En la encrucijada

Esta es la hora en la que la oposición deberá estar a la altura del Gobierno al aprobar el decreto de recorte del gasto público. El plan de rescate europeo para evitar que se produzcan situaciones como la de Grecia se ha establecido sobre la base de una disciplina fiscal que deja escaso margen de maniobra para países como España. Y, a efectos del resto de los socios europeos, que el viernes volvieron a endurecer las condiciones, son indiferentes los términos en los que se desarrolle el debate político interno sobre los planes de austeridad: lo que importa es el resultado, y las consecuencias de que se aprueben o no se desencadenarán con independencia de las razones con las que cada grupo parlamentario justifique su posición.

Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros no han conjurado los riesgos; sencillamente, han colocado al país en mejores condiciones para hacer frente a los más inmediatos, la financiación de la deuda y la obtención de nuevos créditos. A estas alturas carece de sentido seguir haciendo reproches de despilfarro al Gobierno, según acostumbra el Partido Popular para eludir las responsabilidades que le exige este momento, o continuar lanzando anatemas contra los mercados, como hacen los socios más a la izquierda del Ejecutivo. En las próximas semanas, las cuentas públicas estarán en la encrucijada y España se jugará la posibilidad de salir de la crisis con las economías más fuertes o de precipitarse en una década perdida.

Este sería el peor momento para sumar incertidumbre política a la económica. Rodríguez Zapatero ha dado sobradas muestras de frivolidad en la gestión de la crisis, pero un adelanto electoral que arrojase dudas sobre el rumbo que seguirá la política económica equivaldría a un suicidio colectivo. La paradoja a la que se enfrenta la situación española es que solo desde un amplio y sólido acuerdo sobre el programa económico sería juicioso convocar elecciones, no para marcar un rumbo distinto sino para dotar de credibilidad al Ejecutivo. Y la fórmula del Gobierno de unidad, por su parte, debería descartarse porque, de formarse y fracasar, dejaría al sistema sin recambio político y alentaría un peligroso proceso de desplazamiento hacia los extremos.

La reabsorción del insoportable desempleo que padece la economía española no podrá llevarse a cabo sin una reforma del mercado laboral, entre otras medidas. En ningún caso se debería trivializar que se trata de una línea roja para los sindicatos. Pero otras líneas rojas han debido traspasarse, y este es el esfuerzo que cabe reclamar hoy a las centrales y sus dirigentes: defender los legítimos derechos que representan sin perder de vista lo que se juega el conjunto del país. Una huelga general que fuera un éxito para los convocantes y un revés para los planes del Gobierno podría resultar fatal para la posición internacional de España. Y un fracaso, también, porque limitaría la capacidad de interlocución de los sindicatos cuando más necesaria resulta para todos.

Facilitar las fusiones de cajas de ahorros es, junto al recorte del gasto y la reforma del mercado laboral, el tercer gran acuerdo que se necesita para que España no dilapide en querellas internas sus posibilidades de recuperación. La intervención de Cajasur por parte del Banco de España ha sido un aviso que los partidos y Gobiernos autónomos no deberían desatender. Si es cierto que los pactos que contribuyeron a salvar los momentos difíciles del pasado solo se alcanzaron bajo una extrema presión, esta es de nuevo una coyuntura en la que, sean cuales sean las culpas del pasado, nadie puede faltar a su responsabilidad sin poner en peligro la prosperidad de todos.