Los sindicatos han retirado ya a José Luis Rodríguez Zapatero el voto de confianza del que ha gozado desde que llegó al poder. Tras seis años de paz social, CC OO y UGT convocarán hoy oficialmente la primera huelga general contra su mandato por una reforma laboral que consideran lesiva para los trabajadores. La fecha elegida será con toda probabilidad el 29 de septiembre, según los testimonios de casi una decena de dirigentes sindicales consultados. Los secretarios generales de las dos organizaciones (Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras) anunciarán esta tarde la fecha y el alcance del paro. «Habrá convocatoria de huelga general», se adelantó ayer Fernando Lezcano, responsable de Comunicación de CC OO. Con esas palabras ponía fin a varias semanas de amagos -y de fuerte debate sindical- sobre la oportunidad de convocar en estos momentos una huelga general contra los cambios de calado que plantea el Ejecutivo para revitalizar el mercado de trabajo. Una de las discusiones más intensas se ha centrado en la fecha. Al principio, las organizaciones abogaban por convocar el paro en junio, para que la reforma laboral no cayera en el olvido de la opinión pública. Pero la escasa incidencia de la huelga de funcionarios del pasado día 8 y la certeza de que después del verano habrá más motivos para la protesta han inclinado la balanza a favor de septiembre. La idea del 29 proviene de que ese día habrá una movilización sindical europea contra los planes de recortes que se están aplicando en todo el continente. A finales de septiembre, además, el Gobierno tiene la obligación de enviar al Congreso los Presupuestos de 2011. Con unas cuentas del Estado que se plantean como las más restrictivas de la democracia, los sindicatos confían en canalizar los distintos focos de descontento hacia la huelga general. También para esa fecha se habrá avanzado en la reforma de las pensiones, que el Gobierno se ha propuesto acelerar este verano. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, espera una respuesta del Pacto de Toledo -órgano parlamentario en el que se discuten los cambios del sistema de pensiones- en torno al verano. Previsiblemente, en cuanto la reciba diseñará una reforma que eleve de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, una afrenta más para las organizaciones sindicales. La intención del Ejecutivo de tramitar la reforma laboral como proyecto de ley, en lugar de como decreto, también abona la tesis de que es mejor esperar a septiembre. Porque el recorrido parlamentario, más dilatado con este nuevo procedimiento, impedirá conocer con todo detalle la reforma laboral hasta que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones. Con el texto que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, entregó a los agentes sociales el pasado viernes, las organizaciones ya esgrimen motivos para la huelga. El número dos de UGT, Toni Ferrer, percibe elementos inconstitucionales y teme que la reforma debilite la negociación colectiva. «El texto está claramente inclinado a los intereses empresariales», concluye.
