionarios

El Consejo de Ministros anunció ayer la supresión de unos 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado al reducir del 8% al 5% el máximo de vacantes que podrán tener los ministerios y organismos estatales. La reducción de las vacantes supondrá un ahorro de 250 millones de euros al erario público en tres años, correspondientes a la vigencia del Plan de Estabilidad que se prolongará de 2010 a 2013, según anunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

La reducción de las vacantes afectará a plazas sin cubrir de la Administración General del Estado, pero dotadas económicamente, referentes a comisiones de servicio; excedencias voluntarias; contratación de personal; reingresos en servicio activo; adscripciones personales y movilidad. Según los cálculos de la Secretaría de Estado de la Función Pública, de los 10.600 puestos de trabajo afectados por la reducción, 7.857 corresponderán a personal funcionario y 2.800 al personal laboral.

De los 10.600 puestos afectados, 2.800 corresponden al personal laboral

El próximo Consejo abordará la baja de los secretarios de Estado

La reducción de vacantes afectará a los ministerios, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración General del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedan excluidos de la poda las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad del Estado; la Administración de justicia y centros penitenciarios, así como los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.

La supresión de vacantes, materializada en el Consejo de Ministros de ayer, se inscribe en el plan de austeridad para la Administración General del Estado de 2011 a 2013, que inició el Gobierno en abril con la reducción de un 10% de la Oferta de Empleo Público y de la que estimó un ahorro de 280 millones de euros. Esta reducción, la más profunda de la democracia, ha supuesto que de cada 100 funcionarios que causen baja, solo se podrá contratar a 10.

Las excepciones a esta regla han sido las Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Administración de justicia, igual que en la supresión de vacantes.

Tras la reducción de la Oferta de Empleo Público, en mayo, el Consejo de Ministros acometió una reducción de 32 altos cargos del Ejecutivo y de 29 empresas públicas, que supuso un ahorro para el erario público de 16 millones de euros. La reducción de altos cargos implicó una poda del 10% -32 de 343- y afectó a una secretaría general; a 18 direcciones generales y a 14 organismos autónomos.

Más importante fue la reducción de empresas públicas. Sobre 106 empresas públicas, se han eliminado 14 y se han fusionado 24, que pasan a quedarse en nueve, lo que supone en total 29 empresas menos y una reducción del 27% en las sociedades con participación mayoritaria del Estado.

En julio, previsiblemente el próximo Consejo de Ministros, se abordará la reducción del departamento de Exteriores, así como de los secretarios de Estado y algunas subdirecciones generales, que quedaron exentas hasta que finalizara la presidencia española de la Unión Europea, el pasado 30 de junio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, pretende aprovechar la poda para reorganizar su departamento con una reducción de las cuatro secretarías de Estado y alguna secretaría general.