El Gobierno acepta la exigencia del PP para tramitar la reforma como ley

El Gobierno ha vuelto a sorprender al aceptar la exigencia del PP de que la reforma laboral se tramite como proyecto de ley en el Congreso. Si el domingo José Blanco negaba cualquier posibilidad de prórroga y defendía la urgencia del debate para aprobar el decreto-ley, ayer el Ejecutivo aceptaba, aunque fuera indirectamente, alargar el debate parlamentario. Este procedimiento puede modificar los contenidos de la reforma de forma sustancial. El decreto de la reforma laboral que aprobará mañana el Consejo de Ministros se transformará, una vez convalidado por el Congreso, en proyecto de ley. En la tramitación habitual, el texto gubernamental puede ser enmendado por todos los grupos, uno de los objetivos del Gobierno, que quiere obligar a todos los partidos a tomar posición.

Incidente de la dirección del PSOE con Duran en el primer contacto

La conversión del decreto en proyecto de ley implica en cualquier caso que la reforma no estará aprobada definitivamente antes de noviembre, aunque los plazos se pueden acortar si se somete al procedimiento de urgencia. En todo caso, el Gobierno sí puede anunciar ya a la Unión Europea que ha aprobado una reforma laboral, ya que el decreto puede entrar en vigor de inmediato. Eso sí, la reforma definitiva no estará lista hasta el otoño.

Los primeros sorprendidos por este cambio de criterio fueron la mayoría de los miembros de la ejecutiva federal socialista, que se enteraron ayer de boca del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Con este cambio, todos los grupos políticos deberán opinar a través de sus enmiendas, enseñar sus cartas y no sólo oponerse. Esta última circunstancia fue también mencionada por el presidente ante la ejecutiva socialista; además, mencionó que así hay mayor seguridad jurídica, pues es necesario modificar varias leyes sustanciales, entre ellas el Estatuto de los Trabajadores. Zapatero quiere evitar así los problemas legales que anularon el decreto laboral del Ejecutivo de José María Aznar en 2002 a raíz de un recurso del PSOE ante el Tribunal Constitucional.

Pero estos argumentos no los mencionó el Gobierno hasta ayer. La secretaria de Organización, Leire Pajín, presentó el cambio de decreto a proyecto de ley "si los grupos así lo pedían", para que pueda haber diálogo. En principio sólo lo habían demandado el PP y ERC. Los demás habían pedido "más tiempo", para las conversaciones, tras casi dos años de tratos con los sindicatos y los empresarios. Resulta difícil pensar que algún grupo puede oponerse a que una reforma se tramite como proyecto de ley, algo qu implica negociación.

Pero también en el PSOE señalan que con esta decisión "el PP tiene que pronunciarse sobre el texto del gobierno y si no le gusta, decir a los españoles qué propone", señalan miembros de la dirección socialista.

Pero de momento el gobierno necesita apoyos para convalidar el decreto que aprueba mañana en Consejo de Ministros. Si no hay nuevos cambios, el texto se convalidará en el pleno del Congreso del próximo 22 de junio para esa convalidación. Si sale adelante, en ese momento se propondrá otra votación para que los grupos se decanten sobre si quieren que el decreto se tramite como proyecto de ley.

El PP, el PNV, y ERC se reunirán hoy con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y anoche hubo reuniones con Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU. La primera cita de ayer con Duran fue cancelada inicialmente por un desafortunado incidente. Duran se enteró, por una filtración, de que desde la dirección del PSOE y del PSC se le acusaba de estar ya "entregado" en la defensa de los intereses de la patronal. Se enfadó mucho: "Si creen que es así no tiene ningún sentido que me llamen para negociar". Y llamó a Corbacho para descartar nuevos contactos. El propio ministro y dirigentes socialistas tan relevantes como Leire Pajín y José Antonio Alonso se tuvieron que emplear a fondo para zanjar el problema.